El Senado de Uruguay dio luz verde al proyecto de ley que regula la eutanasia, denominado “muerte digna”, con 20 votos a favor de un total de 31. La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo y de sectores de la oposición, luego de un debate que se prolongó por casi medio día.
Con esta aprobación, que replica el mismo texto sancionado en Diputados hace dos meses, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en establecer la eutanasia mediante ley. Aunque Colombia y Ecuador permiten el procedimiento desde hace años, su regulación surgió por fallos de las cortes constitucionales, no por un marco legal específico.
Uruguay también se posicionó como el tercer país de la región y el undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa, un procedimiento en el que un médico provoca la muerte de un paciente en situaciones de gravedad extrema, según resalta un artículo publicado por el diario argentino La Nación.
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Quiénes pueden acceder al derecho a la eutanasia
De acuerdo con el artículo 2 de la ley, cualquier persona mayor de edad y con capacidad psíquica que se encuentre en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que sufra consecuencias derivadas de esta que le resulten insoportables, tiene derecho a solicitar la eutanasia.
Acceso de extranjeros
La ley contempla que tanto los ciudadanos uruguayos, ya sean naturales o legalmente reconocidos, como los extranjeros que puedan demostrar residencia en el país, estén habilitados para acogerse a este procedimiento.
Inicio del proceso de solicitud
Quien desee recibir asistencia para morir debe presentar personalmente la solicitud por escrito a un médico. La petición debe ser firmada ante el profesional, quien registrará en la historia clínica que el paciente atraviesa una etapa terminal de una patología incurable e irreversible.
Además, el médico tiene la obligación de dialogar con la persona, informándole sobre los tratamientos y cuidados paliativos disponibles, y de asegurarse de que la decisión de solicitar la eutanasia sea libre, seria y firme.
Si la solicitud de eutanasia es rechazada por un médico, el paciente tiene derecho a dirigirse a otro profesional con una nueva petición, cuya respuesta podrá tardar hasta tres días. En caso de un segundo rechazo, se convocará a una junta médica que debe emitir su dictamen en un máximo de cinco días. Esta junta estará compuesta por un psiquiatra, un especialista en la enfermedad del paciente y un tercer médico, cuyo nombramiento será definido en la reglamentación de la ley.
