Bloomberg Línea — Tras más de 14 horas de debate, la Cámara de Diputados uruguaya aprobó la madrugada del miércoles el proyecto de ley “Muerte Digna. Regulación”, que busca establecer y garantizar el derecho de las personas a morir dignamente bajo circunstancias específicas, con un sistema de garantías.
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La propuesta, presentada por el oficialista Frente Amplio y apoyada por legisladores del Partido Colorado y el Partido Independiente, obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra.
Uruguay, ya conocido por políticas progresistas como la legalización del matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo, tiene un amplio apoyo público a la eutanasia, incluso del presidente Yamandu Orsi, quien dijo a medios nacionales estar de acuerdo “en la medida que se extremen los cuidados”.
El tema ganó atención nacional en 2019 cuando el exjefe de la asociación de fútbol Fernando Sureda, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), hizo campaña públicamente por el derecho a morir.
La iniciativa ahora deberá ser tratada en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, integrada por nueve legisladores. En caso de que aprobarse en esa instancia, pasará a la Cámara Alta para su votación y posteriormente, será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La muerte asistida solo está regulada formalmente en Colombia y Canadá. En Estados Unidos, su práctica es legal en algunos estados y en el Distrito de Columbia. Países como Ecuador o Perú, por su parte, han registrado casos excepcionales autorizados mediante fallos judiciales.
El proyecto establece un procedimiento estricto, con múltiples controles médicos y legales.
Para acceder al derecho, la persona debe ser mayor de edad, estar psíquicamente apta y atravesar una enfermedad incurable e irreversible o padecer sufrimientos intolerables que signifiquen un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida.
La solicitud debe ser presentada de forma personal y voluntaria ante un médico, quien evalúa su admisibilidad. Luego, otro médico independiente debe confirmar el diagnóstico y la voluntad del paciente.
En caso de discrepancias, una junta médica resuelve. Si el proceso avanza, el paciente debe ratificar su decisión por escrito y en presencia de testigos.
El procedimiento es revocable en cualquier momento y contempla la objeción de conciencia por parte del personal médico. Las instituciones de salud están obligadas a garantizar el servicio, y el personal que participe queda exento de responsabilidad penal, civil o administrativa.
Además, la propuesta de ley plantea crear una Comisión de Revisión en el Ministerio de Salud Pública para revisar los procedimientos realizados para verificar el cumplimiento de la ley. También se establece que la muerte por eutanasia será considera legalmente como una muerte natural.
