La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó un fuerte rechazo al “continuo uso de prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela”, destacando que estas buscan “sembrar miedo y ejercer control sobre la población”. En un comunicado emitido este jueves, instó al régimen de Nicolás Maduro a “cesar de inmediato la persecución contra opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas”, además de exigir la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos.
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Denuncias de detenciones y desapariciones forzadas
Según destaca CIDH, desde el 7 de enero de 2025, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han denunciado al menos 18 casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Entre las personas afectadas se encuentran figuras como Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, y el periodista Edinson Castro, así como varios activistas y dirigentes políticos de partidos opositores como Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo.
Estas acciones “represivas” ocurrieron en el contexto de manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición contra la toma de posesión de Nicolás Maduro, considerada ilegítima por sectores internacionales y locales. Según la CIDH, estas detenciones se llevaron a cabo por individuos encapuchados y sin identificación, que operaban en vehículos sin placas. Las autoridades venezolanas han negado información sobre el paradero de los detenidos, a pesar de los esfuerzos de sus familiares, lo que constituye una violación de las obligaciones internacionales de Venezuela.
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Retención de María Corina Machado
Según señala CIDH, la dirigente política María Corina Machado también fue retenida el 9 de enero en el marco de estas manifestaciones. El organismo recordó que Machado es beneficiaria de medidas cautelares que buscan garantizar su seguridad y su derecho a ejercer actividades políticas sin amenazas ni hostigamientos.
Un patrón represivo recurrente
La CIDH calificó estos hechos como parte de un patrón represivo reiterado en Venezuela, que ya había sido señalado en su informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. Estas prácticas, que incluyen detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, buscan desmovilizar a la oposición y reprimir las manifestaciones.
“La Comisión urge a las autoridades a informar sobre el paradero de las personas detenidas arbitrariamente, garantizar su vida e integridad personal, y liberarlas inmediatamente”, enfatizó el organismo.
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Llamado a la comunidad internacional
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión instaron a la comunidad internacional a priorizar un enfoque de derechos humanos en los diálogos sobre la crisis venezolana y a activar canales diplomáticos para lograr la liberación de los detenidos políticos. Además, demandaron que se garantice el desarrollo pacífico de las manifestaciones, sin represión ni restricciones a la documentación de los eventos por parte de medios y ciudadanos.
Contexto y mandato de la CIDH
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de promover y defender los derechos humanos en la región. Con sede en Washington, está integrada por siete miembros independientes y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión desempeña un papel clave en la defensa de este derecho fundamental, considerado esencial para la consolidación de sistemas democráticos en las Américas.
La denuncia de la CIDH refuerza las alertas sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, mientras crece la presión internacional para buscar una solución a la crisis política y social del país.
