Bloomberg Línea — Un informe publicado este martes por Human Rights Watch y Cristosal reveló que los venezolanos que el Gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador en marzo y abril fueron torturados y sometidos a otros abusos, incluidos casos de violencia sexual.
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Los casos de tortura y malos tratos a los migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) “no fueron incidentes aislados cometidos por solo algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino violaciones sistemáticas de derechos humanos”.
El informe de 90 páginas, titulado “‘Llegaron al infierno’: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador” explica cómo decenas de solicitantes de asilo fueron objeto de devolución al ser enviados a un lugar donde corrían peligro de sufrir tortura o persecución, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual.
El reporte se desprende de entrevistas que los investigadores realizaron entre marzo y septiembre de 2025 a 40 de los 252 venezolanos que estuvieron detenidos en el Cecot y a otras 150 personas, incluidos sus familiares, abogados y allegados.
Según información presentada en casos judiciales, el gobierno estadounidense proporcionó recientemente al menos US$4,7 millones a El Salvador, entre otros fines, para cubrir los gastos de detención de estos hombres que, finalmente, fueron repatriados a Venezuela a mediados de julio, a cambio de 10 ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos que habían sido detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, en muchos casos de manera arbitraria.
“La administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW
Denuncias
Los investigadores explicaron que revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con la situación migratoria de estas personas en EE.UU. y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre sus deportaciones.
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Además, corroboraron las denuncias de los detenidos mediante análisis forenses proporcionados por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y una investigación de fuentes abiertas hecha por el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.
Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador acusaron a la mayoría de estas personas de ser “terroristas”, parte del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado venezolano que EE.UU. ha designado como organización terrorista extranjera.
Sin embargo, según la investigación, aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al Cecot no tenía condenas penales y solo el 3% había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Otras verificaciones de antecedentes penales revelaron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela ni en otros países latinoamericanos en los que habían vivido.
Familiares y abogados afirmaron que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite y a pesar de haber superado la evaluación de “miedo creíble” inicial, que les daba derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo ante un juez de migración.
Según el reporte, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador se negaron repetidamente a revelar información sobre el paradero de los venezolanos, lo que constituyó una desaparición forzada según el derecho internacional.
Cristosal, que en julio anunció la suspensión de sus operaciones en El Salvador, ante la escalada de criminalización de defensores y la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros, ayudó a los familiares a presentar 76 peticiones de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre estos casos.
Testimonios
El informe revela que los guardias y la policía antimotines sometieron periódicamente a los venezolanos a golpizas, en particular, durante requisas diarias de las celdas, o por supuestas infracciones de las normas de la prisión, como hablar en voz alta o ducharse fuera del horario establecido.
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“Nos sacaban de la celda a todos, nos colocaban en posición de requisa, arrodillados, esposados de manos a la espalda y con brazos en la cabeza, y nos golpeaban con los bastones, patadas y puños … y luego nos dejaban arrodillados por 30 o 40 minutos”, dijo uno de ellos.
Varios exdetenidos dijeron que los agentes los golpearon después de que los entrevistaran miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja durante su visita al Cecot en mayo. Uno de ellos dijo que los guardias “me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre”. Tres detenidos en el CECOT dijeron que fueron víctimas de violencia sexual.
Los venezolanos también fueron sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo comida escasa e inadecuada, malas condiciones de higiene y saneamiento, acceso limitado a atención médica y medicamentos, y falta de actividades recreativas.
