Bloomberg Línea — Un juez federal impidió este viernes que el Gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones legales temporales que han permitido a más de un millón de personas de Haití y Venezuela permanecer temporalmente en los EE.UU. y solicitar permisos de trabajo renovables.
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El fallo de 69 páginas del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600.000 venezolanos cuyos estatus de protección temporal (TPS) expiraron en abril o estaban a punto de expirar el 10 de septiembre, puedan permanecer y trabajar en Estados Unidos. También mantiene protecciones para unos 500.000 haitianos.
La decisión restablece la extensión del 17 de enero de 2025 de la designación de TPS de Venezuela, que extendió el programa y la autorización de trabajo para todos los titulares de tepesianos venezolanos, ya sea que se registraron por primera vez para TPS en 2021 o 2023.
Para beneficiarse de la extensión, los titulares de TPS venezolanos que aún no se hayan reinscrito deben hacerlo antes del 10 de septiembre de 2025.
Chen, designado por Barack Obama, calificó las acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como ilegales y sin precedentes, al considerar que la funcionaria se excedió en su autoridad por revocar las protecciones para los inmigrantes de ambas nacionalidades, y su decisión los habría devuelto a “condiciones que son tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar”.
El TPS es una designación que puede otorgar el secretario de Seguridad Nacional a las personas en los Estados Unidos, si las condiciones en sus países de origen se consideran inseguras para regresar debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas.
Ciudadanos venezolanos recibieron TPS bajo la administración del expresidente Joe Biden. Por su parte, Haití fue designado por primera vez en 2010 después del catastrófico terremoto de magnitud 7,0 que cobró la vida de cientos de miles de personas y dejó a más de un millón sin hogar.
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“Hoy, el tribunal de primera instancia reconoció lo que ha quedado claro desde el primer día: la administración Trump actuó ilegalmente al despojar a cientos de miles de venezolanos y haitianos del estatus de protección humanitaria”, dijo Emi MacLean, abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California, en un comunicado de prensa. “En los últimos meses, las personas han sufrido daños indescriptibles, incluida la deportación y la separación familiar, debido a que la Corte Suprema dio luz verde a la agenda discriminatoria y dañina de la secretaria Noem. Eso debe terminar ahora”.
En su fallo, Chen dijo que esperaba que la administración Trump apelara. Pero las organizaciones defensoras esperan que los venezolanos a los que se les otorgó protección en 2021 y 2023 puedan renovar su estatus a medida que el caso avanza en los tribunales.
En una demanda separada, la Alianza Nacional de TPS también está impugnando la revocación de las protecciones para los inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua por parte de la administración Trump.
