Gobiernos de Argentina y Uruguay condenan la situación política en Venezuela

Bloomberg Línea — El gobierno de Argentina condenó “firmemente” la detención por parte de las autoridades venezolanas de los dirigentes de Vente Venezuela Henry Alviarez y Dignora Hernández, además de la emisión de órdenes de detención contra otros líderes del mismo movimiento político.

En un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno expresó su “absoluto repudio” a una decisión que calificó como “arbitraria” y exigió la pronta liberación de los dirigentes detenidos, así como el cese de las detenciones arbitrarias de representantes de la oposición.

La misiva también señala que las medidas tomadas por el gobierno “constituyen acciones contrarias al espíritu democrático y atentan contra el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y su legitimación ciudadana”.

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Al llamado se sumó el gobierno de Uruguay que, en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó las “acciones arbitrarias” y manifestó preocupación y solidaridad respecto a los acontecimientos.

Además, dijo que esto confirma el deterioro progresivo de la situación política en Venezuela. “Nuestro país se une al llamado de la comunidad democrática internacional para la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos”, concluyó.

Sobre el hecho también se pronunció la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que pidió al gobierno venezolano poner fin al hostigamiento contra los opositores políticos.

La organización lamentó el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, de suspender las actividades de la oficina y su petición de que el personal abandone el país en las siguientes 72 horas.

Sin embargo, estas no son las únicas detenciones o amenazas de detención a miembros de la Comisión Nacional de Primarias o a militantes del partido político Vente Venezuela. También ha habido casos de inhabilitación a dirigentes políticos para ejercer cargos públicos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado.

El gobierno argentino citó las conclusiones de la última actualización de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que advierte sobre una reactivación sistemática de los patrones de violación de los derechos humanos en ese país.

En su momento, la Misión expresó su profunda preocupación por la situación de Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos, presidenta de la organización Control Ciudadano, detenida a mediados de febrero e instó al Gobierno a poner fin a la ola de represión contra los opositores, argumentando que esta se estaba intensificando en todo el país.

San Miguel fue detenida luego de que la Fiscalía General la acusara de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones.