Bloomberg Línea — La persecución por motivos políticos en Venezuela se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que supuestamente venció Nicolás Maduro, según un informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
El reporte, presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos, evidenció que en 12 de 25 muertes documentadas en las protestas del 29 y 30 de julio de 2024, tras el presunto fraude electoral en Venezuela, estuvieron involucrados cuerpos de seguridad.
“En las protestas de la ciudad de Maracay, Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la 99 Brigada del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes y seis personas murieron”, denunció la comisión de la ONU. “Una de ellas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia”.
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La muerte de los seis civiles fue asociada a la GNB y el Ejército con base en los testimonios de víctimas y testigos de los hechos, pero también gracias a una “pericia forense independiente e información de fuentes abiertas”, precisa el documento.
La Misión de Determinación además aseguró haber encontrado “motivos razonables” para creer que el Estado no brindó atención de salud “oportuna” y “adecuada” a los detenidos en el contexto de las manifestaciones contra Maduro. Lo hizo tras investigar la muerte bajo custodia estatal de cinco ciudadanos que participaron en las jornadas de protesta entre 2024 y 2025.
“Estas personas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU
El reporte también estableció que si bien las autoridades venezolanas excarcelaron progresivamente a 2.006 personas de las 2.220 detenidas en las protestas postelectorales de 2024, no por ello dejaron de reprimir y detener selectivamente a opositores políticos, con al menos 200 casos registrados desde entonces.
Después de la supuesta reelección de Maduro, que nunca publicó las actas de escrutinio para certificar su triunfo, al menos 220 niños y niñas venezolanas, entre los 13 y 17 años, fueron detenidos, de acuerdo con la Misión de Determinación de los Hechos.
Los menores fueron “sometidos a incomunicación, tratos crueles, actos de violencia sexual y violaciones al debido proceso”, establece el informe.
“Las evidencias alcanzadas por la Misión durante este ciclo investigativo confirman que el crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar las graves violaciones de derechos humanos que configuran este crimen internacional”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.
¿Qué dice el oficialismo y la oposición?
Una vez el informe de Comisión de Determinación de los Hechos fue presentado, el embajador de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Alexander Yánez, aseguró que los comisionados trabajan “por el cambio de régimen político en Venezuela” y calificó como “dudosas” las fuentes que citaron.
“Cita fuentes dudosas, utiliza testimonios inventados o no verificados, emplea estadística sin rigor metodológico, tiene probada motivación política y no ha pisado ni jamás pisará territorio venezolano”, dijo Yáñez respecto a la misión.
Edmundo González Urrutia, que aseguró haber sido el vencedor de las elecciones presidenciales de 2024 y hoy permanece en España como asilado político, escribió en X que los hallazgos del informe “confirman la existencia de una política de Estado que ha derivado en crímenes de lesa humanidad”.
“Frente a la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada o la muerte, no puede haber transigencia ni justificación alguna”, agregó González Urrutia. “Lo presentado por la Misión Determinación de los Hechos no admite interpretación ni matices, son hechos documentados que interpelan a todos”.
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