Bloomberg Línea — En Venezuela, las recientes detenciones de economistas y académicos han encendido alertas sobre un posible recrudecimiento del hostigamiento contra voces especializadas en el análisis económico.
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Entre los afectados por estas medidas figuran el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, y los economistas Gerardo Cacique y Daniel Cadenas, reconocidos por su trayectoria académica y vinculados a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Las detenciones, ocurridas a mediados de junio, se produjeron sin explicaciones oficiales, en un contexto de creciente opacidad informativa sobre la situación económica del país.
La Faces expresó su firme respaldo a los profesionales detenidos, subrayando que el pensamiento crítico y el análisis basado en evidencia constituyen pilares fundamentales de su formación académica.
En un comunicado aprobado el 17 de junio, el Consejo de Facultad rechazó las aprehensiones de economistas por el ejercicio de su profesión “sin ningún debido proceso ni justificación alguna”.
“El libre ejercicio de nuestras disciplinas es un pilar esencial para la construcción de una sociedad más justa, transparente y equitativa”, enfatizó la institución, que también exhortó a los distintos sectores del país a garantizar entornos donde el conocimiento pueda desarrollarse sin temor a represalias.
Acceso a la información
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) alertó que estas capturas afectan directamente el derecho colectivo de los ciudadanos a acceder a información veraz, oportuna y útil sobre la situación económica del país, “en contextos de opacidad institucional y ausencia de estadísticas oficiales confiables”.
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Según la institución, el trabajo de estos profesionales se vuelve aún más crucial para que la sociedad comprenda las dinámicas que impactan su vida cotidiana, incluyendo inflación, salarios, pobreza, políticas fiscales o acceso a servicios públicos.
“Los datos y análisis procedentes de fuentes académicas constituyen una alternativa necesaria para que la ciudadanía pueda participar en el escrutinio de la gestión pública y tomar decisiones en medio de una dinámica económica vertiginosamente cambiante”, dijo IPYS.
A este escenario se suma el silencio digital del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), cuya página web y redes sociales permanecen inactivas desde que la entidad denunció en un comunicado el 13 de junio que “medir precios no es un delito, es una necesidad”.
La entidad elabora una serie de informes mensuales, incluyendo el índice nacional de precios al consumidor (INPC), un indicador del que se obtiene la tasa de inflación, y es empleado por todos los institutos de estadística, bancos centrales y firmas consultoras en el mundo. “Por tanto, no constituye un delito elaborar y difundir cifras de precios ni mucho menos sus análisis”, dijo el OVF.
El pronunciamiento se emitió tres días después de que el Observatorio denunciara en X su “más enérgico rechazo a la persecución, el hostigamiento y la criminalización de personas dedicadas al levantamiento, análisis y difusión de información estadística relevante para comprender la economía venezolana”.
