Bloomberg Línea — El salario mínimo en Venezuela no ha sido ajustado desde marzo de 2022, cuando se fijó en 130 bolívares, lo que en ese momento equivalía a aproximadamente US$30,00.
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Sin embargo, en la actualidad, esa misma cantidad equivale a solo US$1,92, al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
El Gobierno de Nicolás Maduro se ha limitado a incrementar gradualmente los beneficios complementarios, como bonos y asignaciones, sin incluirlos en el sueldo base.
Sectores de la oposición señalan que esta estrategia ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública, dejando el salario mínimo formal rezagado frente a la inflación y la devaluación de la moneda.
La discusión sobre un posible aumento del salario mínimo en Venezuela ha vuelto a cobrar fuerza.
El miércoles, miles de personas 18 estados salieron a protestar por salarios justos y pensiones dignas. Gremios universitarios también se movilizaron en Caracas por el presupuesto universitario.
Las marchas se dan mientras representantes del Gobierno, el sector empresarial y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) retomaron el debate en una reunión el 18 de marzo en el Ministerio del Trabajo.
A medios nacionales, José Elías Torres, presidente de la CTV, dijo que se mantiene la propuesta inicial de fijar el salario en US$200 mensuales, respaldada por análisis económicos y legales. Según el dirigente sindical, el Ejecutivo Nacional revisaría la propuesta este jueves 20 de marzo.
Exigen un aumento del salario mínimo
La Red Sindical Venezolana exigió en un pronunciamiento el aumento del salario mínimo.
La organización también condenó “enérgicamente” que no se ha producido un aumento salarial para los trabajadores en tres años, “afectando gravemente los beneficios sociales y económicos”, y dejándolos desprotegidos.
La Red citó el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual todo trabajador tiene derecho a un ingreso “suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
No obstante, la “decisión política de no ajustar los salarios ha vulnerado este derecho fundamental, dejando a los trabajadores en una situación de precariedad extrema”.
Por otra parte, advirtió que la “política implementada por el sector privado y público de bonificación del salario”, con pagos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, afecta directamente las prestaciones sociales, feriados, bonos vacacionales, compensaciones y aguinaldos, entre otros. El Estado, además del salario, paga a empleados públicos bonos gubernamentales de hasta US$130,00 que no tienen incidencia laboral.
