Bloomberg — Un juez federal de Colorado bloqueó temporalmente la posibilidad de que la administración Trump expulsara del estado a presuntos miembros de bandas venezolanas en virtud de una ley de emergencia en tiempos de guerra, sumándose así a una serie de sentencias que obstaculizan la iniciativa de deportación del Gobierno.
La orden de restricción temporal emitida el martes también exige que EE.UU. notifique con 21 días de antelación a cualquier persona actualmente detenida en Colorado que el gobierno pretenda expulsar en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. La orden permanecerá en vigor hasta el 6 de mayo, aunque se espera que los demandantes en el caso soliciten una medida cautelar más duradera. La administración Trump dijo que apelaría el fallo ante el Tribunal Supremo, si fuera necesario.
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Es el último acontecimiento en una lucha legal que se desarrolla en EE.UU. mientras el presidente Donald Trump intenta deportar unilateralmente a miembros acusados de la banda Tren de Aragua, con sede en Venezuela, a una notoria megaprisión de El Salvador.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en un caso relacionado a principios de este mes que los pandilleros acusados deben tener la oportunidad de disputar las demandas en su contra antes de ser expulsados, y el sábado bloqueó temporalmente las deportaciones desde Texas.
La jueza Charlotte Sweeney dijo en su fallo que los demandantes y otras personas en circunstancias similares se enfrentarán a un “daño irreparable” si son expulsados sin el debido proceso. Ella también disputó algunos elementos de la proclamación de Trump de marzo que provocó las deportaciones, que argumenta que la actividad de la pandilla en los EE.UU. equivale a una “invasión” o “incursión depredadora” en virtud de la AEA.
“Estas palabras, fundamentalmente, exigen una acción militar y bélica”, dijo Sweeney, designado por Biden. “La proclamación no hace ninguna constatación que satisfaga estas exigencias de definición. Por lo tanto, en la medida en que la proclamación se basa en las disposiciones de ‘invasión’ e ‘incursión’ de la Ley para justificar sus poderes de expulsión, lo hace indebidamente.”
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la administración Trump “luchará contra esto hasta el Tribunal Supremo, si es necesario”. Dijo que el más alto tribunal de la nación “ya ha dicho que nuestro Comandante en Jefe, Donald J. Trump, tiene el poder de detener la invasión de nuestro país por terroristas usando poderes en tiempo de guerra. Un juez activista solitario y no elegido no puede detener la voluntad del pueblo estadounidense de una patria segura y protegida.”
La jueza dijo que la notificación requerida bajo su orden debe incluir información detallada sobre cómo los pandilleros acusados pueden impugnar su expulsión y debe ser suministrada en un idioma que los detenidos puedan entender. Los abogados de los demandantes dijeron que a los detenidos sólo se les estaban dando instrucciones en inglés.
La decisión sigue a órdenes similares emitidas por jueces de otros estados que determinaron que los demandantes deben tener la oportunidad de impugnar las afirmaciones de que son miembros de bandas. Muchos de los más de 200 hombres que ya han sido expulsados en virtud de la ley niegan pertenecer a bandas.
Se han presentado múltiples demandas impugnando las deportaciones y un juez federal de Washington está sopesando una acusación de desacato contra funcionarios de la administración después de que los dos primeros aviones cargados de deportados aterrizaran en El Salvador a pesar de su orden de detener las expulsiones. Por otra parte, Estados Unidos deportó erróneamente a un salvadoreño a esa prisión a pesar de que una orden de un tribunal de inmigración bloqueaba su expulsión a su El Salvador natal.
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Los tribunales federales, incluido el Tribunal Supremo, han ordenado a la administración que facilite su regreso. Trump y otros funcionarios de la administración han argumentado que no tienen el poder para liberar a Kilmar Abrego García o devolverlo a Estados Unidos.
La administración Trump ha insistido en que todos los hombres venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, en San Salvador, son pandilleros y criminales confirmados que representan una amenaza para Estados Unidos. Cerca del 90% de los hombres enviados allí no tienen antecedentes penales, según un análisis de Bloomberg de los registros públicos.
Con la colaboración de Alicia A. Caldwell.
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