El crimen organizado y la violencia están agravando el ya frágil panorama económico de Latinoamérica y el Caribe, lo que llevará a la región a registrar el menor crecimiento mundial, con una proyección de expansión del PIB del 2,1% en 2025 y del 2,4% en 2026, según un informe del Banco Mundial.
La región enfrenta niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado, ya que mientras las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, las de homicidios son ocho veces superiores.
Y aunque la población de Latinoamérica representa aproximadamente el 9% del total del mundo, esta registra un tercio del total de los homicidios, de acuerdo con el reporte Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, publicado este lunes por el Banco Mundial.
En América Latina y el Caribe, el crimen organizado ejerce una gobernanza sobre los territorios, reemplaza funciones estatales, financia sus actividades mediante extorsión y debilita la democracia a través de la captura del Estado.
Con base en Google Trends, el informe señala que la frecuencia con que los países de la región aparecen entre aquellos con más consultas sobre “crimen organizado” ha aumentado de 3 entre los primeros 20 en 2005 a 13 entre los primeros 20 en 2024 y 2025.
“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
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El auge del crimen organizado en la región se derivaría de factores como la creciente demanda mundial de bienes ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de Covid-19, que de acuerdo con el análisis del Banco Mundial, permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil.
Entre otros desafíos, los países de la región tienen excesos o deficiencias de capacidad policial, así como fallos en su entrenamiento. En Latinoamérica y el Caribe, el tamaño de las fuerzas de policía oscila entre 173 por cada 100.000 habitantes en Honduras y 968 por cada 100.000 en San Vicente y las Granadinas.
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En la región, además, los niveles de encarcelamiento superan a los de la mayoría del mundo, con El Salvador con tasas excepcionalmente altas. No obstante, solo el 23% de los reclusos ha recibido sentencia en ese país.
Una de las conclusiones es que las altas tasas de encarcelamiento no siempre corresponden a menos crimen, ya que en la región estas cárceles también funcionan como “zonas seguras” para los líderes criminales y también como centros de reclutamiento y entrenamiento para nuevos miembros de bandas criminales.
“El dominio del crimen organizado ha aumentado no solo en países como Colombia, Brasil o México, donde el narcotráfico y los grupos criminales, de una u otra forma, han estado presentes durante décadas, sino también en nuevos países", indicó en el reporte.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que las pérdidas directas de capital humano y los gastos en seguridad en América Latina en 2022 representaron el 3,4% del PIB. En comparación, el Banco Mundial había reportado en 2010 un costo mayor del 7,7% del PIB solo para Centroamérica, considerando también los costos materiales y de salud.
Crimen organizado y violencia: ¿cómo afecta el desarrollo?
Según el Banco Mundial, la región se debate entre un crecimiento económico anual mediocre, baja productividad, altos niveles de desigualdad y un gran número de personas que luchan por salir de la pobreza.
Pero la región permanecerá atrapada en este pobre equilibrio hasta que encuentre la manera de contener las peores expresiones del crimen organizado, incluida la violencia que trae consigo.
El crimen organizado afecta el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe a través de varios canales:
- Reducción de inversión privada: la violencia y extorsión generan incertidumbre sobre los derechos de propiedad, reduciendo las inversiones y aumentando los costos de transacción.
- Desvío de recursos públicos: los gastos en seguridad y defensa consumen fondos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura. Al respecto, explica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó recientemente el costo fiscal asociado con los gastos en seguridad pública en 1,9% del PIB, en promedio, para siete países de la región entre 2018 y 2022, contando solo los gastos de los gobiernos nacionales.
- Destrucción de capital: la violencia afecta la productividad, salud y educación, además de dañar propiedades y el medioambiente.
- Debilitamiento institucional: el crimen socava las instituciones democráticas y reduce la calidad del gobierno en áreas afectadas.
- Aumento de desigualdades: las comunidades más vulnerables, como los barrios pobres o rurales, sufren más los efectos del crimen y la violencia.
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, dijo que “el crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada”.
“Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos”, apuntó.
En este marco, el Banco Mundial insta a consolidar una agenda diseñada para fortalecer la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo reformas policiales, la mejora de los sistemas penitenciarios y el fortalecimiento de los procesos judiciales. “Para lograr el crecimiento y el desarrollo en la región es clave contar con instituciones bien equipadas”, señaló.
Asimismo, indicó que las políticas económicas son fundamentales en el combate contra la delincuencia organizada, al impulsar el crecimiento, fomentar reformas que generen empleo y ofrecer a los jóvenes alternativas a través de una mejor educación y capacitación laboral.
Además, el informe subraya la importancia de desarrollar estudios de largo plazo que guíen la acción gubernamental, advirtiendo que la falta de investigaciones periódicas y comparables limita la eficacia de las políticas públicas.
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