Bloomberg — El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, permitirá que la administración Trump reanude por ahora una congelación parcial del financiamiento de la asistencia extranjera, una medida que, según los opositores, aumenta el riesgo de que al menos algunos de los miles de millones de dólares en juego expiren a fines de mes.
La orden temporal de la Corte Suprema implica que los funcionarios estadounidenses pueden evitar tomar medidas para gastar aproximadamente US$4.000 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump busca recuperar. Ese dinero expirará al cierre del año fiscal, el 30 de septiembre, si el Departamento de Estado y lo que queda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) no se comprometen a gastarlo, un proceso conocido como obligación.
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La última orden del Tribunal Supremo estará en vigor hasta que Roberts o el pleno del tribunal decidan si permiten a Trump mantener la congelación durante más tiempo mientras continúa la disputa subyacente sobre si el poder ejecutivo puede negarse a gastar dinero consignado por el Congreso. Roberts fijó un plazo para que las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas que demandaron presenten un escrito antes del 12 de septiembre.
La lucha legal sobre la medida de Trump de recortar unos US$30.000 millones en ayuda exterior se ha reducido recientemente para centrarse en más de US$10.000 millones que expiran este mes. El Departamento de Justicia dijo en sus presentaciones judiciales que la administración cumplirá el plazo para US$6.500 millones, pero argumenta que Trump debería ser libre de seguir sus políticas para bloquear la cantidad restante.
El Departamento de Justicia está desafiando el fallo de un juez federal de Washington de que la administración actuó ilegalmente cuando se negó a cumplir plenamente la legislación de gastos del Congreso para 2024.
Recientemente, Trump solicitó formalmente al Congreso que retirara o rescindiera más de US$4.000 millones en ayuda exterior, incluyendo gran parte del dinero en disputa en la corte. Esto se considera una prueba de una novedosa estrategia para agotar el plazo del año fiscal y recortar los fondos si los legisladores no atienden sus solicitudes antes de fin de mes, una táctica conocida como “rescisión de bolsillo”.
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En su solicitud al Tribunal Supremo, el Procurador General de EE.UU., D. John Sauer, argumentó que no se debe permitir que los tribunales inferiores interfieran en el proceso político y que el requerimiento obligaría a los funcionarios estadounidenses a precipitarse en las negociaciones y “socavaría los intereses de la política exterior de EE.UU.”. Los demandantes han replicado que la administración tiene libertad para insistir en sus solicitudes ante el Congreso y que cualquier apremio de tiempo es culpa del gobierno, ya que llevaban meses bajo órdenes judiciales de obligar el dinero.
El caso es Estado contra Defensa de la Vacuna contra el SIDA, 25A269, Tribunal Supremo de EE.UU.
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