Bloomberg — Un juez federal de Texas dictaminó que el presidente Donald Trump invocó indebidamente una ley de 227 años de antigüedad en tiempos de guerra para deportar a supuestos pandilleros venezolanos acusados a una prisión de El Salvador, estableciendo lo que podría convertirse en otra batalla de alto riesgo en la Corte Suprema de Estados Unidos.
La decisión del jueves marca el mayor revés hasta ahora para el esfuerzo de Trump de deportar unilateralmente a presuntos pandilleros bajo la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que invocó en una proclamación presidencial del 15 de marzo que desencadenó una ola de arrestos y litigios.
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El juez de distrito estadounidense Fernando Rodríguez Jr, designado por Trump, dictaminó que las acciones del presidente no eran legales porque Estados Unidos no está siendo invadido por una fuerza extranjera ni está experimentando una “incursión depredadora” como exige la ley, que permitiría la expulsión de esos extranjeros sin el debido proceso. La orden de Rodríguez prohíbe permanentemente tales expulsiones en su distrito del sur de Texas, la primera orden de este tipo.
“El registro histórico deja claro que la invocación de la AEA por parte del presidente a través de la proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado llano y ordinario de los términos del estatuto”, dijo Rodríguez en el fallo.
El fallo es el primero sobre el fondo del esfuerzo de Trump por invocar la AEA para enviar a ciudadanos venezolanos que la administración alega son miembros de la violenta pandilla Tren de Aragua a una notoria prisión en El Salvador. El juez no impidió que la administración deportara a individuos en virtud de otras leyes que se utilizan habitualmente en tales situaciones, a saber, la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que el fallo del juez “es sin duda chocante para los más de 77 millones de estadounidenses que dieron al presidente Trump un mandato decisivo el día de las elecciones para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y deportar a los extranjeros ilegales terroristas, y sin embargo, una y otra vez vemos que los tribunales federales tratan de impedir que el Presidente ejerza sus autoridades legales para proteger al pueblo estadounidense.”
El vicepresidente JD Vance, en una entrevista con Fox News, señaló que la administración impugnaría cualquier fallo que limitara la capacidad de Trump para deportar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.
“Estamos apelando agresivamente estas cosas”, dijo Vance. “Creemos que los tribunales superiores de apelación y, en particular, el Tribunal Supremo, van a reconocer que la aplicación de las leyes de inmigración es una función esencial del presidente de Estados Unidos. Si se le dice al presidente que no se le permite deportar a criminales ilegales, entonces se le está diciendo al presidente que no se le permite ser el presidente. Rechazamos eso”.
“No hay guerra”
Los inmigrantes venezolanos de todo EE.UU. que se enfrentan a una posible deportación llevan argumentando desde marzo que la proclamación de AEA de Trump era ilegal porque EE.UU. no está en guerra. Muchos también han negado ser miembros de pandillas, incluido un hombre de Maryland que fue deportado en virtud de la AEA a su El Salvador natal en violación de una orden judicial de inmigración anterior.
El abogado Lee Gelernt, abogado principal de la Unión Americana de Libertades Civiles, que lidera la lucha legal, dijo que el juez “dictaminó que el presidente no puede declarar unilateralmente una invasión de Estados Unidos e invocar una autoridad de tiempo de guerra en tiempos de paz”. El Congreso nunca quiso que esta ley de tiempos de guerra del siglo XVIII se utilizara de esta manera. Esta es una decisión de importancia crítica que evita que más personas sean enviadas a la tristemente célebre prisión CECOT".
Un representante del Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Rodríguez dijo que la proclama de Trump del 15 de marzo no describe la conducta que entra en el significado de la palabra “invasión” a efectos de invocar la AEA.
La orden de Trump “no hace referencia y de ninguna manera sugiere que exista una amenaza de que un grupo organizado y armado de individuos entre en Estados Unidos bajo la dirección de Venezuela para conquistar el país o asumir el control de una parte de la nación”, escribió el juez.
El juez también dijo que la proclama “se queda corta” a la hora de describir una incursión depredadora tal y como se entendía el concepto cuando se aprobó la ley hace más de dos siglos. Anteriormente, la AEA sólo se había utilizado durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
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“Aunque la proclama hace referencia a que los miembros de TdA han dañado vidas en Estados Unidos y se dedican al crimen, la proclama no sugiere que lo hayan hecho mediante un ataque armado organizado, o que Venezuela haya amenazado o intentado tal ataque a través de los miembros de TdA”, dijo el juez.
El Tribunal Supremo de EE.UU. ha intervenido en dos ocasiones en estas luchas legales, la última para pausar las deportaciones desde un centro de detención en el centro de Texas, pero no en la cuestión de fondo del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump. Anteriormente, una mayoría de jueces sostuvo que estos casos debían presentarse individualmente en las jurisdicciones judiciales donde se encuentran los detenidos, lo que estimuló una nueva ronda de demandas en todo el país.
El caso es J.A.V. contra Trump, 25-cv-072, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Texas (Brownsville).
Con ayuda de Zoe Tillman.
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