Bloomberg — La administración Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee una orden exigiendo al Gobierno traer de vuelta a un hombre de Maryland que fue deportado erróneamente a una prisión en su El Salvador natal.
La administración se presentó ante la Corte Suprema el lunes, justo cuando un tribunal federal de apelaciones se negó por unanimidad a bloquear la orden de la jueza de distrito estadounidense Paula Xinis, que da a Estados Unidos hasta las 11:59 p. m. del lunes para devolver a Kilmar Abrego García.
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“El Gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad legal para arrebatar de la calle a una persona que se encuentra legalmente en Estados Unidos y sacarla del país sin el debido proceso”, escribió la jueza de circuito Stephanie Thacker para dos de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos. “La afirmación del Gobierno de lo contrario, y su argumento de que los tribunales federales son impotentes para intervenir, son inconcebibles”.
El Departamento de Justicia afirma que ya no tiene ninguna autoridad legal sobre Abrego García ahora que se encuentra bajo custodia salvadoreña en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo.
“Estados Unidos no controla la nación soberana de El Salvador, ni puede obligar a El Salvador a seguir las órdenes de un juez federal”, dijo el Procurador General de Estados Unidos, John Sauer, al Tribunal Supremo.
La solicitud de Sauer se dirigió al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que se ocupa de las solicitudes de emergencia relacionadas con el 4º Circuito. Roberts puede actuar por su cuenta -posiblemente con una orden provisional- o remitir el asunto al pleno del tribunal de nueve miembros.
La decisión del 4º Circuito es el último obstáculo para el presidente Donald Trump en su prometida política de deportaciones masivas y ocurre en medio de otro tenso enfrentamiento en los tribunales, con un juez federal en Washington que dice que EE.UU. podría haberlo desafiado a sabiendas su orden oral de detener las deportaciones de venezolanos que, según afirma, son miembros de pandillas. Estos también fueron enviados a la prisión salvadoreña.
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Mientras tanto, el Tribunal Supremo está sopesando la petición de la administración de reanudar las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos en virtud de una ley de tiempos de guerra.
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