Bloomberg — El presidente Donald Trump amenazó con una serie de acciones agresivas para restringir la migración legal a EE.UU. en respuesta a la muerte de un miembro de la Guardia Nacional después de ser emboscado cerca de la Casa Blanca, aunque el alcance de esas medidas y qué mecanismos legales o del Congreso podría perseguir siguen sin estar claros.
Trump, quien ha intensificado su discurso antiinmigratorio tras el ataque a tiros perpetrado por un ciudadano afgano, anunció el jueves por la noche que suspendería permanentemente la migración de “todos los países en desarrollo”, eliminaría lo que denominó “admisiones ilegales” durante el gobierno del expresidente Joe Biden y eliminaría los beneficios federales para los no ciudadanos. El presidente también afirmó que deportaría a los extranjeros considerados un riesgo para la seguridad y “desnaturalizaría a los migrantes que socaven la tranquilidad nacional”.
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Los comentarios señalan un renovado esfuerzo por reducir drásticamente incluso la migración legal a EE.UU. y aumentar las deportaciones de quienes ya están en el país. La administración de Trump, sin embargo, guardó silencio el viernes sobre cómo se realizarían esos cambios, qué países serían el objetivo o qué tan amplias podrían ser las acciones - por ejemplo, si el presidente pretende deportar a un número significativo de personas con estatus legal o incluso ciudadanía desnaturalizándolas, como él dijo.
El viernes, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., Joseph Edlow, dijo en una publicación en las redes sociales que EE.UU. está deteniendo todas las decisiones de asilo “hasta que podamos asegurarnos de que cada extranjero es investigado y examinado al máximo grado posible”.
La agencia anunció previamente que revisaría las tarjetas de residencia permanente de personas de “países de preocupación”, lo que podría ampliar los esfuerzos para expulsar a los residentes permanentes legales. Esos países son los 19 incluidos en una prohibición de viaje de principios de este año, pero no está claro si las naciones del “tercer mundo” que mencionó Trump coinciden con esa lista.
La prohibición de viajar impuesta en junio restringía la entrada en EE.UU. de ciudadanos extranjeros de 12 países, la mayoría de Medio Oriente y África, alegando la necesidad de contrarrestar la amenaza de ataques terroristas y salvaguardar a la población. Entre esos países se encuentran Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Otros siete países se enfrentaron a restricciones parciales.
Investigación de antecedentes afgana
Las autoridades federales han identificado al presunto tirador como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que trabajó anteriormente con las fuerzas estadounidenses y la CIA antes de llegar a Estados Unidos en 2021, intensificando el escrutinio sobre los más de 190.000 afganos admitidos en Estados Unidos desde la caída de Kabul a manos de los talibanes. La mayoría de ellos son personas que ayudaron a las fuerzas estadounidenses durante la guerra y sus familias.
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Desde el tiroteo, el presidente ha afirmado que los evacuados afganos no han sido sometidos a ningún tipo de investigación, mostrando una foto de un vuelo de salida mientras hablaba con la prensa el jueves. También ha dicho que Lakanwal simplemente “se volvió loco”, incluso mientras continúa la investigación sobre los motivos del pistolero.
Mientras que la administración Trump ha echado la culpa al equipo de Biden, a Lakanwal se le concedió asilo por parte de la administración Trump, según AfghanEvac, un grupo sin ánimo de lucro, y habría sido sometido a una investigación, incluso por su trabajo junto a las fuerzas estadounidenses que luchan contra los talibanes. Los grupos de defensa han pedido que Lakanwal sea procesado con todo el peso de la ley y sin que su caso repercuta negativamente en otros afganos en EE.UU.
Incluso antes del tiroteo de esta semana, el gobierno actuó enérgicamente para reducir drásticamente la migración legal o los viajes a Estados Unidos, lo que ofrece una idea de sus prioridades. Trump ha reducido drásticamente el límite de refugiados, ha eliminado el estatus de protección temporal para migrantes de varios países, ha impuesto una tarifa de solicitud de US$100.000 para las visas H-1B utilizadas por trabajadores altamente calificados y ha revocado miles de visas.
La administración también tiene previsto revisar los casos de todos los refugiados reasentados bajo el mandato de Biden.
“Si no eres alguien que ama a este país, si no eres ningún beneficio para este país, entonces vamos a enviarte fuera de este país”, dijo el miércoles en Fox News el principal asesor de Trump, Stephen Miller.
La prohibición de viajes de junio restableció una de las medidas más controvertidas del primer mandato de Trump, que pasó por numerosas iteraciones y una prolongada batalla judicial antes de ser finalmente confirmada por la Corte Suprema como “plenamente dentro del alcance de la autoridad presidencial”.
Trump dijo que la última prohibición protege a la nación de ataques terroristas y amenazas a la seguridad pública. La administración ha dicho que los 12 países de la nueva lista que se enfrentan a prohibiciones totales fueron elegidos porque suponen un riesgo “muy alto” de terrorismo o de seguridad nacional para EE.UU. y tenían procesos deficientes de control e investigación de antecedentes. Los siete países donde los viajeros se enfrentan a una prohibición parcial fueron elegidos porque planteaban un riesgo “alto”.
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Durante el fin de semana festivo, los funcionarios trataron de señalar rápidamente que estaban actuando ante las amenazas de Trump, lo que aumentó la confusión sobre las nuevas medidas que estaba tomando la administración.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el viernes que su departamento emitiría reglamentos aclarando que los reembolsos de ciertos beneficios fiscales sobre la renta “ya no estaban disponibles para los ilegales y otros extranjeros no cualificados”, un plan que la agencia ya había anunciado la semana anterior, antes del tiroteo.
Peleas judiciales
El jueves por la noche, Trump también hizo un llamamiento a la “migración inversa”, pero sin detallar en qué consistiría.
Es probable que cualquier nueva medida migratoria del presidente atraiga desafíos legales.
La administración ya se enfrenta a denuncias de que está expulsando a migrantes en violación de órdenes judiciales y otras protecciones legales. Múltiples demandas en tribunales federales alegan deportaciones erróneas, incluida la de una mujer transgénero enviada a México a pesar de la orden de un juez de inmigración que bloqueaba el traslado debido a su riesgo de ser torturada o asesinada, y el caso en curso de Kilmar Abrego García, un migrante de El Salvador que demandó para impugnar su deportación errónea a su país de origen.
El Departamento de Justicia ha admitido que las autoridades cometieron errores en varios casos de deportación, lo que podría dificultar futuros intentos de expulsión. Un juez federal sigue adelante con una investigación sobre si funcionarios de la administración Trump desafiaron voluntariamente sus órdenes de dar la vuelta a aviones que se dirigían a una notoria prisión en El Salvador.
Muchas de las impugnaciones legales a las políticas migratorias de Trump han tenido éxito. Un análisis de Noah Feldman, de Just Security, sobre datos de casos de inmigración reveló que “44 implican medidas ejecutivas que han sido bloqueadas por los tribunales; 92 han sido bloqueadas temporalmente y 29 han sido bloqueadas en espera de apelación”.
Con la ayuda de Patricia Hurtado.
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