Bloomberg — Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional, sabrá el lunes si se le prohíbe presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 mientras los jueces de París se pronuncian sobre un caso de malversación de fondos que ha puesto en peligro su futuro político.
Una prohibición inmediata -buscada por los fiscales- es un riesgo muy real para Le Pen si ella y su partido son declarados culpables de desviar millones de euros de fondos de la Unión Europea para financiar actividades relacionadas con su agenda interna.
Si los fiscales se salen con la suya, ella no tendría la oportunidad de que su sentencia quedara en suspenso mientras impugna el veredicto. Le Pen ha negado cualquier delito y ha dicho que la fiscalía busca su “muerte política”.
"Leo aquí y allá que estamos nerviosos", dijo Le Pen en declaraciones al diario La Tribune Dimanche. "Personalmente, no lo estoy, pero comprendo que puedan estarlo", dijo. "Los jueces tienen el poder de vida o muerte sobre nuestro movimiento, pero no creo que lleguen tan lejos".
La política de extrema derecha sería una de las principales candidatas si entrara en la carrera para sustituir al presidente Emmanuel Macron, que no puede presentarse a un tercer mandato. Sus índices de aprobación han ido aumentando gradualmente y su partido casi triplicó su número de escaños en el Parlamento el año pasado.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca añade un interés adicional al caso de Le Pen. Ganó un segundo mandato con una serie de causas penales pendiendo sobre él y, al igual que Le Pen, ha hecho de la oposición frontal a la inmigración una piedra angular de su programa.
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En Francia, no está claro cómo reaccionarían los votantes ante una condena por malversación de fondos en un caso que ha sido calificado por los aliados de Le Pen de caza de brujas. Una prohibición rotunda podría tomar la decisión por ellos.
Su oficina de prensa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Altos cargos de la Agrupación Nacional declinaron hacer comentarios.
La sentencia de Le Pen se produce después de que el Tribunal Constitucional francés respaldara el viernes la legalidad de ordenar la aplicación inmediata de una prohibición electoral en un caso distinto que afectaba a un concejal local.
Según el especialista en derecho público Ferdinand Mélin-Soucramanien, la sentencia constitucional pone de relieve el grado de discrecionalidad que tienen los jueces penales en Francia a la hora de decidir si una prohibición es aplicable de inmediato.
"Tiene que haber un equilibrio entre la gravedad de la falta ética y la libertad del elector", dijo el profesor de la Universidad de Burdeos.
Durante las audiencias judiciales del año pasado, Le Pen y otros miembros del partido elegidos al Parlamento Europeo fueron acusados de utilizar indebidamente una asignación presupuestaria para ayudantes de la UE. Los investigadores franceses afirmaron que el dinero se utilizó para pagar a personal del Frente Nacional -el antiguo nombre del partido- que se centró esencialmente en la política interior, en lugar de en asuntos de la UE.
El equipo de la fiscalía recomendó una prohibición electoral total de cinco años para Le Pen. Dijeron que estaba justificada porque las supuestas irregularidades duraron más de una década y la cantidad supuestamente malversada ascendía a unos 4,5 millones de euros (4,9 millones de dólares).
La fiscalía argumentó que Le Pen debería recibir también una multa de 300.000 euros y una pena de dos años de cárcel, pero sugirió que podría cumplirse con un brazalete electrónico.
Le Pen dijo tras las vistas en el tribunal penal de París que los fiscales estaban "intentando privar al pueblo francés de la posibilidad de votar a las personas que quieren" y su abogado calificó la recomendación de prohibición como "un arma de destrucción masiva del proceso democrático".
Marine Le Pen ha liderado el movimiento fundado por su difunto padre, Jean-Marie, a través de varias encarnaciones desde 2011.
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La transición de Le Pen de la periferia a la vanguardia tiene mucho que ver con su voluntad de renunciar a su herencia política, incluidas las posiciones de su padre, cuyo racismo manifiesto y retórica divisiva acabaron por condenarle al olvido político.
En los últimos años ha intentado asiduamente "desdemonizar" su partido y tranquilizar a las empresas sobre sus políticas económicas. Su objetivo es capitalizar esa transformación para reclamar la presidencia, tras quedar segunda tras Macron tanto en la segunda vuelta presidencial de 2017 como en la de 2022.
El juicio por los fondos de la UE puede chocar con ese objetivo. Una decisión del tribunal de apelaciones antes de las elecciones de 2027 no está totalmente descartada si cualquiera de las partes persiguiera un desafío al resultado del lunes. Pero es poco probable dada la complejidad del caso y el número de acusados.
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