Bloomberg — El programa de “pasaportes dorados” de Malta para los inversionistas acaudalados viola las normas de la UE sobre ciudadanía, de acuerdo a un dictamen del máximo tribunal del bloque en un caso que podría haber transformado a la Unión Europea en un paraíso para los extranjeros ricos en un momento en que el presidente Donald Trump busca atraerlos a EE.UU
La oferta del pequeño Estado insular, que otorgaba la nacionalidad a inversionistas como magnates rusos y de Medio Oriente, celebridades y astros del deporte, es ilegal, determinó este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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Un Estado miembro de la UE “no puede conceder su nacionalidad y, desde luego, la ciudadanía europea, a cambio de pagos o inversiones predeterminados, pues esto equivale básicamente a hacer de la adquisición de la nacionalidad una simple transacción comercial”, afirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.
Recientemente, el Presidente Trump ha emprendido acciones para atraer a los inversionistas extranjeros adinerados a los EE.UU. La llamada Tarjeta Dorada Trump (Trump Golden Card) ofrece la residencia y una vía hacia la ciudadanía a los inversionistas que paguen US$5 millones al fisco estadounidense.
Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU., ha asegurado que el Gobierno vendió más de 1.000 visados en un solo día del mes de marzo.
El programa de ciudadanía para inversores de Malta, por su parte, ha permitido a particulares obtener la ciudadanía para poder vivir y trabajar allí, con una donación mínima de 600.000 euros (US$684.400). Las inversiones requeridas también incluyen la compra de una casa, y se fomentan las donaciones voluntarias.
Como nación de la UE, los pasaportes malteses conceden a sus titulares la libertad de vivir y trabajar en cualquier lugar del bloque de 27 miembros.
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El gobierno de Malta dijo en un comunicado que “se enorgullece de la riqueza generada a través de este marco en los últimos años, que permitió el establecimiento de un fondo nacional de inversión y ahorro para hacer frente a las necesidades de las generaciones presentes y futuras.”
Desde 2015, dijo que el programa ha generado directamente más de 1.400 millones de euros (US$1.595 millones) en ingresos, destinados a una serie de proyectos sociales que incluyen viviendas, instalaciones deportivas y asistencia sanitaria.
“Los solicitantes también contribuyeron con más de 10 millones de euros (US$11,39 millones) en donaciones filantrópicas directas a organizaciones de voluntariado de todo el país”, afirmó.
La isla mediterránea es uno de los pocos países europeos que en los últimos años han ofrecido visados y pasaportes dorados, que ganaron popularidad durante la crisis de la deuda europea, cuando las naciones empezaron a vender la residencia para atraer la inversión extranjera.
Portugal, Irlanda, Grecia y Hungría también habían puesto en marcha en los últimos años programas de este tipo para que los ricos se hicieran con la tan preciada libertad de circulación de la UE.
Pero las ofertas provocaron el revuelo de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, que afirmó que las políticas de dinero por ciudadanía exponen a la UE a riesgos de blanqueo de dinero y de seguridad.
“Innumerables casos han demostrado cómo estos esquemas han otorgado refugio seguro a actores corruptos de todo el mundo y a otros individuos sospechosos en la UE”, declaró Maíra Martini, directora ejecutiva de Transparency International.
“La sentencia no sólo impide que Malta venda la ciudadanía de la Unión Europea, sino que también impedirá que otros Estados miembros hagan lo mismo”.
En septiembre de 2022, la autoridad con sede en Bruselas presentó un recurso legal contra el programa de Malta, alegando que “conceder la ciudadanía de la UE a cambio de pagos predeterminados” es “incompatible con el principio de cooperación sincera consagrado” en las normas del bloque.
La sentencia del martes contradice la opinión no vinculante de un asesor del tribunal de la UE, que dijo el año pasado que correspondía a los propios países de la UE “determinar quién tiene derecho a ser uno de sus nacionales y, en consecuencia, quién es ciudadano de la UE”.
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