Bloomberg — El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está llevando a cabo una investigación antimonopolio sobre cómo respondieron las empresas a las cancelaciones masivas de conciertos al inicio de la pandemia en 2020, según personas con conocimiento del asunto.
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La investigación se centra en si Live Nation Entertainment Inc. y AEG Presents se coludieron ilegalmente en las políticas de reembolso de los conciertos cancelados y trataron con los artistas para limitar las pérdidas, según las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de la investigación confidencial.
Los fiscales han sopesado presentar cargos, incluso contra Live Nation y su director general Michael Rapino, dijeron algunas de las personas.
Al inicio de la pandemia por Covid-19, Live Nation, AEG y las agencias de talentos dieron a conocer públicamente un esfuerzo de toda la industria para responder a la crisis.
El escrutinio antimonopolio de esa iniciativa comenzó durante la administración Biden, pero se ha intensificado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, con fiscales de la división antimonopolio del DOJ que continúan realizando entrevistas y revisando documentos, dijeron algunas de las personas.
Live Nation es, con diferencia, el mayor actor de la industria de la música en directo, en rápido crecimiento, y Rapino es uno de sus ejecutivos más poderosos.
La empresa ha polemizado con los reguladores antimonopolio durante anteriores administraciones republicanas y demócratas, pero una investigación penal marca una escalada del escrutinio gubernamental.
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Las indagaciones penales del Departamento de Justicia no siempre conducen a la presentación de cargos y Live Nation, AEG y Rapino no han sido acusados de irregularidades.
“No es ilegal que los agentes artísticos, los promotores y las empresas de venta de entradas trabajen juntos para resolver los retos sin precedentes de una pandemia mundial”, afirmó Dan Wall, vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos y normativos de Live Nation.
“Aunque Live Nation contribuyó a este esfuerzo de la industria de buena fe, establecimos nuestras propias políticas y condiciones de reembolso para apoyar a los fans y a los artistas. No actuamos en connivencia con AEG ni con nadie más. Estamos orgullosos de nuestro liderazgo durante esos tiempos difíciles, y si de esta investigación se derivan cargos, los defenderemos enérgicamente.”
Las acciones de Live Nation cayeron un 2,6%, hasta US$141,70, tras el cierre del mercado.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Los portavoces de Rapino y AEG no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La investigación del Departamento de Justicia surgió de una investigación civil antimonopolio de Live Nation durante la administración Biden. Esa pesquisa dio lugar a una demanda en 2024 que pretende deshacer la adquisición de Ticketmaster por parte de Live Nation en 2010 y cambiar las prácticas empresariales de la compañía.
Los fiscales tendrán que tomar pronto una decisión sobre el caso porque existe un plazo de prescripción de cinco años para presentar cargos antimonopolio que comienza al final de cualquier presunta conspiración.
Cualquier decisión de acusación podría complicarse por la implicación en las discusiones de las agencias de talentos, que no son competidoras directas. Las agencias no están bajo escrutinio, según algunas de las personas familiarizadas con la investigación, pero su participación en el esfuerzo de la industria da a las empresas una base para argumentar que cualquier caso debería presentarse bajo estatutos civiles, no penales.
Un pararrayos
Live Nation se ha recuperado espectacularmente desde la pandemia. La empresa registró unas ventas de US$23.200 millones el año pasado, más del doble que sólo cinco años antes.
Su negocio homónimo de promoción de conciertos gestiona más giras de las más importantes que cualquiera de sus competidores, mientras que su filial Ticketmaster vende entradas para la mayoría de los grandes eventos en directo.
Esa influencia sobre la industria ha convertido a la empresa en un pararrayos para las críticas. Desde la controvertida adquisición de Ticketmaster por Live Nation, que unió al mayor promotor de conciertos de EE UU con la mayor empresa de venta de entradas, la empresa ha sido criticada por las comisiones que cobra por las entradas, así como por los contratos con artistas y salas que les obligan a utilizar Ticketmaster.
Aunque las cancelaciones repentinas -como las provocadas por el Covid-19- pueden resultar costosas para las empresas que organizan espectáculos en directo, las ventas de conciertos, ajustadas a la inflación, se han duplicado en la última década y muchos artistas consideran ahora que vender entradas de conciertos es clave para ganarse la vida.
La empresa ha dicho en repetidas ocasiones que los artistas controlan el precio de las entradas y que el mercado es competitivo.
Sin embargo, el creciente costo de las entradas para los conciertos y el reto de conseguir la entrada para las giras más importantes ha agravado la situación de los fans.
Live Nation ha culpado a la reventa de muchos de estos problemas, al tiempo que ha señalado que los elevados precios de las ventas secundarias de entradas son una prueba de la demanda.
“Lo mejor que podemos hacer como siguiente paso es simplemente crear mucha transparencia”, dijo el presidente de Live Nation, Joe Berchtold, en una conferencia de inversores organizada por JPMorgan esta semana. “Hemos abogado por muchas reformas”.
Demanda de Live Nation
La demanda civil contra Live Nation, a la que se unió un grupo de fiscales generales estatales, alegaba un amplio plan para monopolizar la industria de la música en directo. Durante su revisión, los abogados del Departamento de Justicia remitieron la conducta que habían descubierto a los fiscales penales de la oficina de Nueva York de la división antimonopolio, dijeron algunas de las personas.
Según la legislación estadounidense, las empresas pueden enfrentarse a multas de hasta US$100 millones por infracciones penales antimonopolio y los individuos a penas de hasta 10 años de prisión, aunque nadie ha sido condenado a más de cinco.
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva en marzo en la que ordenaba a la Comisión Federal de Comercio y al Departamento de Justicia que vigilaran la competencia en el sector, afirmando que “se ha visto asolado por intermediarios sin escrúpulos”. No señalaba a ninguna empresa en concreto.
Tras la orden, a principios de este mes, el Departamento de Justicia y la FTC emitieron una solicitud de información “para identificar prácticas y conductas desleales y contrarias a la competencia en el sector de los conciertos en directo y el entretenimiento”.
--Con la colaboración de Rob Golum.
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