Bloomberg — Miles de denuncias de demandantes, millones de páginas de documentos internos y transcripciones de incontables horas de declaraciones están a punto de aterrizar en los tribunales estadounidenses, amenazando el futuro de las mayores empresas de medios sociales.
La avalancha de papeleo es un subproducto de dos demandas consolidadas que acusan a Snapchat, de Snap Inc. (SNAP); a Facebook e Instagram, de Meta Platforms Inc. (META); a TikTok, de ByteDance Ltd.; y a YouTube, de Alphabet Inc. (GOOGL), de diseñar a sabiendas sus plataformas para crear adicción en los usuarios, lo que supuestamente provoca depresión juvenil, ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios, autolesiones e incluso suicidio.
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El litigio, que lleva gestándose más de tres años, ha tenido que superar numerosos obstáculos, entre ellos el escudo de responsabilidad que ha protegido a las plataformas de medios sociales de enfrentarse a demandas por daños a los usuarios.
Las empresas de medios sociales han presentado múltiples mociones para desestimar los casos alegando que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones les impide ser consideradas responsables de los contenidos publicados en sus sitios.
Esas mociones han sido en gran medida infructuosas, y los tribunales de todo el país están a punto de abrir sus puertas por primera vez a las presuntas víctimas de las redes sociales. La gran mayoría de los casos se han agrupado en dos procedimientos multijurisdiccionales, uno en un tribunal estatal y otro en un tribunal federal, para agilizar el proceso de descubrimiento previo al juicio.
Está previsto que el primer juicio bellwether comience en el Tribunal Superior de Los Ángeles a finales de enero. Implica a una mujer de 19 años de Chico, California, que afirma que es adicta a las redes sociales desde hace más de una década y que su uso incesante de las plataformas le ha causado ansiedad, depresión y dismorfia corporal.
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Otros dos juicios seguirán poco después, con miles más esperando entre bastidores. Si tienen éxito, estos casos podrían dar lugar a acuerdos multimillonarios -similares a los litigios por tabaco y opiáceos- y cambiar la forma en que los menores interactúan con los medios sociales.
“Este va a ser uno de los litigios más impactantes de nuestra vida”, dijo Joseph VanZandt, abogado del bufete Beasley Allen en Montgomery, Alabama, y abogado codirector de los demandantes en los casos estatales coordinados.
“Se trata de grandes empresas que atacan a poblaciones vulnerables -los niños- con fines lucrativos. Eso es lo que vimos con las tabacaleras; también se dirigían a los adolescentes e intentaban hacerlos adictos mientras eran jóvenes.”
Matthew Bergman, fundador del Centro Legal para Víctimas de las Redes Sociales en Seattle, hace una comparación similar con los litigios relacionados con el tabaco en el documental de Bloomberg " Can’t Look Away: The Case Against Social Media". “En el caso de Facebook, existen documentos internos que dicen que ‘los preadolescentes son animales de manada’, ‘los niños tienen una narrativa de adicción’ y ‘nuestros productos hacen que las niñas se sientan peor consigo mismas’. Se da el mismo tipo de mala conducta corporativa”, afirma Bergman en el documental, que estará disponible en las plataformas de Bloomberg el 30 de octubre.
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El bufete de Bergman fue el primero en presentar demandas por daños a los usuarios contra empresas de medios sociales, en 2022, después de que Frances Haugen, una ex directora de producto de Meta convertida en denunciante, hiciera público un aluvión de documentos internos que demostraban que la empresa sabía que los medios sociales afectaban negativamente a la salud mental de los jóvenes.
El primer caso, que forma parte del litigio federal consolidado, alegaba que una niña de 11 años de Connecticut se suicidó tras sufrir una adicción extrema a los medios sociales y ser explotada sexualmente por depredadores en línea.
Lo que diferenció ese caso fue cómo sorteó el manto de inmunidad de la Sección 230. Bergman argumentó que su caso no se refería a contenidos de terceros, que la ley federal protege. En su lugar, dijo que giraba en torno a la forma en que las empresas de medios sociales estaban diseñando intencionadamente sus productos para priorizar la participación y el beneficio sobre la seguridad.
Desde entonces, se han presentado miles de demandas por daños personales en las que se alegan perjuicios similares para la salud mental de los jóvenes. Casi 4.000 se han incorporado a los procedimientos multijurisdiccionales, más de una cuarta parte de ellas procedentes del Social Media Victims Law Center. A ellas se han unido más de 1.000 distritos escolares y cerca de tres cuartas partes de todos los fiscales generales de los estados de EEUU. Algunas demandas, incluida una presentada por el fiscal general de Nuevo México, se están llevando a cabo fuera del marco de los casos consolidados y también se espera que vayan a juicio a principios del próximo año.
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“En conjunto, se trata de un asedio legal masivo a la industria de las redes sociales”, afirmó Previn Warren, abogado de Motley Rice con sede en Washington que codirige los casos federales. “Somos el primer litigio importante para convencer al sistema judicial de que realmente existen agravios sistémicos en estas plataformas por los que las víctimas deben ser indemnizadas. Cuando el público sea consciente de la magnitud de las pruebas, sospecho que eso tendrá un impacto en cómo perciben su relación -y la de sus hijos- con los medios sociales”.
El proceso de descubrimiento previo al juicio se cerró en abril, con los cuatro acusados entregando más de seis millones de documentos y sometiéndose a 150 deposiciones, incluida la del consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, y el consejero delegado de Snap, Evan Spiegel. Además, más de 100 psicólogos infantiles, académicos y expertos han ofrecido pruebas.
Las empresas trataron de impedir que testificaran todos los peritos de los demandantes en los casos estatales, argumentando que no son fiables, seleccionan los estudios y extrapolan excesivamente los datos. Ese argumento fracasó en el tribunal estatal a finales de septiembre, y se permitió testificar a todos los testigos propuestos menos a uno.
Los demandados también presentaron una moción de juicio sumario en el tribunal estatal en agosto, argumentando que los demandantes no habían aportado pruebas suficientes para justificar un juicio.
Las empresas dijeron que los demandantes no habían demostrado que los daños a la salud mental fueran causados por los medios sociales y que algunas de las demandas, que se remontan a cuando los demandantes empezaron a utilizar los medios sociales, deberían prescribir de plano por la ley de prescripción de California.
“Estas demandas malinterpretan fundamentalmente cómo funciona YouTube, y las alegaciones simplemente no son ciertas”, dijo José Castañeda, portavoz de la empresa, en un correo electrónico. “YouTube es un servicio de streaming al que la gente acude para ver de todo, desde deportes en directo a podcasts, pasando por sus creadores favoritos, principalmente en pantallas de televisión, no una red social a la que la gente acude para ponerse al día con sus amigos”.
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Un portavoz de Meta dijo que la compañía no estaba de acuerdo con las acusaciones planteadas en las demandas y señaló las herramientas de seguridad que la compañía ha puesto en marcha para apoyar a sus usuarios más jóvenes, incluyendo la limitación de con quién pueden conectarse los adolescentes y el contenido que ven. “Seguiremos defendiéndonos enérgicamente en estos casos”, dijo el portavoz.
Snap y TikTok no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Se espera que la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles Carolyn Kuhl, que preside los casos estatales consolidados, se pronuncie sobre la moción de juicio sumario en las próximas semanas. Yvonne González Rogers, juez del tribunal de distrito de EE.UU. en Oakland, California, está supervisando el litigio federal. El primer juicio federal, en un caso presentado por un distrito escolar de Kentucky, está previsto que comience en junio.
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