Para las mujeres de Afganistán, quienes se sienten abandonadas por la comunidad internacional a medida que sus vidas han sido destrozadas bajo el brutal gobierno de los talibanes, puede haber por fin una posible vía para la justicia.
Deberíamos acoger con satisfacción la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI, por sus siglas en inglés), Karim Khan, respecto a la solicitud de órdenes de detención contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani, quienes, según él, tienen responsabilidad penal en la persecución de mujeres y niñas afganas.
El listado de violaciones es muy amplio, e incluye asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y desapariciones forzadas.
Ahora tres jueces deberán decidir si emiten las órdenes de arresto, un proceso que generalmente lleva varios meses. Aun así, no es probable que se tomen medidas inmediatas. Akhundzada raramente abandona su base en Kandahar, y es poco probable que Haqqani se exponga a ser detenido si viaja.
Desde que este grupo militante retomara el control de Afganistán el año 2021, ha prohibido la educación posprimaria para mujeres y niñas, ha restringido su acceso a los espacios públicos, les ha prohibido cantar o recitar poesía en público y ha restringido gravemente sus oportunidades de empleo y el acceso a los servicios sanitarios.
Apenas el mes pasado, los talibanes emitieron una orden que prohibía la construcción de ventanas en edificios residenciales que dieran a zonas usadas por mujeres, y dijeron que las existentes debían ser bloqueadas.
En su declaración del 23 de enero, Khan dijo: “estas solicitudes reconocen que las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción demuestra que el statu quo de las mujeres y niñas en Afganistán no es aceptable. Las sobrevivientes afganas, en particular las mujeres y niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia”.
El caso contra Akhundzada y Haqqani debería preocupar a los países que han optado por normalizar sus vínculos con los talibanes, entre ellos China, India, Irán, Arabia Saudita y Rusia. Si el tribunal sigue adelante y emite las órdenes de arresto, complicará las relaciones comerciales y diplomáticas y obligará a los países a pensárselo dos veces antes de dar el salto hacia un trato más cordial.
También plantea un enigma para los legisladores estadounidenses, que han sido muy selectivos en su apoyo a la CPI, amenazando con sanciones a los funcionarios de la corte por la orden de arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero elogiando sus acciones contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
A pesar de la dañina y caótica retirada de EE.UU. de Afganistán en 2021 que precedió a la invasión de Kabul por parte de los talibanes, ese país era, en octubre, el mayor donante del país y el destino de las mujeres y las niñas sigue siendo una preocupación. En el tumulto de las primeras semanas del presidente Donald Trump en el cargo, no está claro cómo ve el gobierno este último acontecimiento.
Grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han instado al fiscal de la CPI a que presente casos por presuntos crímenes cometidos por personal militar y de inteligencia estadounidense y ex fuerzas de seguridad afganas desde la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos en 2001. Es poco probable que esto suceda.
La división en el apoyo mundial a las acciones de la CPI y su falta de mecanismos de ejecución ponen de relieve las limitaciones de la corte.
Su decisión en 2023 de emitir una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra cometidos durante su invasión de Ucrania no ha tenido como resultado su detención. La orden de arresto de la CPI emitida en noviembre contra Netanyahu por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos contra los palestinos en Gaza tampoco hizo mucho por frenarlo.
Tras haber dedicado años a cubrir conflictos, violencia política y terrorismo, es fácil perder la fe y preguntarse si el derecho internacional todavía significa algo. Ciertamente no parece ser así: la impunidad está por todas partes. Pero por más defectuoso que sea el “orden internacional basado en reglas”, es todo lo que tenemos.
La alternativa es una versión global de lo que Trump está intentando hacer en casa: desfinanciar, quitarle los colmillos o desmantelar las instituciones gubernamentales y dejar que la anarquía gobierne. No podemos perder la esperanza en este momento.
Las mujeres y las niñas afganas necesitan todo el apoyo mundial que puedan conseguir para hacer frente a la misoginia desenfrenada de los talibanes. Están atrapadas en un país que enfrenta una crisis multidimensional: como señala el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la estabilidad de la economía y el bienestar de la población son extremadamente frágiles.
En septiembre se abrió otra vía legal contra los talibanes, cuando un grupo de países, entre ellos Australia, Corea, España, Canadá y Alemania, anunció una disputa con Afganistán en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto podría dar lugar a futuros procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU que conoce de los casos interpuestos entre Estados.
Estos procesos complicados, llenos de riesgos y de defectos son importantes.
Muestran a las mujeres afganas que no han sido olvidadas y reivindican su valiente y continua lucha contra los talibanes. También alientan a las naciones a unirse en defensa de los derechos humanos, una muestra crucial de solidaridad en un mundo plagado de conflictos.
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