Se trata de una verdad que no se puede endulzar: todos los artículos alarmistas que usted pueda haber leído sobre las repercusiones de la decisión de México de elegir a su poder judicial, en la votación que se celebró el domingo, son esencialmente acertados.
Este fue un ejercicio caprichoso concebido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para transformar de forma radical el sistema de justicia mexicano, luego de que los tribunales fallaran en contra del gobierno en diversas instancias durante su mandato, que culminó en septiembre.
En sus últimos meses de presidencia, el septuagenario líder conocido como AMLO canalizó su lado tecnológico y decidió avanzar rápido y cambiar las cosas, o mejor dicho, el poder judicial: la mitad de los jueces del país serán sustituidos, comenzando por los de la Corte Suprema, y se establecerá un órgano de supervisión para garantizar que los jueces no se desvíen de sus mandatos.
La otra mitad se cambiará en 2027. No se ha hecho ningún verdadero esfuerzo por una reforma seria y bien pensada que aborde las incuestionables deficiencias de un sistema jurídico que no es especialmente útil para los mexicanos; todo se tendría que hacer a la máxima velocidad, sin hacer preguntas, por favor.
AMLO estaba todavía furioso tras el bloqueo por parte de los jueces de algunas de sus reformas más ambiciosas, desde un proyecto de ley nacionalista sobre la electricidad hasta la transferencia de la guardia nacional de manos civiles a militares, además de la admisión a trámite por parte de los tribunales de múltiples recursos contra sus grandes proyectos de infraestructuras.
Una vez lograda la derrota de su oposición política formal, el poder judicial se alzaba como el último obstáculo a su ambicioso proyecto político.
Poco le preocupó que elegir en un mismo día a más de 800 jueces entre miles de candidatos desconocidos para los diferentes niveles del sistema judicial resultara casi imposible; en el día señalado, los votantes empleaban hasta 30 minutos en depositar sus múltiples papeletas.
Entretanto, los requisitos para los candidatos eran tan exiguos que muchos advenedizos no cualificados se inscribieron para hacerse con una oportunidad de vivir la experiencia de ser juez.
Frente a estos obstáculos, no es de extrañar que los mexicanos encontraran otras maneras de pasar el tiempo el pasado fin de semana. Solamente en torno al 13% decidió votar, y aproximadamente un 25% de los que lo hicieron emitieron votos nulos o inválidos.
The Economist ha resumido acertadamente todo el tema al decir que México “será el único país que elija a todos sus jueces”. La falta de voluntad de cualquier otro país para establecer este brillante acuerdo institucional dice todo lo que se necesita saber.
Algunos han argumentado que la baja participación electoral podría perjudicar lalegitimidad del proceso. Quizás.
El riesgo de una participación electoral extremadamente baja siempre fue evidente: al final, AMLO ya había experimentado con un referéndum no vinculante para decidir sobre la cancelación del aeropuerto de la CDMX en 2018 (participación: 1.2%), otra votación popular para decidir sobre la investigación de administraciones anteriores en 2021 (participación:7.1%) y una última en 2022 sobre si su mandato debía ser revocado (participación: 17.8%).
A pesar de estos precedentes poco ortodoxos, el gobierno decidió seguir adelante con la votación judicial incluso si el proceso era significativamente más complejo para los ciudadanos que las elecciones regulares.
Visto así, el evento del domingo fue claramente una fachada para justificar la reforma del sistema judicial mexicano: el gobierno ahora puede afirmar que México “es el país más democrático del mundo”, como lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque casi 13 millones de mexicanos votaron, incluso si eso significa que cerca del 90% de los registrados no lo hicieron. Habría argumentado lo mismo si hubiera participado el 25%. O incluso el 1%.
Y ahí reside el aspecto más problemático de estas elecciones judiciales: se trata de una toma de poder por parte del gobierno disfrazada de un ejercicio de democracia.
Si los votantes no pueden tomar una decisión informada porque el sistema era demasiado engorroso y lento; si no se molestan en votar porque las reglas y los procesos eran defectuosos y no estaban probados; si los candidatos no eran los más cualificados que el país puede ofrecer, entonces la ceremonia democrática es en realidad un simple gesto performativo diseñado para promover la posición y los intereses de quienes ostentan el poder.
Basta con ver los resultados: la mayoría de los nueve candidatos más votados a la Corte Suprema son afines al partido gobernante, Morena de AMLO.
El potencial presidente del organismo, Hugo Aguilar Ortiz, es un abogado experimentado que dedicó su vida a defender a los grupos indígenas de México, una meta muy loable que, sin embargo, le dio poca experiencia para ejercer como juez. De hecho, su trabajo más recientefue impulsar algunos de los proyectos de infraestructura de AMLO.
Con estas elecciones, el movimiento de AMLO garantiza el control efectivo de los tres poderes del gobierno mexicano: ostenta la presidencia y la mayoría de los gobiernos locales; controla dos tercios del Congreso junto con aliados, lo que le permite modificar la Constitución sin necesidad de recurrir a la oposición.
Desde el domingo, cuenta con varias caras conocidas en el poder judicial, lo que garantiza que los jueces lo pensarán dos veces antes de volver a desestabilizar al gobierno.
Y no olvidemos que también domina a las fuerzas militares y de seguridad, que ahora controlan los puertos de entrada, los trenes e incluso los hoteles turísticos, después de que AMLO decidiera militarizar la vida pública de México.
Partidos de oposición como el Partido Acción Nacional, que fue clave en la alternancia en el poder que comenzó en el año 2000 tras décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deberían hacer un profundo examen de conciencia tras desaprovechar la oportunidad de presentarse como una alternativa viable.
No lograron movilizar a los mexicanos para defender sus derechos ni garantizar cierto nivel de diversidad política; esa debilidad no se solucionará escondiendo la cabeza bajo la arena ni quejándose de su impotencia.
El resultado de todo esto es la consolidación del movimiento de AMLO como la maquinaria política más poderosa entre las democracias más grandes del mundo. Esta fortaleza se basa en las históricas elecciones del año pasado, cuando Sheinbaum obtuvo casi el 60% de los votos, aplastando a la oposición.
Es innegable que AMLO ha captado con maestría el sentir y las demandas de los mexicanos, creando un vínculo duradero con la gente de su país.
Pero todo esto, sin embargo, plantea una pregunta importante: ¿Renunciaría Morena voluntariamente a este poder extraordinario si los votantes mexicanos finalmente cambiaran de opinión?
Si López Obrador y Sheinbaum aún rechazan la idea de que perdieron las elecciones presidenciales de México en 2006, ¿aceptarían alguna vez una derrota electoral en el futuro ahora que tienen el control total?
Éstas son las preguntas que ahora nublan el futuro de la democracia en México.
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