Aun en un país tan habituado a la violencia como México, hay actos despiadados que todavía pueden sacudir a la sociedad. El homicidio de dos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, la semana pasada, fue uno de ellos.
Los atroces asesinatos ocurridos en una de las avenidas más concurridas de la ciudad se diseñaron para lograr el máximo impacto político. Las autoridades se han cuidado de no hacer conjeturas sobre quién fue responsable. Sin embargo, el ataque deja muy claro que Claudia Sheinbaum no dispone de mucho margen para continuar suavizando el reto de la seguridad en México.
La primera mujer presidenta de México ha hecho avances en la lucha contra la violencia del narcotráfico desde su toma de posesión en el mes de octubre.
Su decisión de otorgar poderes a su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, exjefe de policía de la ciudad que fue objeto de un fallido intento de asesinato en 2020, para luchar contra el crimen organizado ha dado algunos buenos resultados: la media diaria de homicidios dolosos se redujo en un 25%, según cifras oficiales; se ha detenido o abatido a varios agentes de alto nivel; se han producido algunas incautaciones de fentanilo de gran valor.
El gobierno trasladó en febrero a 29 capos de la droga a EE.UU. para su procesamiento. Las encuestas revelan una cada vez mayor aprobación pública de las políticas de seguridad de Sheinbaum.
No obstante, eso no es suficiente.
El gobierno se ha enfocado en intentar controlar el problema y revertir la tendencia negativa de los últimos años, en lugar de abordar la amenaza de la inseguridad de frente con un plan integral para cambiar realmente el estado de anarquía en México.
Es comprensible: el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó su estrategia de contención como “abrazos, no balazos” en un llamado explícito a evitar la represión, un lema de su administración.
Podría decirse que fue ingenuo o incluso cínico, pero al ignorar un problema que creía no poder resolver, López Obrador sorteó sus seis años en el poder relativamente ileso. El recuerdo de la desastrosa guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón, cuando el Estado mexicano desplegó al ejército para librar una lucha frontal contra el narcotráfico, aún estaba fresco.
Desafortunadamente para Sheinbaum, la penetración criminal en el país es tal que no puede darse el lujo de adoptar un enfoque gradual. Obligada por la continua violencia política, la presión del gobierno estadounidense y la creciente demanda popular, Sheinbaum debe hacerse cargo del problema de inseguridad que López Obrador dejó sin resolver.
De hecho, los cobardes asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, aunque solo sean resultado de disputas locales en el hampa, demuestran que no se puede combatir el crimen organizado sin pagar un costo político por las inevitables consecuencias.
“Estos asesinatos son simbólicos y muestran el grave problema que enfrenta México. Es probable que estemos presenciando el inicio de más violencia”, me dijo Daniel Linsker, director de la consultora de seguridad Control Risks en México. “La estrategia del gobierno está cambiando y eso siempre generará resistencia, tanto de los grupos criminales como de quienes se beneficiaron de las normas anteriores”.
Entra Donald Trump.
Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense ha adoptado una postura más agresiva hacia los cárteles mexicanos, considerando la posibilidad de operaciones militares o ataques con drones dentro del país latinoamericano.
La Casa Blanca ha designado a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ha intensificado la vigilancia y ha cancelado las visas estadounidenses a algunos políticos mexicanos, incluido el gobernador del estado de Baja California, vecino de California.
La fiscalía también está negociando acuerdos con algunos de los narcotraficantes más acérrimos que se encuentran bajo custodia estadounidense.
La reacción del gobierno mexicano ha sido mesurada.
El Wall Street Journal informó a principios de este mes que una llamada telefónica entre ambos líderes terminó en medio de tensiones cuando el presidente estadounidense insistió en un papel protagónico del ejército estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, a pesar de sus estilos políticos e ideologías marcadamente opuestos, existe una oportunidad para que Sheinbaum y Trump cooperen en el problema del narcotráfico.
México necesita que Estados Unidos resuelva su violencia interna y, de igual manera, Estados Unidos requiere crucialmente que México reduzca el flujo de drogas ilegales y la economía clandestina que este impulsa.
Para que eso suceda, ambos países deben establecer y respetar sus propios límites: el gobierno mexicano debe ser honesto sobre el indispensable apoyo logístico, de inteligencia y militar que EE.UU. brinda para enfrentar a grupos que controlan importantes partes del país y cuentan con armas y sistemas de defensa sofisticados.
Sheinbaum debería permitir que Washington actúe como el policía malo contra algunas de las figuras políticas y empresariales indeseables que pueblan México, incluso dentro de su propio movimiento político.
Mientras tanto, Estados Unidos debe comprender que es parte del problema: la insaciable demanda de narcóticos por parte de los estadounidenses y el suministro de armas avanzadas por parte de fabricantes estadounidenses son factores clave de esta tragedia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció la semana pasada que los cárteles reciben armas de fabricantes de armas estadounidenses, algo que México ha venido planteando durante años. “Queremos ayudar a detener ese flujo”, declaró Rubio. “Tenemos un interés mutuo en México”. Eso es alentador.
Y luego está el espinoso asunto de la soberanía territorial: a pesar de la integración económica entre ambos países, la plena autoridad sobre su territorio es primordial para México.
Dada la historia de las relaciones bilaterales, ningún presidente mexicano aceptaría unilateralmente la presencia de tropas estadounidenses en el terreno.
Estados Unidos podría pensar que solo intenta ayudar enviando a un ex boina verde como embajador, pero en los círculos de izquierda cercanos al partido gobernante nacionalista eso se considera “arrogancia imperial“.
El nacionalismo mexicano sigue vigente: una encuesta reciente mostró que más del 53% de los mexicanos tienen una imagen negativa de Estados Unidos, y esa cifra alcanza el 84% cuando se pregunta específicamente sobre Trump.
Todo esto deja a Sheinbaum con un estrecho margen de maniobra.
La relación entre Estados Unidos y México ya es uno de los vínculos diplomáticos más complejos y complejos del mundo. Esto es aún más grave ahora que Trump se ha comprometido a eliminar los cárteles.
Si bien la Casa Blanca idealmente reconocería las limitaciones políticas internas de Sheinbaum, el gobierno mexicano debe tomar en serio las amenazas de Trump, ya que es solo cuestión de tiempo antes de que tome medidas más contundentes.
La inquebrantable presidenta de México se enfrenta a decisiones monumentales, atrapada entre una Casa Blanca agresiva y un partido nacionalista que resiente cualquier atisbo de imperialismo. Pero sabe jugar con mano dura concentrándose incansablemente en mejorar las condiciones de seguridad en México.
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