La Corte tiene pendiente analizar los aranceles globales, el control a agencias reguladoras independientes y los requisitos para la ciudadanía de nacimiento.
Los enfrentamientos pondrán a prueba los límites de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton.
Trump busca desechar la idea de que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución otorga la ciudadanía a prácticamente todos los nacidos en territorio estadounidense.
La última acción del Tribunal Supremo no es la última palabra en la lucha por la financiación, que en líneas generales afecta a unos US$30.000 millones que el Congreso aprobó para programas que abarcan varios años.
Cook, designada por el expresidente Joe Biden, ha seguido en su puesto desde finales de agosto, cuando Trump anunció que la destituiría debido a acusaciones de fraude hipotecario que ella ha negado.
La mayoría conservadora del tribunal también se negó a permitir que la persona en el centro del caso, la miembro de la Comisión Federal de Comercio Rebecca Kelly Slaughter, regrese a su trabajo durante la apelación.
La orden temporal de la Corte Suprema implica que los funcionarios estadounidenses pueden evitar tomar medidas para gastar aproximadamente US$4.000 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso.
La solicitud de emergencia presentada el lunes ante los jueces se produce tras una serie de derrotas recientes de la administración en tribunales inferiores.
La apelación pone a prueba un fallo del Tribunal Supremo de 1935 que decía que el Congreso podía aislar al menos a algunos altos funcionarios de ser despedidos.
Trump dijo que EE.UU. apelaría al alto tribunal en busca de alivio tan pronto como el miércoles porque “sería una devastación para nuestro país” si se dejaba en pie el fallo del tribunal de apelaciones.
El enfrentamiento también podría trastocar los distritos legislativos estatales y locales, lo que podría tener un impacto devastador en las elecciones en todos los niveles del sistema estadounidense.
Hace dos semanas, Moraes ordenó a Bolsonaro usar un grillete electrónico e impuso restricciones adicionales al uso de las redes sociales, alegando obstrucción a la justicia y riesgo de fuga.
La decisión, dictada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes a última hora del miércoles, restablece la mayor parte del llamado impuesto IOF.
El martes, al acceder a la solicitud de Trump a pesar de un voto en contra, los jueces autorizaron a la administración a implementar la orden ejecutiva de Trump del 11 de febrero.
La solicitud presentada el martes busca poner el caso en una vía acelerada con la posibilidad de un fallo definitivo del Tribunal Supremo para finales de año.
La decisión permite a DOGE tener acceso a la información personal identificable en la base de datos de la Administración del Seguro Social mientras el caso se tramita en apelación.
Este es el último enfrentamiento en la Corte Suprema que pone a prueba los límites de la facultad del gobierno para deportar a personas a lugares potencialmente peligrosos con mínima antelación.
