Las contribuciones de los latinos son esenciales para las industrias que enfrentan escasez de mano de obra, impulsando un crecimiento más amplio de la economía, dice el U.S. Latino GDP Report.
Donald Trump ordenó el despliegue de tropas en Portland y autorizó el uso de fuerza completa para proteger instalaciones federales, en medio de protestas crecientes frente a centros de detención migratoria.
De las cerca de 141.000 peticiones H-1B para nuevos empleos aprobadas el pasado año fiscal, unos 65.000 de esos visados se tramitaron en el extranjero. Los economistas de JPMorgan señalaron que esos son los más expuestos a la nueva tasa.
Kast prometió criminalizar la migración indocumentada, designar una cárcel especial para las personas condenadas por ese delito y reforzar la supervisión de las remesas enviadas al extranjero.
Trump insinuó por primera vez la idea de la tarjeta dorada en febrero, promocionando el concepto junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, como una iniciativa que ayudaría a atraer inversión de capital y crear empleos, a la vez que generaría ingresos para reducir el déficit.
Trump también planea ordenar a la Secretaría de Trabajo que emprenda un proceso de elaboración de normas para revisar los niveles de salarios prevalecientes para el programa H-1B.
Representantes estadounidenses defenderán este año en la Asamblea General de las Naciones Unidas que los solicitantes de asilo lo pidan en el primer país por el que transiten, “en lugar de seguir manteniendo un sistema caótico y desordenado”.
La CBO ve ahora una inmigración neta total de aproximadamente 400.000 personas este año, 1,6 millones de personas menos que la cantidad proyectada en enero, según un informe.
Las detenciones subrayan los riesgos que corren las compañías extranjeras en Estados Unidos que usan subcontratistas para hacer frente a la falta de mano de obra.
Las bonificaciones se suman a las recompensas disponibles para los agentes del orden que ayuden a poner en práctica el objetivo del presidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas.
Una jueza federal ordenó el desmantelamiento del centro en un plazo de 60 días, por considerar que se construyó sin una evaluación ambiental apropiada.
La jueza estadounidense Paula Xinis dictaminó el lunes que Abrego García debe permanecer en su actual centro de detención al menos hasta que se programen nuevos procedimientos.
