El país andino ha tenido ocho mandatarios en la última década. Expertos ahondan en el porqué de las destituciones y en el superpoder que concentra el Congreso.
El expresidente fue hallado culpable de conspiración, en el caso por el denominado autogolpe de Estado de 2022. Tres exministros también fueron condenados.
La inseguridad, el caso Rolex, los señalamientos de corrupción y el abandono de funciones fueron algunos de los argumentos detrás de la decisión del Congreso que selló la caída de Dina Boluarte.
La Cancillería de Perú acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de ideologizar el caso de Pedro Castillo y desconocer la Constitución peruana.
El expresidente de Perú no asistió a la audiencia programada para este 13 de marzo por quebrantos de salud, pese a que la diligencia judician siguió su curso.
Desde 1992, ocho presidentes en América Latina han sido destituidos a través de un juicio político. Los expertos explican por qué es una figura alejada de la realidad de la región
La nueva investigación se conoce la misma semana en que el Congreso tiene previsto decidir si iniciará un juicio político contra Boluarte, que llegó al poder hace apenas tres meses
El expresidente peruano es investigado por delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Se pide prisión preventiva por 36 meses en su contra
A Peruvian prison built specifically to host disgraced former presidents will soon run out of space if former leader Alejandro Toledo is extradited from the US as expected
Peru is used to political crises, with Pedro Castillo the fifth president imprisoned in three decades, but the country’s currency and bonds always seem to remain unscathed, to the envy of neighboring nations
Peru's legislative session ended Friday, with no date set for the next session and congress members agreeing to continue debates on early elections at the committee level
Fueron 59 los votos a favor del expediente que será enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que el Ministerio Público proceda con la acusación constitucional