El Departamento de Estado asumirá la responsabilidad de la programación de la agencia de ayuda y algunos empleados de USAID dispondrán de nuevos puestos de trabajo.
Las organizaciones sociales de la región reconocen el impacto positivo de USAID, pero también plantean que es una forma de “reparación” de EE.UU. y, tras el congelamiento de los recursos de ayuda exterior, trabajan para ser autosostenibles.
El juez ordenó a DOGE restablecer el acceso a los correos y otros sistemas electrónicos a los empleados y contratistas de USAID, incluso si han sido puestos en licencia.
Tras una revisión de seis semanas, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 10 de marzo que más del 80% de los contratos de USAID habían sido cancelados.
La Ley Federal de Registros de 1950 obliga a las agencias federales a preservar los registros y existen directrices estrictas sobre la destrucción de documentos.
El juez de distrito estadounidense Amir Ali, en Washington, emitió un fallo mixto sobre una medida cautelar solicitada por un grupo de organizaciones sin ánimo de lucro.
La medida acabará con la que una vez fue la mayor agencia de ayuda del mundo, a falta de una impugnación del Congreso, que codificó la existencia de USAID en la década de 1990.
En una orden emitida la semana pasada, el juez de distrito estadounidense Amir Ali dio a la administración 36 horas para pagar el trabajo realizado antes del 13 de febrero.
Latinoamérica se enfrenta a la disyuntiva de aprovechar los millonarios recursos disponibles en el mundo para inversiones de impacto, pero que no están siendo capitalizados en la actualidad.
La sede de la FTC, que alberga a los cinco comisionados y altos dirigentes de la agencia, se encuentra en un edificio gubernamental diferente, a pocas manzanas del edificio de la USAID.
Actuando poco después de que Trump presentara una solicitud de emergencia, Roberts emitió una suspensión administrativa que ponía en pausa la orden de un juez.
El fallo del jueves del juez de distrito estadounidense Amir Ali en Washington se produce en una de varias demandas que desafían las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.
La presión de la administración Trump para cerrar la agencia significa que no se puede avisar al ejército estadounidense de dónde operan los trabajadores humanitarios.
En total, se estima que hay casi US$500 millones de ayuda alimentaria de emergencia pagada por contribuyentes estadounidenses en riesgo de arruinarse por la congelación de toda la ayuda exterior.
