Crean comisión en Perú para ampliar y fortalecer proyectos de gas natural

Según la resolución suprema, la comisión multisectorial debe instalarse el miércoles 6 de octubre; día en que el presidente del Consejo de Ministros citó una reunión con el consorcio Camisea. Informe final debería presentarse el 31 de diciembre.

Crean comisión en Perú para ampliar y fortalecer proyectos de gas natural.
02 de octubre, 2021 | 07:25 AM

Lima — Tras casi una semana de idas y venidas sobre la posible renegociación con el consorcio Camisea, que generó incertidumbre y posiciones disonantes desde el Ejecutivo, el Gobierno oficializó la creación de una comisión multisectorial que busca “ampliar las reservas de gas natural y fortalecer la industria de los hidrocarburos para la masificación del gas” en el Perú.

De acuerdo a la resolución suprema publicada este sábado la comisión está bajo la secretaría general de Perúpetro, compañía estatal que busca promover la inversión en las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos y negociar, celebrar y supervisar los contratos del sector, así como los convenios de evaluación técnica.

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Esta es, de hecho, la entidad que debería encargarse de renegociar con el consorcio Camisea en representación del Estado; antes que el mismo presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien inició alertando que de no renegociar mejores utilidades para el Estado, el Gobierno apuntaría a una nacionalización del yacimiento gasífero a cargo de las firmas Sonatrach, Hunt Oil Company, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Pluspetrol.

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OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Según apunta la resolución, en aras de continuar con la masificación de gas natural a nivel nacional “resulta necesario crear una comisión multisectorial de naturaleza temporal, a fin de evaluar las acciones destinadas a ampliar las citadas reservas”.

Esto, precisa la norma legal, teniendo en cuenta que el Estado está impulsando proyectos de distribución de gas natural por red de ductos.

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La fecha de instalación de la comisión es el miércoles 6 de octubres, tres días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la norma (domingo). La fecha se alinea con el día de la reunión que ya han pactado las autoridades del Gobierno, lideradas por Bellido, con el consorcio Camisea, luego de que este lunes 27 de octubre el Ejecutivo formalizara vía escrita la intención de renegociar el contrato del gran campo gasífero ubicado en la región de Cusco.

“Hemos invitado (al consorcio) y el próximo miércoles tendremos una primera reunión, y a partir de ello desarrollar todas las acciones. Es una primera reunión”, dijo el jefe del Gabinete Ministerial en la semana.

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Dicha comisión, asimismo, tiene como misión evaluar los alcances y acciones para ampliar las reservas de gas natural en el país; fortalecer la industria de los hidrocarburos que permita su masificación a nivel nacional y viabilice el desarrollo de las actividades; e impulsar proyectos de gas natural en beneficio de todos los consumidores.

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En concreto, la comisión deberá elaborar un informe final que contenga la siguiente información:

  • La ampliación de las reservas de gas natural para el avance de su masificación a nivel nacional.
  • El desarrollo de la infraestructura de gas natural para el avance de su masificación en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.
  • Los mecanismos que permitan promover y garantizar la masificación del gas natural a nivel nación

Finalmente la norma establece que la comisión tendrá vigencia hasta el 24 de diciembre, víspera de Navidad. Culminado este plazo, el grupo de trabajo deberá entregar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) el informe final con la información necesaria.

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Además de contar con la presencia y secretaría general del presidente de Perúpetro, , en la comisión también se encuentran el primer ministro Guido Bellido, quien preside el grupo de trabajo; Iván Merino, ministro de Energía y Minas; Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas; Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo; Aníbal Torres, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Óscar Maúrtua, Canciller de la República; y Enrique Bisetti Solari, viceministro de Hidrocarburos.

La resolución suprema, además, lleva la firma del presidente Pedro Castillo.

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