Lima — Hasta el 30 de noviembre el Congreso de Perú tiene plazo para aprobar el presupuesto público del 2023, proyecto que ha sido cuestionado por el Poder Ejecutivo en medio de tensiones entre ambos poderes de Estado y mientras el gobierno de Pedro Castillo oficializa su interpretación de que el Parlamento le negó la cuestión de confianza.
Este lunes los ministros de Estado se dirigieron al Hemiciclo del Congreso de la República para iniciar el debate del proyecto de presupuesto del siguiente año, con la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, liderando la presentación a tres días de asumir el cargo.
Chávez es la quinta titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y asume el cargo tras la renuncia de Aníbal Torres. La salida de Torres se vio motivada por la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de rechazar de plano la cuestión de confianza que presentó el extitular de la PCM a principios de este mes de noviembre.
Pero la renuncia de Torres vino acompañada de la interpretación del Ejecutivo de que el Congreso ya le negó la primera cuestión de confianza solicitada, pese a que esta nunca fue discutida en el Pleno del Poder Legislativo. Según el acta de la última sesión extraordinaria del Consejo de Ministros del jueves 24 de noviembre, Torres -entonces primer ministro- remarcó que la decisión de la Mesa Directiva era “a todas luces una negación de la cuestión de confianza”.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el jueves por la noche que se realizaría una renovación en el Gabinete Ministerial tras la renuncia de Torres y hubo cambios en seis sectores. La crisis total del Gabinete se produce cuando el Congreso niega la confianza al Ejecutivo, tal como interpreta el gobierno de Castillo en este caso.
En el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros se puede leer también la interpretación de César Landa, quien ha presidido el Tribunal Constitucional. Para Landa, la decisión de la Mesa Directiva “debe ser reputada como arbitraria” y por ello “como una forma de denegatoria de la confianza”.
Ante esta interpretación que difiere de lo que considera el Congreso, con parlamentarios que hablan de una potencial violación constitucional que está cometiendo el Poder Ejecutivo, el conflicto entre ambos poderes del Estado peruano se agrava, pues si el Ejecutivo interpreta que se le negó la confianza en una segunda oportunidad, ello podría abrir la puerta a una disolución del Congreso.
Betssy Chávez, flamante titular de la PCM, debe buscar en menos de 30 días el voto de confianza del Congreso para ella y su Gabinete. En el ínterin, el Congreso presentará una demanda competencial contra el gobierno de Pedro Castillo por la interpretación que se le ha dado a la última cuestión de confianza.
PRESUPUESTO 2023: OTRO NUEVO CONFLICTO
En medio de esta crisis política que aqueja al Perú hace varios años, entre este lunes y hasta el miércoles se discutirá el proyecto de presupuesto público 2023 dictaminado por la Comisión de Presupuesto del Congreso. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha alertado en los últimos días que se han incorporado gastos adicionales que vulneran el equilibrio presupuestario, alertando incluso hoy que el Parlamento evalúe lo que aprobará.
“La Comisión de Presupuesto ha incorporado nueve disposiciones Complementarias Finales, que implican un gasto adicional de 1.164,4 millones de soles con cargo a la Reserva de Contingencia, los cuales no están previstos en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo en agosto”, sostuvo Burneo el último fin de semana.
En conversación con el dominical Punto Final, Burneo consideró que apelará por discusiones que permitan no incluir estos gastos adicionales que salen de las responsabilidades de la Reserva de Contingencia, pues incluir estos gastos “implica un desequilibrio claro que no tiene como contraparte la forma de financiarse”.
El ministro no respondió sobre si el gobierno de Pedro Castillo pediría cuestión de confianza por el proyecto de presupuesto del 2023, con el objetivo de lograr los cambios solicitados. No obstante, agregó que desde el Ejecutivo se está revisando el proyecto para considerar medidas de gasto adicional con contenido social de importancia.
“Apelo a la reflexión de los congresistas respecto a lo que está pasando y las implicancias nocivas para el país. Pero en el momento en que se toma venganza en el sentido de no agendar proyectos que implican la implementación del plan de reactivación en curso, obviamente que se está saboteando al país”, puntualizó Burneo.
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