Bloomberg Línea — El 31 de julio, una jueza federal del Distrito Norte de California aplazó hasta el 18 de noviembre de 2025 la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua.
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El TPS para Nepal expiraba el 5 de agosto de 2025 y el de Honduras y Nicaragua el 8 de septiembre de 2025. A las tres designaciones solo se les había concedido un periodo de transición de 60 días, en contraste con la práctica habitual de la agencia de conceder al menos seis meses.
La jueza federal de distrito, Trina Thompson, en San Francisco, estuvo de acuerdo en que los demandantes demostraron que había suficiente animadversión racial detrás de la decisión y que la administración Trump no había hecho una “revisión objetiva de las condiciones del país” antes de poner fin a las protecciones.
“Al estereotipar el programa TPS y a los inmigrantes como invasores criminales, y al resaltar la necesidad de una gestión de la migración, las declaraciones de la secretaria Noem perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones de inmigrantes reemplazarán a la población blanca”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puso fin al TPS para Nepal en junio y para Nicaragua y Honduras en julio.
Cada país fue designado inicialmente después de desastres naturales, como el huracán Mitch que devastó a los países centroamericanos en 1998, pero las protecciones también se pueden ofrecer a personas que no pueden ser deportadas a su país de origen debido a disturbios civiles.
Las medidas requerirían que 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses que han estado en EE.UU. durante unos 25 años abandonen el país en septiembre. Unos 7.000 ciudadanos nepalíes también perderían protecciones en solo unos días.
El actual gobierno ha dicho que el programa se ha desviado mucho más allá de su intención original, convirtiendo lo que se suponía que eran protecciones temporales en esencialmente permanentes.
Sin embargo, Thompson, jueza designada por el expresidente Joe Biden, argumentó que la eliminación del TPS provocaría la separación de familias y una pérdida económica estimada en US$1.400 millones para el Gobierno, además de recortar aportes fiscales, así como las contribuciones al Seguro Social y Medicare.
¿Qué sigue ahora para los “tepesianos”?
La orden judicial de Thompson pospone las terminaciones hasta el 18 de noviembre, cuando el tribunal celebrará una audiencia de méritos para determinar si se justifica una extensión del aplazamiento.
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La orden tiene un alcance nacional, de conformidad con una disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo que faculta a los tribunales a posponer las acciones de la agencia mientras continúa el litigio que impugna la acción.
Está previsto que el Gobierno apele la decisión del tribunal de distrito. Sin embargo, si el aplazamiento permanece vigente el 5 de agosto y el 8 de septiembre, las fechas anteriores de terminación de la designación de TPS, el DHS tendría que brindar orientación sobre cómo los beneficiarios pueden documentar su estatus migratorio y permiso de trabajo hasta el 18 de noviembre.
La abogada de inmigración Kathia Quiros explicó en una publicación en Facebook que quienes ya cuentan con TPS mantengan su dirección actualizada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y estén atentos a la apertura del portal para completar el proceso de re-registro.
También advirtió sobre la importancia de consultar con un abogado antes de entregar formularios o aceptar ayuda de terceros, para evitar fraudes o gestiones incorrectas.
En X, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reiteró el compromiso de su Gobierno con los beneficiarios del TPS. “Mi equipo de gobierno acompañará en forma total, constante y firme, la defensa de sus derechos”.
El fallo llega en un momento en que las remesas familiares enviadas desde EE.UU. hacia Centroamérica muestran un crecimiento notable, impulsado, según analistas, por el temor de los migrantes a ser deportados.
Honduras registró un aumento de un 25% en el primer semestre de 2025, totalizando US$5.799,7 millones, mientras que Nicaragua recibió US$1.943,3 millones entre enero y abril, un 22,2% más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los respectivos bancos centrales.
En otro fallo, la jueza Jia Cobb prohibió el 30 de julio las “deportaciones exprés” de personas con parole humanitario de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Con ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) debe iniciar un proceso formal ante un juez de inmigración antes de ejecutar cualquier expulsión.
