Bloomberg Línea — Con el argumento de reforzar la soberanía, combatir delitos transfronterizos y proteger la integridad regional, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó recientemente la Ley de Territorio Fronterizo.
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La Ley 1258, que declara propiedad estatal una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país, fue aprobada el 5 de agosto, con el respaldo total de los diputados afines a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De acuerdo con la exposición de motivos, la nueva legislación establece un marco jurídico “estratégico y claramente delimitado” que busca prevenir la injerencia extranjera y combatir amenazas como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
Además, deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras (749), publicada en La Gaceta en 2011, y afirma el control de Estado sobre zonas consideradas ″sensibles y prioritarias para el desarrollo, la seguridad y la paz".
En medios afines al oficialismo, el Gobierno sandinista dijo que países “como México, Brasil, Rusia o India han establecido disposiciones para resguardar sus zonas fronterizas, reconociendo que allí se libra una de las principales batallas contra el crimen transnacional”.
Sin embargo, el fin de semana, Estados Unidos, a través de su Bureau de Asuntos del Hemisferio Occidental, no solo calificó la nueva legislación como una “confiscación masiva” que “devasta decenas de comunidades y pone en riesgo las vidas y sustento de miles de personas”, sino que por primera vez se refirió al régimen Murillo-Ortega, invirtiendo el orden usual.
Ese detalle no ha pasado desaparecido. Según el abogado nicaragüense Flavio Cárdenas, en una columna publicada en el portal La Mesa Redonda, el cambio es mucho más que retórico: “es una bofetada simbólica al ego de Daniel Ortega”, que reconoce “el hecho incontestable: Rosario Murillo es quien verdaderamente tiene las riendas del poder”.
La Administración Trump también lanzó una advertencia a posibles inversionistas: “Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado”.
Municipios afectados con la nueva ley
Mientras que la Unidad Nacional Azul y Blanco, una coalición de movimientos sociales y políticos de Nicaragua fundada en octubre de 2018, calificó la ley como “un atentado contra la propiedad privada”.
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En un comunicado emitido el 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la organización política también advirtió que la medida “vulnera la seguridad e integridad de los pueblos indígenas y sus territorios, así como la de todos los grupos que habitan en las zonas fronterizas de nuestro país”.
En su canal de YouTube, la historiadora e investigadora nicaragüense Dora María Téllez denunció que la ley es una “confiscación total” de 18.000 kilómetros cuadrados en la franja fronteriza del país, afectando directamente a 27 municipios desde Chinandega hasta la Región Autónoma del Caribe Norte.
“Ni siquiera es expropiación, porque tampoco establece ninguna compensación, sino que es confiscación lista y llana”, afirmó, tras advertir que la nueva normativa pone en riesgo inmediato viviendas, fincas, negocios y tierras indígenas, que podrían ser inscritas a nombre del Estado sin previo aviso a sus legítimos propietarios.
Téllez, expulsada de Nicaragua en febrero de 2023, también relacionó la aprobación de la ley con intereses económicos de la familia Ortega Murillo y sus presuntos socios internacionales.
La mítica exguerrillera aseguró que, días antes de que se aprobara la norma, el régimen otorgó dos concesiones mineras masivas en la Reserva Indio Maíz a la empresa china Thomas Metal, lo que considera una señal de que el objetivo principal es facilitar proyectos extractivos a costa del despojo de comunidades indígenas y campesinas. “Esta es la última amenaza a la vida, a las propiedades y a la condición de la familia del pueblo nicaragüense”.
Durante la discusión del proyecto de ley en el Legislativo, el diputado Edwin Castro dijo que “toda la zona fronteriza delimitada a 15 kilómetros de la frontera queda como propiedad exclusiva del Estado nicaragüense. Es decir, esto no afecta a ningún nicaragüense que esté establecido en esta zona. Él sigue desarrollando su vida normal, pero esta es una zona controlada por el Estado nicaragüense para asegurar la paz, la seguridad, la integridad territorial de todos”.
