Bloomberg Línea — La muerte del opositor nicaragüense Mauricio Alonso Petri mientras se encontraba bajo custodia estatal ha provocado condenas desde la sociedad civil y la comunidad internacional.
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Estados Unidos responsabilizó directamente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por lo ocurrido y advirtió que “no tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen”.
En redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. expresó estar “horrorizada por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega” y añadió que Petri fue “detenido injustamente y mantenido incomunicado durante un mes, hasta su muerte”.
Este hecho ocurrió “bajo la mirada” de los copresidentes nicaragüenses y “Estados Unidos ni tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen”, advirtió en el mismo pronunciamiento.
Según denuncias de organizaciones opositoras como el Instituto Segovia para el Liderazgo, Alonso, de 64 años, fue detenido arbitrariamente la madrugada del 18 de julio, como parte de una operación policial coordinada que había comenzado la noche anterior.
Mientras que su esposa fue puesta en libertad ese mismo día, él y su hijo, Mauricio Alonso Estrada, permanecieron detenidos junto con al menos otras seis personas, entre ellas, el pastor protestante Rudy Palacios Vargas, fundador de la Asociación Eclesiástica La Roca de Nicaragua, quien se cree que era el principal objetivo de las redadas, sus hermanas Arely Palacios Vargas y Jéssica Palacios Vargas, sus esposos Pedro José López y Armando José Bermúdez Mojica, y la amiga de la familia Olga María Lara Rojas.
Según la organización defensora de libertad religiosa Christian Solidarity Worldwide (CSW), el pastor Palacios Vargas ha sido un crítico abierto del gobierno desde las protestas de 2018, cuando condenó el uso de la violencia por parte del gobierno contra los manifestantes, la mayoría de los cuales eran estudiantes.
En 2019, la Asociación de la Iglesia La Roca de Nicaragua, que mantenía seis sucursales en Carazo y otros departamentos de la costa del Pacífico, fue despojada arbitrariamente de su estatus legal.
El grupo fue inicialmente recluido en régimen de incomunicación en el 3er Distrito de Policía. Desde entonces, la familia no obtuvo información oficial sobre su paradero, pese a múltiples intentos en cárceles y hospitales. Finalmente, el lunes 25 de agosto, el Instituto de Medicina Legal contactó a los familiares para que recogieran el cuerpo sin vida del activista.
El Instituto Segovia calificó la muerte como un “crimen de lesa humanidad” y denunció que se trata de otro caso de muerte bajo custodia en las cárceles nicaragüenses.
¿Quién era Mauricio Alonso Petri?
Alonso fue un defensor de la libertad religiosa y dirigente local del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actualmente Unámonos.
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“Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a adoptar medidas políticas, diplomáticas y financieras firmes y efectivas para presionar al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos”, dijo el partido político en un pronunciamiento en redes sociales.
En un comunicado, el Movimiento Carazo Azul y Blanco expresó su indignación por la muerte del líder jinotepino y exigió la “liberación inmediata” de su hijo “y de todos los presos políticos que continúan padeciendo torturas, tratos crueles e inhumanos bajo el cautiverio del régimen”.
De acuerdo con 100% Noticias, amigos de Alonso denunciaron este martes que el régimen Ortega-Murillo impuso un entierro exprés, sin velación y sin autopsia independiente tras 38 días de arresto.
Hasta mediados de julio, al menos 54 personas eran consideradas presas políticas en Nicaragua, incluidos adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. La cifra es respaldada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y de derechos humanos, con Ortega y Murillo en el poder desde 2007.
