Bloomberg Línea — Estados Unidos está imponiendo restricciones de visado a las personas en Nicaragua que han permitido la inmigración ilegal al país, dijo el Departamento de Estado.
Ver más: Nicaragua aprueba zonas económicas alineadas con China en plena tensión con EE.UU.
Las sanciones incluyen a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos “que brindan servicios para asistir a extranjeros que tienen la intención de inmigrar ilegalmente a Estados Unidos”.
El Departamento está revocando visados actualmente válidos e imponiendo otras restricciones para garantizar que estas personas no puedan ingresar a Estados Unidos, según un comunicado firmado por Tommy Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, sin ofrecer más detalles.
“Las investigaciones indican que las entidades que representan estos individuos facilitaron el viaje a través de Nicaragua, facilitado por las políticas migratorias permisivas por diseño de la dictadura nicaragüense que desestabilizan la región y empujan la inmigración ilegal a Estados Unidos”, añadió.
“Quienquiera que ayude a extranjeros a cruzar ilegalmente nuestra frontera está advertido: Rendirá cuentas”, dijo la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en X.
En abril, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio., anunció restricciones de visa a 250 altos funcionarios de Nicaragua, totalizando más de 2.000 personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “que ha privado al pueblo de Nicaragua de sus libertades fundamentales y han forzado a tantos al exilio”.
En la mira de EE.UU.
Desde su regreso a la Casa Blanca, la administración Trump ha llevado a cabo una ofensiva masiva contra la inmigración ilegal. En los primeros nueve meses de 2025, al menos 4.625 nicaragüenses fueron deportados de Estados Unidos, unos 629 connacionales más que los retornados en 2024. según un análisis de Confidencial.
Ver más: EE.UU. califica como “confiscación masiva” nueva ley territorial de Nicaragua
A ello se suma que EE.UU. puso fin al estatus de protección temporal (TPS) para Nicaragua, un programa que desde 1998 beneficiaba a unos 2.910 nicaragüenses con autorizaciones de trabajo y protección temporal frente a la deportación.
Además, a principios de este año, el Gobierno estadounidense revocó el programa de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), lo que puso a más de 500.000 personas en riesgo de deportación.
Al par de las medidas en materia de migración, este 19 de noviembre, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) cerrará una fase de consulta pública de su investigación, que concluye que los “actos, políticas y prácticas” del régimen son “irrazonables y cargan o restringen el comercio estadounidense”, según la determinación emitida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El informe que la oficina lleve al Despacho Oval podría suponer la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta-DR), además de la imposición de aranceles de hasta el 100%, debido a las violaciones de derechos laborales y humanos.
