Bloomberg — La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió el jueves 21 de noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Las órdenes de arresto emitidas por la sala involucran “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de arresto”.
Según precisó la CPI en un comunicado oficial, las órdenes de arresto están clasificadas como “secretas” para proteger a los testigos y salvaguardar el desarrollo de las investigaciones. “Sin embargo, la Sala decidió divulgar la información”, ya que se estarían produciendo conductas similares a las señaladas en las órdenes de arresto. Además, “la Sala considera que es en interés de las víctimas y sus familias que se les informe de la existencia de las órdenes”.
Una orden de arresto más fue emitida contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, líder de Hamás, comúnmente conocido como «Deif». “Con respecto al Sr. Deif, la Fiscalía indicó que seguiría reuniendo información con respecto a su supuesta muerte”, razón por la que se emitió la orden de captura, pues la Sala no estaba en condiciones de determinar si seguía con vida o había sido asesinado.
El anuncio de la Corte, con sede en La Haya, se produce tras una solicitud en mayo por el fiscal jefe de la CPI de órdenes de detención por cargos relacionados con el ataque del 7 de octubre a Israel por el grupo militante Hamás y la respuesta militar israelí en Gaza.
Para emitir las órdenes de captura, en el caso de Netanyahu y su exministro de defensa, y en relación con los crímenes, la Sala encontró que son cada uno de ellos responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: “el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
Y se agregó: “La Sala también encontró motivos razonables para creer que el Sr. Netanyahu y el Sr. Gallant tienen cada uno responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil”.
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El gobierno israelí ha negado repetidamente las acusaciones y ha dicho que sus operaciones contra Hamás, designada organización terrorista por Estados Unidos, cumplen con las leyes internacionales.
“Israel rechaza las acciones y acusaciones absurdas y falsas de la CPI”, dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado después de que se emitieran las órdenes de arresto. “Ninguna decisión antiisraelí impedirá a Israel proteger a sus ciudadanos”.
Muchos de los aliados occidentales de Israel, entre ellos el Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá, son signatarios de la CPI, lo que significa que están obligados a arrestar a Netanyahu y Gallant si visitan el país, pero no hay nada que los obligue a tomar esa medida.
Los líderes de Holanda y Canadá, por ejemplo, señalaron que respetarían las órdenes judiciales. Al mismo tiempo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, dijo que la decisión de la CPI era “vergonzosa” y el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su “profundo desacuerdo“, pero ambos aliados de Netanyahu no llegaron a decir que ignorarían las órdenes judiciales.
Estados Unidos, principal aliado de Israel, no es signatario y ha rechazado la autoridad del tribunal.
“La emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra dirigentes israelíes es indignante”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado. “Permítanme ser claro una vez más: independientemente de lo que pueda insinuar la CPI, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamás. Siempre apoyaremos a Israel frente a las amenazas a su seguridad”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el jueves que el fiscal no le dio a Israel una “oportunidad significativa” para interactuar en medio de otros “errores de proceso preocupantes”.
Israel quiere que la administración Biden adopte una línea dura respecto a la CPI e imponga sanciones que prohibirían a su personal ingresar a Estados Unidos, entre otras medidas, según un funcionario israelí que pidió no ser identificado porque se trata de deliberaciones privadas.
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Si Biden no actúa, Israel espera que lo haga el presidente electo Donald Trump. Otras ideas que se están discutiendo incluyen sancionar a los países que se adhieran a la orden de arresto de la CPI, dijo el funcionario.
El representante Michael Waltz, a quien Trump ha elegido como su asesor de seguridad nacional, respondió al anuncio de la CPI diciendo que el tribunal “no tiene credibilidad”.
“Se puede esperar una fuerte respuesta al sesgo antisemita de la CPI” en enero, cuando Trump asuma el cargo, dijo Waltz en X.
‘Derecho a defenderse’
El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que la decisión no tiene en cuenta la difícil situación de los aproximadamente 100 rehenes que aún se encuentran retenidos por Hamas ni el uso de civiles como escudos humanos por parte del grupo.
“Ignora el hecho básico de que Israel fue atacado brutalmente y tiene el deber y el derecho de defender a su pueblo”, dijo Herzog en X. “Ignora el hecho de que Israel es una democracia vibrante, que actúa bajo el derecho humanitario internacional y hace todo lo posible para satisfacer las necesidades humanitarias de la población civil”.
La CPI tiene jurisdicción únicamente sobre los Estados que son signatarios de su tratado fundacional. Israel, al igual que China, Estados Unidos y Rusia, se encuentran entre los países que no son signatarios, mientras que el “Estado de Palestina” (que comprende Gaza y Cisjordania) sí lo es.
El tribunal rara vez emite órdenes de arresto contra líderes en funciones. El año pasado, emitió una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra relacionados con la presunta deportación de niños de Ucrania. Si bien esto ha hecho que Putin se muestre receloso de viajar a los países signatarios, en septiembre visitó Mongolia , que enfrentó críticas internacionales por no hacer cumplir la orden.
A principios de este año, la fiscalía de la CPI ordenó poner fin a los intentos de amenazar a los funcionarios judiciales, sin especificar quién está tratando de interferir en sus investigaciones.
- Con información de Bloomberg News.
