Bloomberg — Los legisladores demócratas presentaron el lunes un proyecto de ley para impedir que los inversores utilicen Puerto Rico como paraíso fiscal de las criptodivisas, una propuesta que probablemente no avance sin el apoyo de los republicanos y mientras el Congreso da prioridad a la prórroga de los recortes fiscales de 2017.
Bajo las leyes actuales, los inversores cualificados que viven en el Estado Libre Asociado de EE.UU. no están obligados a pagar impuestos locales o federales sobre las ganancias de capital, incluida la apreciación de las criptodivisas. Esa exención fiscal, que forma parte de un paquete más amplio de incentivos fiscales conocido como Ley 60, ha convertido a la isla en un paraíso para miles de entusiastas de las divisas digitales.
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El proyecto de ley presentado por la representante de Nueva York, Nydia Velázquez, y otros legisladores demócratas llega en un momento en que el presidente Donald Trump ha estado abrazando el cripto y ha prometido recortar drásticamente las regulaciones que afectan a los activos digitales.
Si se aprueba, la Ley de Fiscalidad Justa de los Activos Digitales en Puerto Rico de 2025 añadiría una nueva sección al Código de Rentas Internas que haría que los ingresos por activos digitales en la isla estuvieran sujetos a las normas federales.
En una declaración a Bloomberg News, Velázquez dijo que el proyecto de ley cerrará una laguna crítica, “asegurando que todos jueguen con las mismas reglas”.
“Esta oleada de criptoinversores no ha ayudado a la recuperación de Puerto Rico ni ha fortalecido la economía local”, dijo Velázquez. “Por el contrario, ha disparado los costes de la vivienda, ha expulsado a los residentes locales y ha añadido presión a una isla en la que casi el 40% de la población vive en la pobreza, todo ello mientras le cuesta al gobierno federal miles de millones en ingresos fiscales perdidos.”
Según la oficina de Velázquez, Puerto Rico perderá unos US$4.500 millones en ingresos entre 2020 y 2026 debido a las exenciones fiscales para los inversores ricos.
A principios de este mes, la gobernadora Jenniffer González presentó un paquete de medidas que ampliaría los beneficios de la Ley 60 hasta 2055, pero también exigiría a los nuevos solicitantes de los incentivos que paguen un 4% sobre las ganancias de capital.
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Por el contrario, los poseedores de criptodivisas en EE.UU. continental podrían pagar hasta un 20% y un 37% sobre las ganancias de capital a largo y corto plazo, respectivamente, según la oficina de Velázquez.
Los defensores de las criptomonedas afirman que las exenciones fiscales están atrayendo a la isla en apuros a personas con grandes patrimonios y experiencia en tecnología financiera. Entre los que consideran Puerto Rico su hogar se encuentran Dan Morehead, CEO de Pantera Capital, una firma de inversión centrada en las criptomonedas; el criptoevangelista Brock Pierce; y la celebridad de YouTube y en ocasiones promotor de activos digitales Jake Paul.
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