Bloomberg Línea — La minería ilegal de oro se ha transformado en una amenaza creciente en Latinoamérica, generando impactos en la seguridad regional, los derechos humanos y el medioambiente, según un informe de la Coalición para la responsabilidad financiera y la transparencia corporativa de Estados Unidos (FACT).
Perú es considerado el epicentro de la crisis de la minería ilegal de oro en la región y junto con Colombia son los países en donde esta actividad ya genera más ganancias para los grupos del crimen organizado que la cocaína.
“La minería ilegal de oro es una crisis regional que socava el Estado de derecho, daña el medioambiente y alimenta el crimen organizado”, dijo Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la Coalición FACT.
Perú representa aproximadamente el 44 % del comercio ilícito de oro de la región, una proporción significativamente mayor que la de Colombia (25 %) y Bolivia (12 %).
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En Perú este fenómeno ha sido alimentado por los precios elevados, minería informal y redes de contrabando transnacional, de acuerdo a esta alianza no partidista conformada por más de 100 organizaciones que trabajan por un sistema tributario justo y para combatir las prácticas financieras corruptas.
Según FACT, Estados Unidos sigue siendo un mercado importante para el oro peruano, con exportaciones cercanas a los US$1.000 millones en 2023.
En Perú, las exportaciones de oro ilegal se calculan en unos US$4.800 millones anuales.
En el caso colombiano, gran parte del oro de la minería ilegal se blanquea a través de empresas fantasma y refinerías cómplices, para luego ser canalizado a los mercados financieros e inmobiliarios estadounidenses, “explotando estructuras de propiedad poco transparentes para mantener el anonimato”.
Entre los actores más dominantes en el comercio ilegal de oro en Colombia se encuentra el Clan del Golfo, una poderosa red criminal que controla operaciones mineras en la región del Darién.
Estados Unidos también es el mayor comprador de oro colombiano, con importaciones que totalizaron aproximadamente US$1.400 millones en 2023, de las cuales se estima que el 80 % proviene de la minería ilegal.
Venezuela y Ecuador también sufren por el oro ilegal
En Venezuela, la minería ilegal de oro genera alrededor de US$2.200 millones al año, sirviendo como “un salvavidas financiero para un régimen corrupto y autoritario”, según el reporte.
FACT indica que entre el 86 % y el 91 % del oro de Venezuela se produce de manera ilegal, a menudo bajo el control de élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales.
Además, hasta el 70 % de esta producción, valorada en más de US$4.400 millones en 2021, “es contrabandeada y blanqueada en el extranjero a través de empresas fantasma y cadenas de suministro opacas”.
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Y en Ecuador, los ingresos del oro ilegal podrían alcanzar los US$1.000 millones anuales, según funcionarios gubernamentales.
En el país, dice el informe, “la minería ilegal de oro se ha convertido en una crisis total. Pandillas criminales, como Los Lobos y otros grupos, han infiltrado zonas mineras remotas, utilizando maquinaria pesada que arrasa grandes extensiones de selva y contamina los ríos con mercurio tóxico”.
Mientras tanto, grupos criminales violentos y organizados como Los Choneros, en Ecuador, obtienen aproximadamente US$1 millón al mes de la minería ilegal.
La responsabilidad de EE.UU.
En Estados Unidos, el oro ilegal ya tiene impacto directo: solo en el aeropuerto de Miami se ha detectado más de una tonelada en tres años, y a nivel nacional grupos criminales lo usan para lavar dinero, evadir sanciones, financiar regímenes adversarios y vulnerar la ley.
“Afortunadamente, existen muchas oportunidades para que Estados Unidos actúe. (...) la minería ilegal de oro se ha convertido en una crisis demasiado grande como para que Estados Unidos la ignore”, indica la Coalición.
FACT señala que, si EE. UU. fortalece la supervisión, cierra vacíos legales y recupera su capacidad de hacer cumplir la ley, puede hacer que la minería ilegal deje de percibirse como un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad para el crimen organizado.
“Con importantes deficiencias en nuestras regulaciones contra el lavado de dinero y políticas comerciales, Estados Unidos se ha convertido en un centro para el producto de este delito, fortaleciendo así a redes criminales y regímenes autoritarios”, comentó Julia Yansura.
En su opinión, “la minería ilegal de oro no es solo un problema ambiental, sino también de seguridad”, por lo que “Estados Unidos debe tomar medidas más decisivas para detener estos flujos ilícitos de oro que financian actividades delictivas y regímenes autoritarios”.
Las propuestas de FACT contemplan aprobar la Ley de Asociación para la Minería y el Oro Legal de EE.UU., que definiría una estrategia plurianual contra los impactos de la minería ilegal en el hemisferio.
También sugiere incluir la minería ilegal de oro como delito subyacente de lavado de dinero, para facilitar que fiscales persigan las ganancias ilícitas.
Considera clave combatir el contrabando transfronterizo incorporando el oro al umbral de US$10.000 para declaraciones de divisas.
Pide crear un régimen de sanciones específicas por delitos ambientales, entre ellos la minería ilegal de oro.
Según FACT, también es importante implementar plenamente la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) para impedir el uso de empresas anónimas en el comercio ilícito de oro.
Y además pide restaurar la financiación internacional que EE.UU. había recortado, con el fin de apoyar proyectos de lucha contra esta actividad.
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