Buenos Aires — Mientras el proyecto de ley para incentivar el ingreso de dólares y ahorros no declarados al sistema formal permanece paralizado en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei presiona a bancos para que interpongan menores trabas a clientes a la hora de operar. Desde las entidades financieras, sin embargo, aseguran que hasta que no haya una ley que modifique el esquema vigente, deben pedir la presentación de cierta documentación.
La iniciativa fue presentada meses atrás por la administración de La Libertad Avanza como una herramienta para atraer divisas a la formalidad. Por el momento, el avance legislativo aún se hace esperar y desde La Libertad Avanza dejan entrever las dificultades que se han encontrado para que sea tratado en el corto plazo.
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Según consignó días atrás el diario La Nación, el titular de ARCA, Juan Pazo, reconoció durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que el oficialismo aún busca apoyos para aprobar el proyecto. “Sería muy importante tener el apoyo de parte de ustedes para que este tipo de proyectos se traten en el Congreso, porque son realmente los que nos pueden ayudar a cambiar la Argentina y no tienen distinción política. De hecho, políticamente es absurdo que no lo estén apoyando, porque tuvimos 18 gobernadores que adhirieron al régimen y hoy se traba por cuestiones que son absolutamente ajenas al Poder Ejecutivo”, dijo.
A diferencia de otras iniciativas clave del oficialismo, el blanqueo no fue promovido activamente por el partido libertario ni en comisiones ni en la agenda parlamentaria. Sin presión desde el Ejecutivo ni un marco de negociación sólido, el proyecto quedó en pausa.
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El contexto político tampoco favorece. El Gobierno entró en tensión con varios gobernadores que en su momento le sumaron votos clave. El nuevo clima resquebrajó los puentes que podrían haber facilitado acuerdos para avanzar con otras normas fiscales, entre ellas la iniciativa para ingresar divisas al circuito formal.
Al mismo tiempo, la alianza incipiente con el PRO —que comenzó a definirse en torno a las listas para las elecciones de medio término— reconfigura el tablero interno del oficialismo, lo que dificulta articular una estrategia legislativa clara.
Así, el plan del “dólar colchón” quedó atrapado. A ello se suma el comienzo del receso de invierno en el Congreso, con lo cual, posiblemente hasta agosto no haya novedades en el ámbito parlamentario.
Crece la tensión entre el Gobierno y los bancos
En las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó a los bancos en redes sociales. En su cuenta de la red social X respondió la publicación de un usuario que se quejaba de que las entidades financieras “no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno”, dado que “siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones”.
El titular del Palacio de Hacienda contestó: “No se los den. Gracias por el feedback. Ya hemos recibido varios en el mismo sentido. Vamos a hablar con los bancos".
Además, apuntó: “Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”.
Sin embargo, desde el sector aseguran que su accionar responde a la ley vigente. Personas de dos de los principales bancos privados del país ejemplificaron que para otorgar un préstamo se utiliza la información que ya se encuentra disponible en el sistema, aunque, en el caso de que el cliente solicitara un monto mayor, se solicitará los ingresos que respalden ese pedido.
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Además, aseguran que aún sigue intacta la normativa de lavado de dinero, con lo que si no se justifican los orígenes de los fondos, se debe realizar un reporte de operaciones sospechosas para que luego la UIF resuelva el caso.
De esa manera, remarcan que hasta que no haya una ley que modifique el esquema actual dispuesto por el Banco Central, la UIF y ARCA, se continuará con la misma modalidad.
Destacan también que sus operaciones están en línea con el marco regulatorio aplicable en materia financiera, cambiaria y de prevención de lavado de activos.
Si bien aseguran que hay diálogo permanente, aclararon a este medio que, hasta el momento, ningún representante del Ejecutivo se contactó tras el reclamo de Caputo en redes sociales.
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