Buenos Aires — Tenedores de bonos argentinos vinculados al crecimiento de la economía, mejor conocidos como “cupón PBI”, presentaron este lunes una demanda en una corte federal de Estados Unidos para hacer cumplir fallos judiciales británicos que ordenan a Argentina pagar US$1.500 millones por obligaciones impagas desde 2014. Los bonistas sostienen que el país no podrá acceder a mercados internacionales de deuda hasta resolver esta deuda pendiente.
La acción judicial busca el reconocimiento en el Distrito de Columbia de sentencias emitidas por el Tribunal Superior inglés y la Corte de Apelaciones, que se volvieron definitivas el 14 de octubre de 2024, cuando la Corte Suprema británica rechazó el último recurso de Argentina. Desde entonces, el gobierno de Javier Milei no ha presentado propuestas de pago ni respondido a ofertas de los demandantes, según Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, el estudio que representa a los bonistas.
El juicio contra Argentina fue iniciado y ganado en Londres por hedge funds que incluyen a Palladian Partners LP. Su argumento central fue que, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se implementaron cambios en la metodología para calcular el PBI, ocasionando pérdidas para los tenedores de los títulos de renta fija en cuestión.
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El gobierno argentino no respondió a la consulta de Bloomberg Línea sobre el caso.
El programa del FMI de Argentina establece un objetivo explícito de retorno al acceso a mercados internacionales, objetivo que los demandantes apoyan. Sin embargo, argumentan que “no debería haber, ni puede haber en la práctica, acceso al mercado hasta que Argentina resuelva su incumplimiento”, de acuerdo al fallo de la Justicia Británica.
Tras haber enfrentado lo que llamó un “triple default” por gobiernos previos, los tenedores del cupón PBI presentemente están lidiando con la posibilidad de un “cuarto incumplimiento, esta vez por la administración Milei”.
El fallo británico se sumó en octubre a otras sentencias en contra de la Argentina. Entre ellas, la más inquietante para las arcas públicas es la de la Jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordenó al soberano a pagar unos US$16.000 millones por la mala praxis del Estado durante la expropiación de la participación controlante de la petrolera YPF.
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En mayo del 2024, los abogados del Gobierno argentino argumentaron ante tribunales británicos que el país tendría dificultades para cumplir con parte de su deuda si debía pagar los daños relacionados con el cupón PBI, según reportó Bloomberg News.
Desde entoncers, el panorama financiero del país ha cambiado significativamente, con un riesgo país que ha disminuido desde los 1.224 puntos el 1 de mayo de 2024 a 726 puntos el viernes, 20 de junio de este año.
Fruto principalmente del nuevo programa con el FMI, las reservas netas del Banco Central (BCRA) pasaron de un rojo neto en torno a los US$2.300 millones a mediados del quinto mes de 2024 a un verde de US$7.500 millones al cierre de la semana pasada.
En abril acordó con el FMI un nuevo programa de Facilidades Extendidas por US$20.000 millones a 48 meses.
Los bonistas alegan que Argentina hizo declaraciones incorrectas al organismo multilateral sobre estar en negociaciones activas para resolver los fallos británicos, cuando en realidad “tales negociaciones no están en curso“.
