Bloomberg — A primera hora de cada mañana, el argentino promedio compra un diario, enciende un cigarrillo y, mientras hojea las páginas y resopla, descuelga el teléfono de la pared para hacer una llamada.
Bueno, al menos eso es lo que parecen creer los estadísticos del Indec. Los cigarrillos, los periódicos y los teléfonos fijos siguen siendo componentes clave del índice de precios al consumidor (IPC) del país en la actualidad.
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Por eso, son cada vez más frecuentes los llamamientos al gobierno del presidente Javier Milei para que revise la composición de la canasta por primera vez en veinte años, eliminando los artículos obsoletos y sumando otros nuevos que se han hecho imprescindibles, como, por ejemplo, el iPhone o las suscripciones a Netflix.
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Según la mayoría de los economistas, un índice renovado mostrará una inflación superior a la actual, que se sitúa en torno al 2,5% mensual. Varios estudios así lo indican, y los índices elaborados por ciudades y provincias, entre ellas Buenos Aires, se sitúan sistemáticamente por encima de la lectura nacional.
El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) admitió el año pasado que había que modificar el índice. Pero, transcurridos seis meses, nada ha cambiado.
Para Milei y su equipo económico, una actualización podría ser problemática, especialmente antes de las elecciones intermedias programadas para octubre. En teoría, su progreso es notable: la inflación anual se situó en el 66,9% en febrero, frente al 276,2% del año anterior, según el Indec.
Por lo tanto, hacer cualquier cosa que pueda socavar su victoria sobre la inflación, la principal fuente de índices de aprobación sorprendentemente sólidos, le da que pensar a Milei. Además, un nuevo índice podría significar mayores pagos de bonos indexados a la inflación, la principal fuente de financiamiento del gobierno.
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En Argentina, donde la inflación descontrolada ha sido la norma durante décadas, la gente desconfía naturalmente de los datos oficiales, en parte debido a un escándalo ocurrido hace una década en el que el gobierno ordenó a los funcionarios del Indec que informaran menos sobre los aumentos de precios al consumidor.
Y por más aliviados que estén por la reciente desaceleración de la inflación, muchos creen que los precios están subiendo a un ritmo más rápido de lo que indican los datos del INDEC.
“La inflación está bajando, pero los precios siguen subiendo”, dice Ángel Santos, de 66 años, superintendente de edificios en Buenos Aires.
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Santos está sintiendo la presión a nivel personal, con el aumento de los costos de prácticamente todo lo que consume: transporte, ropa, carne, huevos y lácteos. “Algunos bienes y materiales de construcción se han estabilizado, pero todo lo que necesito sigue subiendo”, dice. “Y ya hay medicamentos que no puedo pagar”.
A pesar de los esfuerzos de Milei por reducir drásticamente la inflación, los altos precios siguen siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos, según una encuesta reciente de Atlas Intel.
Alrededor del 42% de los encuestados afirma que la inflación es el mayor problema del país, lo que indica que la crisis del costo de vida está lejos de terminar.
Los sindicatos que representan a los trabajadores del sector público y privado afirman que la inflación “real” es entre 10 y 22 puntos porcentuales más alta al año que las cifras oficiales.
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El director del Indec, Marco Lavagna, anunció en septiembre que la canasta se actualizaría dos meses después. “Estamos en la fase final de prueba. Debemos ser muy cuidadosos con el momento en que realizamos los cambios”, declaró Lavagna a la emisora local Radio 10 en aquel momento. “Pero no va a cambiar mucho”.
La Central de Trabajadores de la República Argentina (CTA) ha elaborado su propio cálculo, utilizando la ponderación de la última encuesta del Indec de 2017, pero con información de precios diferente. Según esta fórmula, la tasa de inflación debería ser 10 puntos porcentuales superior a la oficial.
Otra cuestión clave es la subponderación de los servicios en la canasta.
Si bien los alimentos y los servicios públicos tienen una fuerte ponderación en el índice, la baja proporción de servicios esenciales como la sanidad privada, la educación y las suscripciones digitales no refleja con precisión los patrones de gasto.
“Hubo una mejora en el poder adquisitivo desde 2004 a la actualidad que llevó a los argentinos a consumir más servicios en relación a la alimentación”, afirma Mariana González, economista e investigadora del CTA.
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Las propiedades en alquiler, los servicios públicos, el servicio celular y el transporte público han superado el aumento de los precios de los alimentos durante los primeros 15 meses del mandato de Milei, pero las cuatro categorías combinadas tienen una ponderación menor que los precios de los alimentos en el índice.
Si bien los precios de artículos obsoletos, como el tabaco y los diarios impresos, se alinearon aproximadamente con la inflación general del 69% en febrero, los precios de alquiler se dispararon un 240% y los costos del servicio de internet aumentaron casi un 100% respecto al 2024, según datos del Indec.
Plan estancado
El plan de Lavagna de realizar una nueva encuesta de gastos de los hogares habría implicado revisar la metodología que utiliza Argentina para medir la inflación. La idea era alinear las prácticas del país con las de otros países, y el FMI y el Banco Mundial recomendaban realizar estas encuestas cada cinco años.
Lavagna prometió que la nueva metodología incluiría alrededor de 500.000 precios, en lugar de los 320.000 actuales, y 24.000 informantes. También sugirió un cambio en la estructura de la muestra y en la ponderación de bienes y servicios, centrándose en hábitos de consumo más actuales.
Sin embargo, el plan nunca salió a la luz. Los analistas advierten que, sin una canasta de consumo actualizada, los datos oficiales de inflación de Argentina seguirán estando lejos de la realidad.
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