Buenos Aires — Un nuevo embargo se ejecutará contra la Argentina, esta vez en los tribunales de Estados Unidos: la jueza Loretta Preska aprobó la retención por US$210 millones que corresponden a la sentencia del default de los bonos en 2001, mientras que también congelaría otros US$100 millones. Así lo confirmó a Bloomberg Línea el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, experto que monitorea los litigios internacionales contra el país.
Se trata de una decisión comunicada por Preska, que estableció que “una parte del colateral, con un valor equivalente al reclamo de Bainbridge (aproximadamente US$100 millones), permanecerá embargada y será depositada en una cuenta generadora de intereses hasta que se resuelva la moción presentada” por el fondo. Además, se indicó que “estamos trabajando con la Reserva Federal de Nueva York (FRBNY, por sus siglas en inglés) para determinar si puede y está dispuesto a facilitar este proceso”.
Asimismo, Bainbridge aceptará que el tribunal “levante la suspensión de la orden de entrega con respecto a la porción del colateral que no permanezca embargada bajo los términos de este acuerdo, y emita una orden de ejecución para esa porción del colateral”.
En la misma comunicación, Preska aprobó el primer embargo solicitado, por US$210 millones.
Los embargos se producen en un momento crítico para las reservas netas del Banco Central de la República Argentina, que, descontando los depósitos en moneda extranjera del Tesoro, volvieron a caer por debajo de los US$10.000 millones negativos en la primera semana de febrero, según la consultora EcoGo.
VER MÁS: Nissan redujo turnos en su planta de Córdoba: qué dijo el presidente de Latam al respecto
La decisión se produjo dos días después que se ejecutara la garantía por €313 millones en un juicio que el país perdió en Reino Unido por el caso de los bonos cupón PBI. Esta ejecución se debe al rechazo por parte de la Corte Suprema de Gran Bretaña a la apelación de la defensa argentina. En este caso, la sentencia es por €1.330 millones.
En el reciente caso, el pasado 27 de enero la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de Argentina y habilitó a los acreedores a tomar posesión de US$310 millones depositados en la Reserva Federal de Nueva York, y en bancos de Alemania y Suiza. Los acreedores realizaron el pedido formal que fue aprobado por Preska.
VER MÁS: Cavallo y Álvarez Agis contradicen a Caputo y aseguran que hay atraso cambiario
Este juicio Argentina lo arrastra desde el default de los bonos Brady (emitidos en la década de 1990) en la crisis del 2001, 23 años atrás. Los beneficiarios del caso son los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, que compraron aquella deuda y que no ingresaron a ninguno de los canjes de 2005, 2010 y 2016.
El Gobierno de Javier Milei modificó una pieza clave en lo que respecta a la defensa del Estado Nacional ante los juicios. Desplazó al procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra; será reemplazado por Santiago Castro Videla.
Los juicios en el exterior son un delicado frente abierto que compromete también las reservas del Banco Central. Entre esos juicios, está el fallo en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012.
A mediados de enero, la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina entregar toda la información solicitada por los beneficiarios del fallo YPF, que incluye datos sobre la ubicación del oro del Banco Central. Los beneficiarios, el principal es Burford Capital, buscan acelerar el cobro de la garantía tras la sentencia favorable por US$16.000 millones.
