Bloomberg — Desde hace tiempo, Bolivia se enfrenta a un fenómeno desconcertante: una grave escasez de dólares, una crisis de la moneda local y una inflación galopante y, sin embargo, sigue pagando sus deudas.
Una visita a Cangalli, una de las cientos de minas que extraen oro de la exuberante cuenca del Amazonas, al norte de La Paz, ayuda a explicarlo. Aquí, bajo la selva tropical más grande del mundo, el banco central ha encontrado una forma de recaudar miles de millones de dólares para ayudar a pagar a los tenedores de bonos internacionales, en un momento en que la deuda del país se cotiza a niveles críticos antes de las reñidas elecciones generales de este fin de semana.
La triplicación del precio internacional del metal precioso en la última década ha acelerado el abandono de las prácticas centenarias de lavado a mano, en las que los artesanos utilizaban palas, picos e incluso sus propias manos para tamizar los sedimentos del río, en favor de operaciones industriales que están remodelando la ribera e inundando viviendas, escuelas y negocios. Algunas de las excavadoras, cargadores frontales y camiones que retumban en el paisaje erosionado son propiedad de una empresa china que se ha instalado en la zona.
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Uno de los mayores compradores en esta fiebre del oro es el Banco Central de Bolivia, que recibió la aprobación del Congreso para cambiar el oro por divisas fuertes en un momento en que los precios alcanzan niveles récord. Incluso el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, ha reconocido los beneficios económicos y en febrero declaró a la prensa que el oro está ayudando al país a cumplir con sus obligaciones de deuda externa y a financiar las importaciones de combustible.
Es un recurso imprescindible para Bolivia, donde persisten los problemas financieros. El impopular gobierno de izquierda se enfrenta a la crisis económica más profunda en décadas, a medida que se desvanece la bonanza del gas natural, los subsidios al combustible agotan las arcas y la moneda se desploma en el mercado negro. Protestas esporádicas han bloqueado las carreteras este año, agravando la escasez de gasolina y aceite de cocina.
De todos los países latinoamericanos analizados por S&P Global Ratings y Fitch Ratings, Bolivia tiene la deuda en dólares peor calificada. Moody’s Ratings otorga a Bolivia la calificación Ca, la segunda más baja de su escala, que define como “probable o muy probable impago”. En junio, S&P atribuyó su calificación a los “reducidos niveles de reservas” de Bolivia y a su “débil capacidad para cumplir plenamente sus compromisos de deuda en los próximos seis a doce meses”. La sorprendente capacidad de Bolivia para seguir pagando su deuda, junto con el optimismo electoral, ha contribuido a que sus bonos internacionales más líquidos subieran de 61 centavos por dólar a 78 centavos a principios de 2025.
La estrategia de Bolivia es la misma que emplean países como Mongolia y Ecuador, y la que impulsa un grupo de legisladores en Perú. En la última encuesta del Consejo Mundial del Oro a los bancos centrales, el 17% de los encuestados indicaron que compran oro directamente a mineros artesanales y en pequeña escala en sus países.
En Bolivia, un país con dificultades económicas, no solo se está utilizando la fiebre del oro como medio para reforzar sus reservas internacionales, sino más bien como una forma de seguir pagando su deuda internacional, según las agencias de calificación. “El banco central ha recurrido a la compra de oro local”, afirmó Fitch en un informe publicado este año, “que luego ha refinado en el extranjero y liquidado para hacer frente al servicio de la deuda externa”.
Sin embargo, hay poca transparencia sobre dónde y cómo se extrae y procesa realmente el metal, y dónde termina, según decenas de mineros, comerciantes, investigadores y residentes en una cadena de suministro que se extiende desde los ríos amazónicos de Bolivia hasta las refinerías de Turquía y, finalmente, a las cámaras acorazadas de Londres.
Las autoridades bolivianas afirman que el oro que compra el banco central es legal y se produce y comercializa de forma responsable, y que el banco central dispone de la documentación que lo acredita. Sin embargo, según los entrevistados, el sector adolece de una regulación y una supervisión laxas, prácticas sucias como el uso de mercurio, trámites burocráticos poco rigurosos y un mercado negro en expansión, que incluye la presencia ilegal de financiadores extranjeros.
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“El banco central está interesado en comprar oro y no le importa de dónde provenga”, afirmó Danilo Bocángel, gerente general de la Fundación Medmin, una organización no gubernamental local que fomenta las prácticas mineras sostenibles.
El banco central ha comprado casi 24 toneladas métricas del metal producido localmente y ha monetizado 44 toneladas desde mayo de 2023, según sus últimos datos de abril, en transacciones por un valor superior a los US$3.000 millones. Ha depositado e invertido 19 toneladas en el extranjero, principalmente en UBS AG y Standard Chartered Plc, pero también en el ICBC de China y JPMorgan Chase & Co. (JPM), entre otros. Otra tonelada se encontraba en las bóvedas del banco central, mientras que 3 toneladas estaban siendo refinadas. Standard Chartered y JPMorgan declinaron hacer comentarios. UBS e ICBC no respondieron.
No está claro cuánto tiempo se podrá sostener el programa, ya que la creciente diferencia entre la tasa de cambio oficial y el paralelo socava su atractivo para los vendedores.
Las autoridades ofrecen pocos detalles sobre las condiciones comerciales y la financiación de las compras del Estado, aunque sí tiene que ofrecer una prima sobre la tasa de cambio oficial para competir con los compradores privados. Varios economistas y exbanqueros centrales alegan que el banco imprime dinero para ayudar a cerrar esa brecha, lo que ejerce una presión adicional sobre la inflación, que ya se encuentra en su nivel más alto en décadas. Los exbanqueros pidieron no ser identificados debido a normas internas.
La autoridad monetaria de Bolivia afirmó en un comunicado que compra el oro exclusivamente en moneda local y principalmente a cooperativas que agrupan a pequeños mineros. Afirmó que recurre a otros organismos estatales para certificar la legalidad del oro. Declinó identificar quién refina el oro y no respondió a preguntas sobre si había impreso dinero para financiar sus compras de oro.
El presidente Luis Arce dijo a Bloomberg en una entrevista en junio que no podía dar detalles sobre las operaciones del banco central con el oro y se limitó a decir que han estado utilizando las reservas de oro de acuerdo con la normativa vigente para apalancar los recursos que llegan al país.
En cualquier caso, Bolivia se encuentra en una situación financiera muy delicada, con un déficit presupuestario galopante que superó el 10% del producto interior bruto en los últimos dos años, según el Fondo Monetario Internacional. Fitch señaló en su informe que el banco central financió el déficit de Bolivia en 2024, ya que el país no tenía capacidad para recurrir a los mercados internacionales para obtener los fondos necesarios.
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Los vendedores, por su parte, recurren cada vez más a compradores privados de oro menos formales o al mercado negro, donde las condiciones son mejores.
Además, las obligaciones de deuda de Bolivia están a punto de aumentar considerablemente, pasando de US$54 millones este año a más de US$300 millones de pagos por vencer en 2026 y 2027, según datos recopilados por Bloomberg. El rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener los bonos en dólares de Bolivia ya es el más alto entre los créditos soberanos vigentes de los mercados emergentes, lo que refleja la escasa confianza en su capacidad de pago.
“Muchos inversores se han mostrado perplejos ante la capacidad del gobierno para seguir pagando los cupones de los bonos a tiempo”, afirmó Mariano Ortiz, economista sénior de BancTrust. “A estas alturas, el mecanismo de compra de oro nacional por parte del banco central se ha aclarado, aunque siguen existiendo dudas sobre la sostenibilidad del plan”.
A mediados de 2023, ante la disminución de los flujos de dólares procedentes de las exportaciones de gas, los legisladores permitieron al banco central comprar oro local y venderlo sin la aprobación del Congreso. Lo único que tenía que hacer era mantener un mínimo de 22 toneladas métricas de lingotes en sus reservas.
Ese mismo año, se exigió a los exportadores que vendieran primero al banco central antes de enviar el oro al extranjero. Con el banco convertido en un importante comprador, el valor oficial de exportaciones de oro se desplomó un 72% el año pasado y sigue disminuyendo. Otros factores que explican la caída son la escasez de diésel, que puede perturbar la producción, y la escasez de dólares, que ha frenado la entrada de oro peruano de contrabando.
Al principio, el banco central se limitaba a comprar oro a comercializadoras privadas y cooperativas. Luego, el año pasado, el gobierno creó la empresa estatal Epcoro para comprar a diferentes actores —entre ellos, comercializadoras, cooperativas, intermediarios y ciudadanos particulares— en moneda local y venderlo al banco central. Los intermediarios, apodados “rescatadores”, compran en pequeñas cantidades a diferentes fuentes hasta que tienen suficiente para vender
A continuación, el banco central envía gran parte del oro semipuro que compra en Bolivia a la refinería Istanbul Gold Refinery, que figura en la lista de proveedores éticos de la London Bullion Market Association (LBMA). La empresa turca, una de las mayores refinerías de metales preciosos del mundo, confirmó a Bloomberg que el año pasado comenzó a procesar oro boliviano, que luego envía a las cuentas del banco central en JPMorgan en Londres para sus reservas.
El banco central tiene el mandato de utilizar el oro para invertir en instrumentos de cobertura como garantía y para convertirlo en efectivo. Las normas especifican que el banco debe adquirir “oro responsable”, procedente de operaciones legales para reforzar las reservas y no para uso comercial.
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El problema es que disponer de toda la documentación legal necesaria no siempre refleja la realidad sobre cómo se ha extraído, procesado y vendido el oro, según más de una docena de mineros, comerciantes y personas que trabajan directamente en esta cadena de suministro.
Casi todo el oro producido en Bolivia procede de cooperativas, que son entidades legales. Sin embargo, se estima que 85% de ellas carecen de permisos o no documentan adecuadamente su producción, según el consultor minero Héctor Córdova, que fue viceministro de Desarrollo Productivo Minero y Metalúrgico del expresidente Evo Morales. En la actualidad, se calcula que 200.000 personas trabajan en cooperativas auríferas, lo que convierte al sector en una fuerza económica y política.
Parte de la producción de las cooperativas pasa por canales oficiales, donde se pagan regalías y otras tasas. Pero gran parte se mantiene fuera de los libros para maximizar los beneficios. Según personas con conocimiento del tema, parte de ella se destina al mercado negro y acaba en Perú, donde los compradores pagan en dólares. Los rescatadores recogen el oro de diferentes fuentes y exigen poca o ninguna documentación. Los vendedores privados afirman que a menudo registran el oro como procedente de un lugar cuando en realidad puede provenir de otro. O bien asignan el oro a personas que pueden no tener nada que ver con su producción.
“Nadie pide ningún papel”, dice Alex Guaman, mientras ajusta una pequeña plataforma flotante en la orilla del río, cerca de la localidad de Chima. Este joven de 21 años dejó su trabajo en una cooperativa para lanzarse por su cuenta hace aproximadamente un año, cuando los precios comenzaron a subir. Ahora se mete en el agua para extraer material del lecho del río con una bomba motorizada y vende las pepitas que encuentra a compradores del pueblo, todo de manera informal.
Las declaraciones sobre el origen y la legalidad del oro son básicamente “declaraciones de buena fe”, afirma Alfredo Zaconeta, investigador del instituto de desarrollo local Cedla. “El Estado carece de capacidad para supervisar lo que se supone que se extrae en una zona determinada”.
Pero el ministro Montenegro afirma que el banco central boliviano cumple todos los requisitos de trazabilidad y defiende sus transacciones de oro contra las acusaciones de los legisladores de la oposición de que constituyen lavado de dinero.
En su último informe, el banco dijo que solo adquiere oro en el mercado interno a participantes legalmente establecidos, registrados y autorizados por las entidades competentes. Describe sus fuentes como limpias, seguras y socialmente inclusivas, de conformidad con las normas internacionales, y trabaja con refinerías acreditadas por la LBMA.
La turca IGR, uno de los mayores compradores de oro de Bolivia, llevó a cabo una exhaustiva evaluación de riesgos, diligencia debida y controles de cumplimiento, además de impartir conferencias sobre abastecimiento responsable al banco central antes de iniciar su acuerdo de refinación, según respondió la directora ejecutiva, Aysen Esen, a preguntas escritas.
La LBMA respaldó la versión de IGR y añadió que ninguna empresa de garantía había planteado preocupaciones sobre el abastecimiento en el marco de una revisión realizada por la empresa turca. No obstante, la asociación señaló que, más allá del acuerdo entre IGR y el banco central, ninguna otra refinería de la LBMA se abastece de oro de Bolivia, donde el sector artesanal se enfrenta a importantes retos, “tales como el uso generalizado de mercurio por parte de los mineros y la posibilidad de que material extraído ilegalmente de otros países se infiltre en las cadenas de suministro locales”.
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La participación de la estatal Epcoro también protege al banco de problemas de trazabilidad. Pero el gerente ejecutivo de Epcoro, Pablo César Pérez, dijo que el trabajo de su empresa es verificar los grados y garantizar que la documentación esté en regla. “No es mi responsabilidad ir a controlar cómo producen”, dijo en una entrevista.
Los esfuerzos por promover la trazabilidad se están agotando. La Swiss Better Gold Association, una organización sin fines de lucro que promueve cadenas de suministro responsables, cerrará este año en Bolivia debido a que el auge de los precios potencia los mercados informales e ilegales, según el director del programa, Thomas Hentschel.
“En este momento, no hay posibilidad de crear una cadena de suministro legal”, afirmó Hentschel, que considera Bolivia su segundo hogar, y añadió que no sabía qué tipo de diligencia debida realizan compradores como IGR.
“Para mí, está claro que esto no se produce de forma responsable”, afirma. “Esto no es lo que un consumidor espera de un buen suministro”.
Inicialmente, la creación de Epcoro dio a los mineros cooperativos la garantía de un comprador legítimo y con mucho dinero. La empresa estatal también garantizó a los mineros el suministro de diésel, cada vez más escaso, a cambio de hacer negocios juntos. Pero esas garantías se han desvanecido y, a finales de julio, Epcoro anunció que había restringido considerablemente las compras, alegando la volatilidad de la moneda y los precios, así como la disponibilidad limitada.
Un aumento repentino de la tasa de cambio paralelo, que ha duplicado con creces la tasa oficial, también ha reducido los incentivos para vender oro al banco central. Aunque las condiciones varían, los vendedores dijeron a Bloomberg que, por lo general, el banco paga un 35% en dólares y el resto en bolivianos al tipo de cambio oficial, con una prima del 12,5%. Aun así, eso se traduce en menos de lo que los vendedores reciben por los envíos a compradores extranjeros en acuerdos totalmente en dólares. Cuando se vende oro a Epcoro, la empresa estatal de comercialización dice que paga en bolivianos al tipo de cambio oficial más una prima limitada al 18% para compensar la diferencia con el tipo de cambio paralelo. En el último año, Epcoro vendió 5 toneladas de oro al banco central, según Pérez.
Todo ello ha provocado que se desvíe más oro hacia mercados informales que ofrecen mejores retornos en medio de una débil aplicación de las regulaciones y las normas de trazabilidad. Hay pocos datos sobre los flujos ilegales, aunque el aumento del 20% en las exportaciones de oro peruano el año pasado podría indicar que parte del metal boliviano está cruzando la frontera.
La llegada del banco central y de Epcoro como principales compradores de oro boliviano podría haber beneficiado a la industria si se hubiera hecho como parte de un enfoque organizado y centralizado, según Manuel Barrientos, de Primero de Mayo, una de las cooperativas auríferas más antiguas y grandes de Bolivia.
Aunque la cooperativa es capaz de autofinanciarse en la actualidad, eso no significa que los socios se estén enriqueciendo, dijo Barrientos, que conduce una station wagon Toyota de 1999 sin matrícula y vive en una humilde morada en el campamento.
“La gente piensa que los socios de las cooperativas auríferas son todos millonarios. Eso no es cierto”, dijo el hombre de 81 años.
Los depósitos se han agotado en las más de seis décadas desde que comenzó a trabajar en la minería, lo que significa que los vendedores ahora dependen de maquinaria pesada para mover volúmenes mucho mayores con el fin de extraer la misma cantidad de metal. A pesar de que los precios récord están haciendo rentables los depósitos de menor calidad, los costos han aumentado, el combustible es escaso y la moneda local está perdiendo rápidamente valor.
Las cooperativas también tienen que pagar a funcionarios corruptos, recurrir al mercado negro para conseguir combustible y mantener parte de su producción fuera de los libros para obtener mejores condiciones, explica Barrientos. “Aquí trabajamos en función de la mejor oferta”.
Quizás lo más frustrante sea que parte de una industria que está ayudando a Bolivia a cumplir con sus obligaciones de deuda se encuentra, literalmente, bajo el agua.
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En Cangalli, el jefe de la cooperativa aurífera Cristóbal Mamani tiene que trepar por una escalera exterior para acceder a su oficina en el segundo piso, ya que el primero está cubierto de lodo. La escuela está siendo reubicada y decenas de personas han tenido que desplazarse. Delante del edificio, Carmen Callisaya lava los platos en una cocina improvisada después de servir el desayuno a los mineros en mesas y sillas de plástico. Duerme al otro lado de una pared divisoria, en un espacio rodeado por una lona, con su hija, que hace los deberes en la plaza.
“Vivimos aquí porque no tenemos otra opción”, dice Callisaya, señalando su casa inundada. Pero la minería es lo que mueve la economía local, dice. “Eso es lo que nos dicen. Afirman: ‘Si no hay minería, ¿de qué van a vivir?’”
La razón de la inundación se ve claramente a través de la ventana trasera de la oficina de Mamani. Excavadoras, palas mecánicas y camiones tolva reconfiguran la ribera y la llanura aluvial en busca de pepitas de oro. Mamani culpa de las inundaciones a las minas situadas río arriba, que vierten sedimentos, y a las lluvias más intensas de lo normal, y afirma que su cooperativa hace todo lo posible por ayudar al pueblo.
El auge en sí es precario, incluso para los mineros. “Si los precios del oro cayeran ahora, estaríamos arruinados”, afirma Mamani, de 45 años, que quiere que sus tres hijos se dediquen a otras profesiones. “La minería puede ser estupenda: si tienen suerte, pueden comprarse un auto, una casa. Pero también pueden sufrir”.
La contaminación es otro gran problema. El mercurio importado que se utiliza para procesar el mineral rico en oro entra en los peces que consumen los grupos indígenas y se expulsa al aire a cientos de kilómetros de distancia en La Paz, donde algunos comerciantes de oro queman amalgamas con mercurio en hornos artesanales sin ningún tipo
La contaminación es otro gran problema. El mercurio importado que se utiliza para procesar el mineral rico en oro entra en los peces que consumen los grupos indígenas y se expulsa al aire a cientos de kilómetros de distancia en La Paz, donde algunos comerciantes de oro queman amalgamas con mercurio en hornos artesanales sin ningún tipo de filtro.
Como signataria del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, Bolivia está obligada a tomar medidas para reducir su uso en la minería. Sin embargo, el aumento del número de cooperativas en los últimos años ha provocado una mayor propagación del mercurio, especialmente entre los mineros de roca dura de las tierras altas, según Bocángel, de la Fundación Medmin.
Mientras que las plantas más grandes del país se enfrentan a sanciones si funden metal con mercurio, decenas de hornos artesanales en la capital parecen tener pocas restricciones.
“No estamos hablando de gramos o kilos, estamos hablando de toneladas que se liberan a la atmósfera y al medio ambiente”, dijo Bocángel. “Toneladas que van a parar a nuestros ríos y nuestros suelos”.
A diez minutos río arriba desde Cangalli se encuentra un ejemplo aún más dramático del impacto del oro en los residentes.
Tipuani comenzó como un asentamiento minero de la época colonial. En una placa en la plaza, se describe como la “capital del oro” que profesa “libertad y progreso en unidad”.
Pero durante varios meses al año, las inundaciones obligan a muchos lugareños a abandonar sus hogares y lugares de trabajo. La minería sigue siendo el sustento del pueblo, pero también es una amenaza existencial.
Alejandro Catarrion, un mecánico de 67 años, se sienta a la sombra de una pasarela elevada y contempla su taller inundado. Un metro de agua fangosa le ha impedido trabajar durante seis meses. Él y otros habitantes del pueblo que no trabajan directamente en la minería están frustrados por la falta de medidas para abordar un problema que comenzó hace varios años y está empeorando.
Los alquileres de los edificios en las zonas secas se han disparado. Algunos duermen en la escuela local, otros en la plaza. El agua fétida del río se mezcla con las aguas residuales en las calles más bajas, donde se revuelcan los cerdos.
Catarrion considera que el municipio y las cooperativas mineras son iguales y que las quejas de los residentes afectados caen en saco roto. Los que tienen vínculos más directos con las minas no se atreven a hablar, dijo.
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“Este pueblo se ha convertido en una zona sin ley”, dijo. “Parece que quieren minar el pueblo mismo”.
Las minas de la zona están financiadas por grupos chinos que se quedan con un 70% de la producción, según el jefe de la asociación de vecinos, Rufino Chambi. Aunque son ilegales, estos acuerdos están muy extendidos, según varios mineros y comercializadoras.
El consejero político de la embajada de China en Bolivia, Marcelo He, afirmó que, según la información que dispone la misión diplomática, las empresas proporcionan equipos, maquinaria y otros servicios a cooperativas bolivianas, sin que ello sea ilegal.
Se han presentado decenas de demandas contra las explotaciones auríferas ilegales. En septiembre de 2023, un juez ordenó la suspensión de la minería no autorizada en cinco ríos amazónicos. Más recientemente, la fiscalía abrió una investigación sobre las inundaciones en Tipuani.
“Hay leyes para extraer de forma responsable y reponer la tierra”, dijo Chambi, de 47 años. “Pero no las cumplen, solo para ahorrar un poco de combustible, un poco de diésel. Hacen lo que quieren”.
Los fallos judiciales y las medidas de aplicación de la ley no han logrado detener el daño medioambiental.
En un tramo de la carretera entre Tipuani y Chima, una excavadora hidráulica precariamente instalada derriba una de las colinas que quedan.
“Si los precios del oro siguen subiendo, se van a volver locos”, dijo Chambi. “Van a intentar extraerlo todo”.
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