Bloomberg Línea — María Cuqui, mujer del pueblo indígena Tsimane, dice que la alimentación de su comunidad, que está basada en el pescado, “está contaminada con mercurio”.
Ella vive a una hora de navegación del Rurrenabaque, el pueblo más turístico del noreste del país. En esta zona de la Amazonía conviven al menos una decena de pueblos indígenas y dice que su salud y seguridad alimentaria están en riesgo por la fiebre del oro, que se explota de manera ilegal.
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Varios guardabosques que hablaron con Bloomberg Línea y que pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, dicen que los mineros han invadido los parques ambientales y las selvas con maquinaria pesada, que han abierto caminos, han deforestado y han arrojado desechos a los ríos.
Uno de los guardabosques más antiguos dice que ha recibido varias amenazas de muerte y que los mineros andan con armas amenazándolos con dinamitar sus casas.
Pero en el debate presidencial, el tema de los incendios y la eliminación del llamado paquete de leyes incendiarias, aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), no fue tocado por los dos candidatos a la Presidencia.
Las leyes incendiarias son nueve normativas criticadas por ecologistas, grupos ambientales y comunidades del Amazonas por permitir y fomentar la quema de bosques y la deforestación para garantizar la soberanía alimentaria, explica el abogado ambientalista Rodrigo Herrera.
La mayoría de estas leyes tienen el objetivo de ampliar la frontera agrícola y promover la producción agropecuaria. Una de ellas autoriza el desmonte y quema de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y grupos comunitarios y ha sido la más perjudicial, dicen expertos.
“Desde 2014 se han incrementado los fomentos a este sector con la aprobación de normas, amañando la idea que tenemos del campo y campesinos y se les dio la facilidad de talar bosques, sin necesidad de autorizaciones de quema, sin plan de manejo y se les permite quemar 20 hectáreas –lo cual es muchísimo– sin cumplir con medidas ambientales", dice Herrera. “Antes, la norma decía que se podía hacer chaqueo (quema) y desmonte sólo en cinco hectáreas”.
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Según la Fundación Tierra, estas medidas crearon un nuevo mercado de tierras muy barato, que el Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, aprovechó como botín político al ofrecer predios a sus seguidores en las extensas llanuras de Chiquitos, al este del país, que fueron entregadas a los llamados grupos de campesinos interculturales.
Estos campesinos no habitan ni producen en esos predios, sino que crean lo que expertos han llamado comunidades fantasmas, que luego de quemar y deforestar la tierra, la rentan a empresas agroindustriales, según la fundación.
En 2019, cuando estalló la crisis, Morales declaró una pausa ambiental por los incendios. Frente a denuncias de ventas de tierras fiscales, dijo que tomaría acciones para que no se vendieran más predios lo que, en realidad, nunca se hizo.
Incendios y pérdidas de bosque
En las cercanías de Rurrenabaque se encuentra Santa Rosa del Yacuma, un pueblo turístico. Desde allí salen a navegar pequeñas embarcaciones por el río Yacuma para ver delfines rosados, caimanes negros, monos y yacarés.
Joaquín Rodas, fundador de Komuna Travel, dice que lo más importante para poder generar empleo y condiciones dignas para los indígenas y comunidades de la Amazonía es que se tomen serias medidas de conservación.
“Se requieren políticas de conservación del medio ambiente, fauna y flora y contra el cambio climático porque aquí nos vemos cada año más afectados por las sequías”, dice Rodas.
Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosque nativo en el mundo y sólo en 2024 perdió 1,8 millones de hectáreas de bosque que, en su mayoría, era bosque primario, según datos de la Fundación Tierra y Bolivia Verifica.
En 2019 se quemaron más de 5,3 millones de hectáreas, en 2020 otros cinco millones y en 2024, en uno de los hechos más devastadores, se afectaron más de 10 millones de hectáreas, según la fundación.
“Este año los bosques, ríos y comunidades indígenas entraron en campaña sin candidato que los represente”, dice Iván Arnold, director Nativa, una organización medioambiental. “La temperatura política arde más en los titulares que los propios incendios forestales. Y, sin embargo, revisamos los programas de los partidos: las propuestas ambientales son un apéndice, un párrafo de cortesía, una frase para la foto”.
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Las organizaciones civiles y de defensa del ambiente han pedido a ambos candidatos que deroguen las llamadas leyes incendiarias y que incluyan, en sus propuestas, normas para garantizar el cuidado del ambiente, de las áreas protegidas y de los territorios y pueblos indígenas.
Arnold, que tiene una maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible y un doctorado en Ciencias Ambientales, dijo que ese tema fue el gran ausente del debate presidencial celebrado el domingo pasado.
“En el discurso político, la crisis ambiental nunca se menciona al nivel de la crisis económica”, dice. “Es tratada como una externalidad que se atenderá después de resolver el déficit, la deuda, el tipo de cambio. Pero los números —y la lógica— muestran lo contrario: el colapso de nuestros ecosistemas no es una consecuencia lejana de la crisis económica, sino su multiplicador”, explica.
Amenaza a tierras comunitarias de indígenas
El candidato a la Presidencia, el derechista Jorge Tuto Quiroga, de 65 años, dijo que “la tierra va a ser titulada individualmente, ya no más (de forma) comunitaria, (porque) lo que es de todos no es de nadie”, dijo Quiroga.
La Contiocap, organización indígena que aglutina a más de 40 resistencias territoriales, cree que eso es una amenaza que desconoce la existencia del derecho al territorio garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos.
“En primera vuelta parecían ideas aisladas de algunos candidatos a diputados y senadores, pero en segunda vuelta fue expresada por los candidatos de ambos frentes, Tuto Quiroga y Edman Lara” (candidato a la Vicepresidencia de Rodrigo Paz), explica Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Para Vargas, el problema es que los candidatos ven la tierra como medio de producción, pero para los pueblos indígenas la relación con el territorio es más amplia, tiene que ver con sus sistemas de justicia, sus formas de aprovechamiento y ocupación del territorio y su identidad cultural.
“Eso sería mercantilizar una superficie importante a favor principalmente de capitales extranjeros”, dice Vargas.
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Quiroga y el modelo paraguayo
En entrevista exclusiva con Bloomberg Línea, Quiroga dijo que parte de su propuesta económica consiste en que se adopte el modelo de producción de agroindustria de Paraguay.
“No la segunda Paraguay, Paraguay por dos”, dijo. “Me duele que siendo un país pequeño, que la única diferencia es que tienen seguridad jurídica, nos ganan cuatro a uno en soya, seis a uno en carne. Nosotros tenemos el mercado chino y ellos no. Aquí vamos a hacer una revolución agropecuaria con baja de impuestos, dando seguridad jurídica para todos los sectores y para abrir Bolivia al mundo. Que el mundo venga a invertir y se abra a nuestros productos”.
Para Vargas, del CEJIS, “el impacto que ha tenido este modelo es la extranjerización de la tierra en Paraguay”.
Los Territorios Indígenas Originarios Campesinos en Bolivia son la principal forma de propiedad colectiva y abarcan el 21% del territorio, aproximadamente, según la International Work Group for Indigenous Affairs.
Bonos de carbono y biotecnología
Durante su campaña, el candidato centro derechista Rodrigo Paz, de 57 años, dijo que “Santa Cruz tiene cerca de 12 millones de hectáreas para preservar. Eso representa cerca de 400 a 450 millones de dólares que le ingresarían directo a Santa Cruz si cuida su verde. Ahí viene el debate que tenemos que hacer todos los bolivianos sobre qué significa preservar lo verde y qué ganamos por preservarlo”.
Paz dice que, como senador, impulsó la Ley Cóndor, la única ley medioambiental que se aprobó en el gobierno del izquierdista Luis Arce (2020-2025), que prohíbe la caza, captura, o comercialización ilegal del cóndor andino y endurece las sanciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre y los incendios en áreas protegidas.
Sobre la ampliación de la frontera agrícola, Paz dice que se puede aumentar la capacidad productiva del país con biotecnología. “Tenemos que ser más competitivos con lo que ya tienes”, dijo en rueda de prensa. “Aquí estamos en las cavernas si se compara con lo que hace Paraguay, con lo que hace Uruguay. Hay que darle a nuestros productores todas las ventajas necesarias para ser competitivos con tecnologías que sean medioambientalmente rescatables”.
Ambos candidatos fueron criticados por no asistir al Foro Nacional 2025 “Tierra-Territorio y Medio Ambiente” organizado a inicios de octubre, donde representantes de pueblos indígenas, campesinos, organizaciones sociales y activistas exigieron a los candidatos definir posiciones claras frente a la protección de la tierra y los territorios.
Para Diego Gutiérrez, director de la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental, los programas de ambos candidatos responden a la situación económica en la que se encuentra el país y están enfocados en una línea liberal. “La crítica es que los dos aspirantes a presidente debieron proponer medidas e instrumentos más concretos”, como crear instituciones ambientales fuertes y de derechos indígenas, dar firmeza a procesos de evaluación de impacto ambiental y al cumplimiento del ordenamiento territorial y planes de uso de suelo.
Ríos contaminados de mercurio
Ruth Alipaz, indígena del pueblo Uchupiamona que lidera la Coordinadora Contiocap, ha denunciado que las indígenas están siendo envenenadas con mercurio debido a la minería ilegal que contamina los ríos de La Paz, Beni y Pando.
“El 74,5% de las personas que viven en esta zona tienen niveles de mercurio en sangre que sobrepasa el límite permitido de una parte por millón (ppm) en el cabello”, dice Alipaz. “Algunas mujeres tienen 22 partes por millón, otras 50 partes por millón y en algunos casos más de 100 partes por millón.
En julio pasado, las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico II presentaron documentos que presuntamente prueban que en el río Madre de Dios, el 90% de las operaciones mineras se realizan de manera ilegal. La acción fue presentada ante un juzgado agroambiental, cuya decisión se desconoce.
Alipaz dice que la situación se repite en el río Beni y Maniqui y que hay cientos de operaciones mineras dentro de áreas protegidas que violan las normas. “Ambos candidatos se han tomado fotos con líderes mineros y buscaron su apoyo político y esto marca la línea”, dijo. “Tienen un propósito claro que es continuar el modelo extractivista de agronegocio y minería ilegal que está destruyendo al país y está afectando a los derechos de los pueblos indígenas”.
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CORRECCIÖN: Este reportaje se actualizó a las 15:39 ET para corregir que Ruth Alipaz es de la comunidad indígena Uchupiamona.
