Bloomberg — El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está trabajando para equilibrar las cuentas públicas de cara a las elecciones del próximo año, y el equipo económico está ahora concentrado en compensar el impuesto IOF.
Una opción en debate es elevar el impuesto a la renta propuesto para las Cartas de Crédito Agroindustrial, conocidas como LCA, y las Cartas de Crédito Inmobiliario, conocidas como LCI, al 7,5% a partir de 2026, según un borrador del proyecto de ley presentado este miércoles por el relator del proyecto.
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La medida se dirige a valores que ahora están totalmente exentos, lo que los convierte en la parte más polémica del plan y suscita las críticas tanto de los grupos agroindustriales como de los mercados financieros, preocupados por que perjudique a industrias clave. Cuando fue presentado por el gobierno, la tasa del impuesto sobre la renta propuesto para las ganancias personales procedentes de inversiones en estos valores era del 5%. El proyecto de ley, presentado el miércoles por el congresista Carlos Zarattini, pretende cerrar la brecha fiscal entre estos valores exentos y otros activos financieros.
Según el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, el equipo económico y el Congreso están debatiendo el asunto. “Los títulos de crédito privados conocidos como LCI y LCA seguirán siendo incentivados, pero el diferencial de tasas impositivas con respecto a otros títulos públicos es demasiado grande”, dijo Haddad el miércoles. El ministro reforzó que la medida provisional presentada es esencial para garantizar un presupuesto sin recortes en los programas sociales.
Retroceso
Aún así, ya se está organizando la oposición en los pasillos de la Cámara Baja.
La bancada del agronegocio, la más numerosa del Congreso, se opone firmemente. El legislador Pedro Lupion, presidente del Frente Agrario Parlamentario, subrayó que gravar la LCA la hará menos atractiva, afectando directamente a la financiación de la agricultura en Brasil.
“No hay compensación que se pueda negociar que evite el daño que causará el 7,5%”, dijo a los periodistas en Brasilia.
Si se aprueba, el cambio fiscal entraría en vigor el 1 de enero de 2026, marcando un cambio en el tratamiento de los ingresos procedentes de determinadas inversiones. Mientras tanto, los ingresos de los fondos inmobiliarios y de los fondos de inversión en agronegocios Fiagro seguirían estando exentos.
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Desde que se dio a conocer la propuesta del IOF, las reacciones han sido intensas. La lucha sobre el impuesto a las transacciones financieras ha escalado desde el Congreso hasta el Poder Ejecutivo y, en última instancia, ha exigido que intervenga el Tribunal Supremo.
Para la economista jefe del Banco Inter, Rafaela Vitoria, elevar los impuestos sobre esos valores es una mala medida.
“Desincentivará la inversión. Aumentar los impuestos sobre el capital cuando necesitamos estimular la inversión en Brasil no es el mejor enfoque”, dijo Vitoria.
Con la colaboración de Raphael Almeida.
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