Bloomberg — El Congreso de Brasil anuló una serie de vetos de Luiz Inácio Lula da Silva, intensificando una batalla que está paralizando a su gobierno y amenazando prioridades clave antes de las elecciones presidenciales del próximo año.
Tanto la Cámara Baja como el Senado votaron el jueves a favor de anular el bloqueo de Lula de secciones clave de un proyecto de ley que flexibilizaba las normas de concesión de licencias medioambientales, una legislación que, según los críticos, incluidos expertos en clima de Naciones Unidas, socavaría las protecciones ecológicas. La medida se produjo menos de una semana después de que finalizara la conferencia anual de la ONU sobre el clima en la selva amazónica.
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Fue el último revés para Lula, cuyas tensiones con la legislatura conservadora, latentes desde hace tiempo, han estallado en las últimas semanas. Ahora el gobierno se prepara para nuevas consecuencias, incluidas posibles derrotas que amenazan con socavar su estrategia fiscal y sus esfuerzos por aprobar un presupuesto para 2026 antes de finales de este año.
Las relaciones entre el gobierno y el Congreso comenzaron a deteriorarse a principios de este mes, cuando la Cámara de Diputados modificó la legislación anticrimen que Lula había impulsado tras un operativo policial mortal en Río de Janeiro. Los legisladores finalmente aprobaron el proyecto de ley a pesar de las objeciones del gobierno.
La crisis se agravó la semana pasada cuando Lula propuso a su fiscal general, Jorge Messias, para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo, a pesar de las objeciones del jefe del Senado, Davi Alcolumbre, que había favorecido a su predecesor y estrecho aliado para el puesto.
Alcolumbre revivió esta semana un proyecto de ley para ampliar las prestaciones de jubilación de los trabajadores sanitarios comunitarios, una medida costosa que añadiría presión adicional al gobierno, que lucha por alcanzar su objetivo de lograr un resultado fiscal primario equilibrado, excluyendo el pago de intereses, este año. El Senado aprobó el proyecto de ley y lo envió a la Cámara de Diputados.
Otras fuentes de tensión incluyen la opinión del Congreso de que el gobierno está dando largas a la lenta liberación de las llamadas enmiendas presupuestarias, que financian proyectos de obras públicas en los estados de origen de los legisladores, según cuatro personas con conocimiento de la situación que solicitaron el anonimato para hablar de las tensiones.
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Alcolumbre, el presidente de la cámara baja, Hugo Motta, y la ministra Gleisi Hoffmann, principal interlocutora del gobierno con el Congreso, declinaron hacer comentarios.
Lula logró su mayor prioridad legislativa del año: La aprobación de nuevas exenciones del impuesto sobre la renta para salarios mensuales de hasta 5.000 reales (US$934), una promesa de campaña que convirtió en ley el miércoles. Motta y Alcolumbre faltaron a la ceremonia.
Pero con el gobierno todavía buscando la aprobación de medidas fiscales clave este año, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, trató de suavizar las relaciones.
“Estas cosas ocurren. Si uno mira el pasado reciente, desde el inicio del gobierno, a veces hay una tensión momentánea debido a alguna disputa, alguna expectativa frustrada”, dijo Haddad en una entrevista televisiva. “Es natural, pero confío en que esto pasará”.
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