Bloomberg Línea — El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), uno de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, en Latinoamérica, fue condenado a 27 años de cárcel el 11 de septiembre, razón por la cual está acaparando la atención mediática en la región.
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Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado por la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil por orquestar un golpe de Estado contra Lula da Silva el 8 de enero de 2023.
En ese entonces, un sinnúmero de partidarios del líder de derecha asaltaron la Plaza de los Tres Poderes de Brasil mientras instaban a los militares a derrocar a Lula —recién posesionado en el poder— aludiendo a un supuesto fraude en los comicios presidenciales de 2022 para impedir la reelección de Bolsonaro.
Cuatro de cinco jueces de la Primera Sala votaron a favor de condenar a Bolsonaro y siete personas de su círculo cercano por los siguientes delitos: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y deterioro de patrimonio protegido.
Aunque la defensa Bolsonaro apelará la decisión, lo sucedido el pasado jueves es histórico: se convirtió en ser el primer expresidente en ser sentenciado por golpe de Estado, aunque haya sido en primera instancia.
Bolsonaro pudo ser condenado hasta a 43 años de prisión, la pena máxima por los delitos que se le imputaron, pero el alto tribunal brasileño puso en consideración su edad y las afecciones en salud que lo aquejan.
Desde que fue apuñalado en el abdomen, el 6 de septiembre de 2022, en medio de la campaña electoral rumbo a la Presidencia de Brasil, ha sido intervenido quirúrgicamente en seis ocasiones, la más reciente, el pasado 13 de abril.
La defensa de Trump a Bolsonaro
Alexandre de Moraes, el magistrado que condujo el juicio contra Bolsonaro, fue el primero en votar a favor de su condena.
El hecho llamó la atención puesto que, el pasado agosto, de Moraes fue sancionado por la administración Trump aludiendo a la Ley Magnitsky, diseñada para tomar medidas contra extranjeros vinculados en casos de corrupción o grave violación de derechos humanos, incluyendo tortura y asesinatos.
La directora de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, cuestionó la decisión en conversación con Bloomberg Línea y denunció que Estados Unidos está interfiriendo en las decisiones judiciales de países como Brasil, pero también de Colombia.
Trump, que elevó a un 50% la tarifa arancelaria para algunos productos brasileños como consecuencia de lo que consideró una “caza de brujas” contra Bolsonaro en Brasil, se pronunció tras la decisión judicial
“Vi ese juicio. Lo conozco bastante bien; era un líder extranjero, y yo creía que era un buen presidente de Brasil”, dijo Trump. “Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya”.
Lo cierto es que, a falta de un año de unas nuevas elecciones presidenciales en Brasil, los aranceles impuestos por Trump se tradujeron un reavivamiento del apoyo a Lula da Silva, como han evidenciado algunas encuestas.
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