Bloomberg — Un intento del gobierno chileno por imponer límites éticos al uso de la inteligencia artificial enfrenta la resistencia de gigantes tecnológicos globales. Es un debate que podría sentar precedentes a medida que más países buscan regular esta creciente industria.
Chile ha atraído a las empresas tecnológicas por su estabilidad económica y política, su sólida red de fibra óptica, cables submarinos de datos y abundante energía verde para alimentar los centros de datos de alto consumo. Si aprueba la legislación, el país se colocaría a la vanguardia regulatoria entre las economías en desarrollo.
Fuera de la Unión Europea y China, la regulación es todavía irregular.
Hay mucho dinero en juego. Amazon Web Services invertirá US$4.000 millones en tres centros de datos que entrarán en funcionamiento simultáneamente en Santiago el próximo año. Alphabet Inc (GOOGL), matriz de Google, planea un segundo centro de datos en el país y está tendiendo un nuevo cable de 14.000 kilómetros (8.700 millas) que conectará Chile con Australia.
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El proyecto de ley sobre IA, que ahora pasa al Senado tras la aprobación de la Cámara Baja en octubre, clasifica los sistemas según su nivel de riesgo: cuanto mayor sea el potencial daño para las personas o la sociedad, más estrictas serán las normas y la supervisión.
Los sistemas de riesgo limitado deberán cumplir requisitos de transparencia y seguridad, mientras que aquellos considerados inaceptables serán prohibidos. Los infractores podrían enfrentar multas de hasta unos US$1,5 millones.
El proyecto complementaría la ley de ciberseguridad que entró en vigor este año y la ley de protección de datos que se aplicará plenamente en diciembre de 2026.
“Este proyecto no prohíbe la tecnología; establece resguardos proporcionales a los riesgos”, dijo el Ministerio de Ciencia de Chile en respuestas por escrito. “La regulación bien diseñada impulsa la innovación responsable, porque genera confianza, seguridad jurídica y condiciones estables para invertir y crear”.
Al dirigirse a los legisladores en octubre, el ministro de Ciencia, Aldo Valle, afirmó que la ley protege los derechos fundamentales y la libertad de innovar sin aprobación estatal previa. La cuestión, dijo, no es si Chile tendrá IA, sino bajo qué reglas.
En contraste, ejecutivos tecnológicos sostienen que la propuesta es demasiado rígida y citan el rezago europeo frente a EE.UU. como prueba de que Chile se equivoca de rumbo. Además, no hay claridad sobre los plazos.
“No estamos en contra de la regulación”, dijo Felipe Ramírez, gerente general de AWS Chile. “Lo que sí no nos gusta ver, es que sean procesos que toman mucho tiempo”.
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“Algunas compañías pueden decir, ‘esperemos mejor que salga la ley y vemos después qué hacemos. Porque imagínate, no vayas a hacer cosas, que vamos a trabajar en una iniciativa, que resulta que después nos damos cuenta que era ilegal’”, agregó.
El profesor de derecho Matías Aránguiz, director del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, advirtió que el país está “aumentando exponencialmente la carga regulatoria tecnológica” al inclinarse demasiado hacia un solo lado.
“Creo que falta un poco de orden proinversión, porque estamos muy enfocados en un orden proregulacion ética”, señaló, advirtiendo que Chile corre el riesgo de alejar capital tecnológico.
En Argentina, OpenAI firmó recientemente una carta de intención para construir un complejo de centros de datos valuado en US$25.000 millones.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmado una medida provisional que otorga exenciones fiscales a las importaciones de equipos relacionados con IA. Google planea un enorme complejo de centros de datos cerca de Río de Janeiro.
Pasión por la IA
Chile cuenta con más de 40 centros de datos, la mayoría en la región metropolitana de Santiago. Francisco Basoalto, director general de Equinix Inc. para Chile y Perú, dijo que el país ocupa el segundo lugar en capacidad instalada en América Latina, solo detrás de Brasil.
Dirige una asociación local de centros de datos que agrupa a decenas de empresas tecnológicas, proveedores de equipos, contratistas y prestadores de servicios con grandes intereses en la legislación pendiente.
La capacidad instalada de centros de datos en Chile casi se ha triplicado hasta 240 megavatios desde 2015, y podría superar los 500 megavatios para 2030, según la inmobiliaria Colliers, que atribuye el crecimiento a la expansión de la IA, la digitalización de servicios y la llegada de gigantes tecnológicos como Google.
El crecimiento de los centros de datos en Chile es “producto, uno, de la matriz energética que es un habilitador clave. En segundo lugar, tiene que ver con la conectividad”, explicó Basoalto. El país figura entre los cinco con la banda ancha más rápida del mundo y dispone de cables que lo conectan internacionalmente. Para 2030, se espera que la capacidad se duplique.
El presidente Gabriel Boric, con una agenda digital heredada de su antecesor Sebastián Piñera, lanzó el año pasado un plan nacional de centros de datos para atraer inversiones tecnológicas, en momentos en que el uso de IA entre las empresas chilenas crecía con fuerza.
Según un estudio elaborado para AWS, unas 171.000 empresas comenzaron a usar IA el año pasado, aproximadamente una cada cinco minutos. Hoy, el 35% de las compañías del país utiliza IA, frente al 26% del año anterior, y casi nueve de cada diez reportan un aumento de ingresos como resultado.
Chile ocupó el primer lugar en un índice regional de preparación en IA el año pasado, seguido por Brasil y Uruguay. Las universidades locales ofrecen programas avanzados en IA para formar talento futuro.
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En un discurso en agosto, Boric destacó los esfuerzos por desarrollar un Large Language Model latinoamericano para contrarrestar la “hegemonía cultural” de los países donde se originan los modelos más avanzados. Bromeó diciendo que tiene instalados en su teléfono tanto ChatGPT como su competidor chino DeepSeek.
La IA no debe provocar miedo, afirmó Boric, añadiendo que puede transmitir un poema, pero no la pasión que este expresa. “Tenemos que regularla, por cierto, tenemos que pensarla éticamente”, dijo. “Pero es una tremenda oportunidad”.
Boric no está solo en su afán de contener la IA. El CEO de OpenAI, Sam Altman, instó en 2023 a los senadores estadounidenses a regularla: “Si esta tecnología sale mal, puede salir muy mal”, advirtió.
Pese a esas reservas, Chile no puede permitirse ahuyentar el capital tecnológico mediante normas excesivamente restrictivas, sostienen los expertos. Al elevar los costos de desarrollo y cumplimiento, el proyecto podría incluso recortar las alas del querido LatamGPT de Boric.
Según Rodrigo Durán, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, el aparato estatal chileno aún carece de las herramientas —y la voluntad política— para liderar una estrategia digital coordinada. Señala que el plan de centros de datos es una “buena declaración de intenciones”, pero “carece de medidas concretas”.
El Ministerio de Ciencia no está de acuerdo. “Afirmar que hay desinterés por parte del gobierno es desconocer el esfuerzo que se ha hecho para posicionar a Chile como hub digital del Cono Sur”, respondió por escrito.
Aun si el Senado aprueba la ley de IA, su aplicación requerirá reglamentos y otras medidas que podrían demorar. Una ley sobre trabajo en plataformas, conocida como la ley Uber, se aprobó en 2023 pero aún no está en vigor.
Trámites en la nube
La burocracia y la imprevisibilidad en los permisos siguen obstaculizando la inversión en Chile, y el sector tecnológico no es la excepción. Google retiró el año pasado una solicitud para construir un centro de datos de US$200 millones después de que un tribunal ambiental revocara parcialmente su aprobación por preocupaciones sobre el uso del agua.
La compañía aseguró que rediseñará el proyecto y volverá a solicitar el permiso en una fecha aún no definida.
Durán advierte sobre la brecha entre la percepción pública y la realidad tecnológica: “Hay una convicción de que la industria de data centers funciona igual que hace 20 años. Hace 20 años, un data center te chupaba la misma cantidad de agua que una mina de cobre. Y hoy día no funciona de esa forma”.
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Como Chile tiene un excedente de energía renovable, el desafío no es la oferta, sino la transmisión. Un proyecto para llevar energía solar desde el desierto del norte hasta Santiago avanza más lento que los centros de datos.
“Las empresas necesitan certezas jurídicas, coherencia normativa y una visión de largo plazo que les permita invertir y escalar soluciones tecnológicas sin temor a restricciones desproporcionadas”, dijo por correo electrónico Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers.
A medida que Boric se prepara para dejar el cargo en marzo, los inversores ya no esperan incentivos significativos antes del próximo año.
“No veo en el gobierno actual ningún interés de verdad en hacer promoción de tecnología”, dijo Aránguiz. “Están pensando como regular, como poner resguardos que son razonables, pero no es todo el trabajo”.
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