Bloomberg Línea — El fantasma de una descertificación antidrogas para Colombia está latente y las cifras de producción de cocaína marcan la alerta roja. La decisión, que será anunciada por Estados Unidos en los próximos días, trae a colación lo que ya pasó, cuando durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), el país cafetero fue descertificado.
En marzo de 1996 la administración de Bill Clinton (1993-2001) decidió formalmente descertificar a Colombia, argumentando una falta de cooperación sustancial en la lucha contra las drogas.
La medida implicó la suspensión de una parte de la ayuda económica y militar estadounidense, así como restricciones al acceso a financiamiento multilateral, afectando negativamente la cooperación bilateral.
En términos acumulados, entre 1990 y 1999, la superficie cultivada con coca en el país aumentó aproximadamente un 205%. De esta forma, el avance de los cultivos consolidó a Colombia como el principal productor mundial de hoja de coca y alimentó en Washington la percepción de que el Estado no tenía control efectivo sobre el territorio ni una estrategia integral para reducir la oferta, reseña un informe de Amcham Colombia, Cámara de Comercio Colombo Americana.
Esta dinámica reforzó las posiciones dentro del Gobierno estadounidense que impulsaron la no certificación del país en 1997.
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Adicional a eso, el gobierno de Samper se vio envuelto en el escándalo de la presunta financiación de su campaña presidencial con recursos provenientes del narcotráfico, en lo que se conoció como el Proceso 8.000.
“Aunque Samper fue absuelto por el Congreso colombiano en 1996, el escándalo debilitó severamente la legitimidad del Gobierno ante la comunidad internacional y reforzó la percepción de que el narcotráfico había penetrado las más altas esferas del poder político”, dice el documento.
Las consecuencias de la descertificación
Posterior a la descertificación de 1996, Amcham expone que se dio la cancelación de aproximadamente US$35 millones en ayuda antinarcóticos proveniente de Estados Unidos, lo cual impactó directamente la capacidad operativa de las fuerzas militares y policiales colombianas.
De ese total, cerca de US$30 millones correspondieron a la asistencia bajo el programa Financiamiento Militar Extranjero, destinados a apoyar la lucha contra el narcotráfico a través del corte en el suministro de repuestos para helicópteros, municiones y explosivos.
También se suspendieron aproximadamente US$1,4 millones en fondos del programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional dirigidos a entrenar en territorio estadounidense a unidades policiales y militares involucradas en operaciones antinarcóticos.
Se congelaron cerca de US$3,6 millones en asistencia técnica para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, canalizada a través de los programas del Departamento de Estado; y se restringió el acceso a garantías para inversiones y exportaciones mediante agencias.
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En cuanto al financiamiento con multilaterales, se ordenó a los representantes estadounidenses en instituciones financieras internacionales votar en contra de la financiación a Colombia, pese a esto, los flujos de financiamiento continuaron por medio del Banco Mundial y de las cuentas de préstamos con tasas de interés cercanas al mercado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Reacción de los mercados
Tras la descertificación, el peso colombiano (COP) mostró una depreciación leve pero estable; no hubo una crisis cambiaria ni un colapso abrupto del valor de la moneda.
El primero de marzo de 1996, día en el que se conoció la noticia de la descertificación, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue de COP$1. 039,90.
Al final del mes la tasa representativa del mercado se ubicó en COP$1.046. El peso colombiano (COP) se depreció ligeramente frente al dólar durante marzo, con un incremento total cercano al 0,6 %.
A pesar del riesgo político por la descertificación, el desempeño en los mercados de deuda fue sorprendentemente robusto: en 1996 el gobierno colombiano emitió bonos internacionales con gran éxito: se esperaba colocar US$300 millones, pero la demanda llegó a US$400 millones, y los títulos se agotaron.
Los inversores ofrecían cobrar un spread de solo 2,60 % sobre la tasa del Tesoro de EE.UU. para los bonos a 20 años, y 1,87 % para los de sietes años.
En 1996, el Índice de la Bolsa de Bogotá (IBB), la más importante de la fecha en monto de transacciones, continuó su tendencia a la baja, siendo 1995 el punto de inicio del descenso.
Sin embargo, ese año fue notable para el desarrollo institucional: ingresaron al mercado cuatro nuevos fondos de valores, y el valor neto administrado por los 11 fondos activos creció un 256 %, alcanzando cerca de COP$197.779 millones al cierre de 1996 (en comparación con COP$77.151 millones COP en 1995), según datos de la Superintendencia Financiera.
Las inversiones de estos fondos en renta fija privada representaron el 85,1 %, mientras que solo el 0,7 % fue invertido en acciones al término del año.
El panorama hoy
“Puede venir una certificación por razones de seguridad nacional”, dijo a Bloomberg Línea Jairo Libreros, internacionalista experto en defensa y seguridad. “Para Colombia sería el peor escenario una descertificación, pero a Estados Unidos también lo compromete de manera particular en su lucha contra las drogas ilícitas en un renglón que funciona, y es la interdicción aérea y marítima”.
Libreros dice que el nubarrón está encima de Colombia por las muy difíciles consecuencias que puede enfrentar, porque la certificación permite que Estados Unidos preste asistencia técnica, cooperación en temas de seguridad, justicia, inteligencia y recursos financieros para la operación de las Fuerzas Armadas, especialmente.
En marzo pasado Estados Unidos publicó el Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCSR por sus siglas en inglés), reporte anual de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se señala que “debido al récord de cultivos de coca, el Gobierno necesita lograr avances inmediatos y tangibles en erradicación, para el beneficio y la seguridad de nuestras naciones”.
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Dice el documento que Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo, con un aumento del 10% en los cultivos de coca en 2023, alcanzando 253.000 hectáreas. Asimismo, que la producción potencial de cocaína creció un 53%, reflejando mejoras en la eficiencia de los laboratorios clandestinos.
Aunque las incautaciones alcanzaron cifras récord de 960 toneladas en 2024, la erradicación de cultivos se redujo significativamente, advierten.
Por otro lado, destacan la estrategia del gobierno colombiano que busca reducir en un 40% los cultivos de coca y ayudar a 50.000 pequeños agricultores a transitar a economías legales para 2026. Iniciativas como “Misión Cauca”, desarrollada junto con EE. UU., buscan mejorar la seguridad en zonas afectadas por el narcotráfico.
Sin embargo, puntualizan que la débil presencia policial en áreas rurales sigue facilitando la actividad de grupos criminales, incluidos disidentes de las Farc y redes de minería ilegal.
El documento de Amcham Colombia expresa que a pesar de los avances en materia de interdicción, el crecimiento sostenido de los cultivos de coca, la expansión de la capacidad productiva y la débil implementación de estrategias de desarrollo alternativo han brindado espacio al escepticismo de Washington frente a los compromisos del Estado colombiano.
En este contexto, el mecanismo de certificación vuelve a posicionarse como una herramienta de presión diplomática, recordando que, más allá de las cifras registradas por las autoridades, la evaluación estadounidense se fundamenta también en la percepción de voluntad política, consistencia institucional y sostenibilidad de las acciones antidrogas.
