Bloomberg Línea — En medio de una tensa calma, los colombianos se encontraban a la expectativa el domingo de la evolución del estado de salud de Miguel Uribe Turbay, candidato opositor que sobrevivió un intento de asesinato la tarde del sábado, cuando recibió dos impactos de bala.
Uribe Turbay, de 39 años, y uno de los candidatos a la presidencia del opositor Centro Democrático, fue atendido de urgencias en una clínica al occidente de Bogotá, a donde fue llevado en una ambulancia la tarde del sábado.
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Varios videos en redes sociales, tomados por testigos del atentado, muestran el momento en el que el candidato recibe los disparos por la espalda, a pocos metros de distancia, por un sicario de 15 años, que fue arrestado a pocas cuadras del lugar del atentado y a quien le fue incautada una pistola Glock 9 milímetros, según la Fiscalía.
En estado crítico, Uribe Turbay luego fue trasladado a una clínica privada al norte de Bogotá, dónde fue intervenido quirúrgicamente en horas de la noche y la madrugada.
“Terminados los procedimientos, neuroquirúrgico y en el músculo izquierdo” el paciente fue trasladado “a cuidados intensivos para su estabilización postoperatoria. El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”, dijo la clínica Santa Fe en un comunicado en la mañana del domingo.
¿Regreso a la violencia política?
El cruel atentado revivió, en la memoria colectiva de los colombianos, las aciagas épocas del narcoterrorismo de los años 80 y 90 en el país, y la cruenta guerra librada contra la guerrilla de las FARC, durante 50 años, hasta su desmovilización en 2016.
El propio Uribe Turbay es víctima de esa descarnada violencia pues es hijo de Diana Turbay, una periodista que fue secuestrada en 1990 por el capo del extinto cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria que, a su vez, era hija del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala (1978-1982).
En 1991, Diana Turbay murió cuando la policía intentaba rescatarla en un operativo cerca de Copacabana, un poblado de Antioquia vecino de Medellín.
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El entonces cártel de Medellín y sus capos José Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria fueron responsables de magnicidios de grandes líderes políticos colombianos, como Luis Carlos Galán, un dirigente liberal que criticó el narcotráfico y su infiltración en la sociedad colombiana en complicidad con políticos, policías, militares, empresarios y banqueros.
El actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es hijo del inmolado líder Galán y víctima de esa violencia, que también dejó en el camino a políticos de izquierda como Carlos Pizarro Leongómez, copartidario del actual presidente Gustavo Petro.
Pizarro y Petro se desmovilizaron del grupo guerrillero M-19 en 1990 y crearon el partido político Alianza Democrática M-19. Pocos meses después, Pizarro fue asesinado en un avión por un sicario que le disparó con una metralleta cuando el candidato viajaba por el país haciendo campaña presidencial.
“El único sobreviviente de esa violencia fue Navarro”, dijo el presidente Petro en su alocución televisada del sábado en referencia al político, exgobernador y exalcalde Antonio Navarro Wolf, que era parte de la Alianza Democrática M-19 y que fue fórmula vicepresidencial de Pizarro Leongómez.
Una hija de Pizarro Leóngómez, María José Pizarro Rodríguez, es actualmente senadora por el oficialista Pacto Histórico.
Pero, tal vez, la violencia más macabra de esos años la vivieron los más de tres mil militantes asesinados del Partido Unión Patriótica, que nació hace 40 años como resultado del fallido proceso de paz entre el gobierno colombiano del expresidente Belisario Betancourt (1982-1986) y la guerrilla de las FARC.
El genocidio de la UP, como se le conoce a esa masacre política, dejó sin vida a dirigentes como Bernardo Jaramillo Ossa, José Antequera y Jaime Pardo Leal, asesinados por grupos paramilitares colombianos, nacidos de entramados formados entre militares, policías, y élites locales y nacionales, y financiados por narcotraficantes, según los informes de la Comisión de la Vedad.
Uno de los principales responsables del asesinato de miles de militantes de la UP fue el capo del cartel de Medellín, José Gonzalo Rodríguez Gacha, según los informes de la Comisión de la Verdad y los Grupos de Memoria Histórica que han investigado el conflicto armado colombiano.
La guerrilla de las FARC, entre tanto, asesinó al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado el dos de noviembre de 1995, cuando salía de dictar clases en una universidad del norte de la ciudad, asesinó a cientos de soldados y secuestró a militares, prominentes políticos para canjearlos por guerrilleros encarcelados o a industriales y empresarios para financiar su lucha subversiva.
Al momento, ningún grupo narcotraficante o insurgente se ha atribuido el atentado contra Uribe Turbay, que ha criticado duramente las políticas económicas, la reforma laboral y la Paz Total del presidente Petro.
“La forma de hacer campaña va a cambiar y los candidatos no se van a exponer la misma manera, el atentado contra Miguel Uribe Turbay va a influir en la manera de hacer campaña porque se van a tomar correctivos”, dijo a Bloomberg Línea el analista internacional Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.
“En este momento hay una crispación social muy fuerte, hay grupos de narcos y de insurgencias que tienen motivos para hacer una disrupción en los procesos electorales”, agregó Guzmán.
La retórica del gobierno
Guzmán dice que la retórica política del gobierno de Petro ha ayudado a crear y caldear este momento de crispación que vive Colombia.
“El gobierno ha estado in crescendo tratando de armar una energía sobre la elección, que tiene consecuencias en materia de retórica, de inflamación", dijo Guzmán. “Ha buscado que sus bases estén en movimiento constante a favor de las tesis del gobierno, en detrimento de la unidad nacional, de ganancias incrementales, de hacer consensos. Es todo o nada”.
Guzmán dice que la retórica del gobierno es incendiaria, como también la señaló el secretario de Estado de EE. UU, Marco Rubio, y que tiene que ver con un desacertado manejo del Congreso, que no le ha aprobado la reforma sanitaria o la reforma laboral.
“Petro no cree que vaya a haber un gobierno progresista después del suyo”, dice Guzmán. “Si así lo creyera, el mandatario estaría satisfecho con lograr ganancias incrementales”.
Si hubieran hecho un buen gobierno, la gente daría continuidad a sus ideas, dice Guzmán que tiene la certeza de que la gente sabe que la reforma sanitaria de Petro ha sido desastrosa para el sector, o que la política de Paz Total no ha traído paz a los territorios, que ahora están tomados por grupos criminales y narcotraficantes como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN.
“Si ha sido un gobierno capaz de desmontar el subsidio a la gasolina, si ha sido capaz de mostrar representatividad real de personas que no han tenido acceso al poder, como los indígenas, y afrodescendientes”, dice Guzmán, que reconoce esos logros, pero que no cree que sean suficientes para que los electores elijan un candidato progresista en 2026.
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El analista cree que el gobierno debe tender puentes con el Congreso y con las cortes para garantizar que la transición del poder en 2026 sea pacífica y que hay moderar la retórica negativa con sus "influencers en redes sociales, que son pagos".
“El gobierno tiene que dejar la retórica de que es una víctima”, dice Guzmán. “La cuenta de Twitter del presidente es muy preocupante, aunque todos los candidatos presidenciales dijeron las cosas adecuadas, de parte del jefe de estado hay una sensación real de que él no entendió el malestar”.
