Bloomberg Línea — Colombia se alista para recibir, a mediados de septiembre, la certificación o descertificación de lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos. Sobre la mesa hay mucho en juego y son cuatro los frentes críticos: turismo, cooperación bilateral, financiamiento multilateral e inversión extranjera.
Un estudio de Amcham Colombia (Cámara de Comercio Colombo Americana) señala que un proceso de descertificación podría activar alertas de viaje del Departamento de Estado de EE. UU., llegando incluso a un nivel 4 (recomendación de no viajar), lo que reduciría la llegada de visitantes internacionales.
Bajo un escenario de certificación por interés nacional, los efectos serían limitados y podrían restringirse a un ajuste moderado en flujos de viajeros (entre 5% y 10%, equivalentes a pérdidas cercanas a US$150 y US$300 millones), o incluso a la ausencia de un impacto directo.
En un escenario de sanciones intermedias, se proyectaría la reducción de turistas estadounidenses, principal mercado emisor, con caídas de entre 15% y 20%, lo que representa un impacto económico aproximado de US$450-US$600 millones.
En el caso de sanciones severas, la activación de alertas de máximo nivel podría llevar a caídas de 30% a 35%, equivalentes a US$900 millones–US$1.000 millones, con un efecto multiplicador sobre cadenas de valor ligadas al turismo vacacional, corporativo y de infraestructura turística.
Adicionalmente, en este escenario se puede extender a un impacto de contagio internacional si países europeos y de la región adoptan recomendaciones similares.
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Para Jairo Libreros, internacionalista experto en defensa y seguridad, la administración Petro no ha hecho la tarea. “Sin duda hay un mayor número de incautaciones, vía interdicción aérea marítima, y son realmente fruto de un trabajo de cooperación internacional con Estados Unidos y con agencias europeas. Sin ese apoyo no lo logramos”.
En ese sentido, enfatizó que la estrategia de lucha contra las drogas ilícitas es casi que de apaciguamiento frente al tema de la expansión y la ampliación de los territorios dedicados a los cultivos ilícitos, al procesamiento de la droga.
“No se ha hecho nada especial para romper las rutas de intercambio de drogas y tráfico de armas. Desde ese punto de vista, creo que además de no haberse hecho nada, nunca hubo claridad sobre cuál era el problema de política pública que tenía que solucionarse", agregó Libreros.
En cooperación bilateral, refiere el estudio de Amcham, actualmente Colombia recibe alrededor de US$450 millones anuales en programas de seguridad, desarrollo y asistencia técnica. Bajo un escenario de certificación por interés nacional, los efectos serían limitados, con reducciones marginales de entre 0% y 10% (US$0–45 millones), manteniendo la mayoría de los programas activos.
En sanciones intermedias, los recortes podrían oscilar entre 30 % y 50 % (US$135 millones–US$225 millones), afectando proyectos sociales, de justicia y de seguridad ciudadana que dependen del financiamiento externo.
Y con sanciones severas, la reducción alcanzaría entre 60% y 70 % (US$270 millones–US$315 millones), comprometiendo gravemente la capacidad institucional del Estado, la asistencia técnica y la cooperación en seguridad.
“Adicionalmente, un recorte de tal magnitud tendría un efecto de contagio sobre otros donantes internacionales, como la Unión Europea o agencias multilaterales, que suelen alinear sus aportes con la posición de Washington, amplificando la pérdida de recursos estratégicos para Colombia”, dice Amcham.
Riesgo país y las consecuencias
En el caso de la inversión extranjera, el riesgo país constituye una de las variables más sensibles frente a la descertificación, pues condiciona tanto el costo de financiamiento externo como la llegada de capital productivo.
En un escenario de certificación por interés nacional, la afectación sería contenida y se estima que no tendría un impacto real significativo. Con sanciones intermedias, el incremento podría ubicarse entre 150 y 200 puntos básicos, elevando el costo de financiamiento externo en torno a 8%–10%.
Este salto encarece no solo la deuda pública, sino también la privada, porque el riesgo soberano funciona como referencia para empresas, bancos y proyectos, lo que desincentiva la materialización de inversiones y limita el acceso a capital fresco frente a competidores regionales.
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Bajo un escenario de sanciones severas, el golpe sería más pronunciado: la descertificación enviaría una señal de desconfianza institucional, deteriorando la percepción de estabilidad y seguridad jurídica del país.
Ello podría provocar un efecto dominó de salida de capitales de portafolio, mayores primas de seguro y reducción de créditos multilaterales, todo lo cual impactaría directamente la inversión extranjera directa en sectores estratégicos como infraestructura, energía y servicios, donde los retornos ya no compensarían el mayor riesgo.
