Bloomberg Línea — Colombia fue descertificada por Estados Unidos en septiembre de 2025, luego de 28 años de mantener la certificación, tras ser señalada por haber “fallado notablemente” en el cumplimiento de sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico.
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Con esta decisión, el país quedó incluido en la lista de las principales naciones de tránsito o producción de drogas ilícitas, junto a Afganistán, Birmania, Bolivia o Venezuela, lo que supone un deterioro en la relación bilateral con Washington.
“La descertificación envía además una señal de presión hacia el Gobierno colombiano, que enfrenta el reto de mostrar avances tangibles en la reducción de cultivos ilícitos y en el fortalecimiento de su política de seguridad”, advirtió el centro de pensamiento ANIF en su más reciente análisis.
La certificación antidrogas se encuentra regulada por la Ley de Asistencia Extranjera de Estados Unidos, que obliga a evaluar anualmente los esfuerzos de los principales países productores y de tránsito.
La descertificación implica la suspensión de asistencia económica y militar no humanitaria, así como restricciones en organismos multilaterales. No obstante, Colombia recibió un waiver por “interés nacional”, lo que evitó sanciones inmediatas, pero abrió un periodo de mayor escrutinio.
En el pasado, Colombia ya había atravesado una situación similar: en 1996 y 1997 fue descertificada por el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y la debilidad institucional para contener a los cárteles.
Sin embargo, en 1998 recuperó la certificación al impulsar reformas legales y comprometerse con nuevas estrategias que desembocaron en el Plan Colombia.
Cifras que impulsaron la decisión
El argumento central de Washington fue el deterioro en los indicadores del narcotráfico. Según ANIF, “para 2023, los cultivos de coca alcanzaron 252.572 hectáreas (un aumento anual de 9,8%) y la producción potencial de cocaína llegó a 2.644 toneladas métricas (53% más que el año anterior), lo que refleja la falta de resultados de la actual estrategia gubernamental”.
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Estos datos respaldaron la decisión de Estados Unidos y reforzaron las críticas a la política del presidente Gustavo Petro, en la que los diálogos con grupos armados han sido percibidos como un retroceso en el control territorial.
Impacto económico y reputacional
Aunque el waiver mantiene los flujos de cooperación bilateral, el golpe a la reputación internacional es evidente. “En términos económicos y políticos, la decisión no interrumpe de manera inmediata los flujos de cooperación, pero sí incrementa el riesgo reputacional del país, lo que puede traducirse en mayores exigencias de los organismos multilaterales y en una percepción de mayor incertidumbre para inversionistas extranjeros”, señaló ANIF.
El gobierno de Petro ha defendido el diálogo con grupos armados como parte de su estrategia de paz total, pero la comunidad internacional cuestiona sus efectos sobre la lucha contra las drogas.
En ese sentido, ANIF subrayó que “Colombia deberá demostrar que puede equilibrar sus apuestas de paz y diálogo con un compromiso efectivo en la lucha contra las drogas”.
Doce meses decisivos
El futuro inmediato de la cooperación bilateral dependerá de los resultados que Colombia logre en los próximos 12 meses.
Si el país no muestra avances tangibles en la reducción de cultivos ilícitos y en el fortalecimiento de su política de seguridad, la descertificación podría evolucionar hacia sanciones más severas, afectando tanto la cooperación internacional como la estabilidad macroeconómica.
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