Bloomberg Línea — El Gobierno de Estados Unidos sigue endureciendo su posición contra el régimen de Nicolás Maduro, sus colaboradores y aliados, razón por la que el presidente colombiano, Gustavo Petro, fue amenazado con ser imputado si se comprueba que contribuye con el gobierno venezolano, dijo un senador estadounidense.
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El senador republicano, Carlos Giménez, aseguró que “Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia”, luego de que el mandatario colombiano le restara importancia al denominado Cártel de los Soles e, incluso, dijera que no existe.
“Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, dijo en su cuenta de X el presidente colombiano a la vez que indicó que “el problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia”.
Giménez, del mismo partido del presidente Donald Trump, con quien Petro ya ha tenido diferencias en cuanto a temas migratorios y comerciales, aseguró que “en el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”.
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El legislador norteamericano advirtió que “si Petro coopera con Diosdado y el Cártel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana”.
Estados Unidos movilizó armamento militar a cercanías de las costas venezolanas, en una apuesta del Gobierno Trump para presionar la salida de Nicolás Maduro del poder.
El presidente Trump ordenó el envío de tres destructores de misiles guiados Aegis (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson) —junto a unos 4 000 efectivos— en una operación cercana a las costas de Venezuela, con el objetivo de hacer interdicción marítima al narcotráfico y enviar una fuerte señal política.
A finales de julio de 2025, el Tesoro de EE. UU. designó al Cártel de los Soles como organización terrorista global, prohibió hacer transacciones con entidades vinculadas a dicha organización y bloqueó sus bienes.
A principios de agosto, EE. UU. duplicó la recompensa: de US$25 millones a US$50 millones por información que conduzca a su arresto, respaldando las acusaciones contra Maduro sobre su papel como jefe de un cartel de narcotráfico.
Maduro calificó este despliegue militar como un intento “ilegal” de cambio de régimen e inmediatamente ordenó la movilización de más de 4.5 millones de milicianos, mientras se habilitaban centros de enrolamiento e, incluso, se distribuyó propaganda militar en espacios públicos.
En respuesta a la creciente presión internacional, en agosto se liberaron a ocho presos políticos, mientras cinco más fueron puestos bajo arresto domiciliario.
Estos movimientos fueron atribuidos en parte a la presión estadounidense y a un reciente intercambio de prisioneros entre Venezuela, EE. UU. y El Salvador.
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